Una resolución judicial frenó actividades en el proyecto minero Vicuña y reavivó las tensiones entre La Rioja y San Juan. El gobernador Marcelo Orrego cargó contra el planteo judicial de la provincia que gobierna Ricardo Quintela sobre los límites interprovinciales y ratificó la posición de su gestión respecto de la validez del marco legal vigente. "Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque", aseguró el sanjuanino.
San Juan quiere ser sede del proyecto de infraestructura productiva más grande de la historia argentina: Vicuña, una iniciativa conjunta entre BHP -la minera más grande del mundo- y Lundin Mining, su par canadiense. Con una inversión estimada en 18.000 millones de dólares y que podría incorporarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la propuesta busca convertir a Vicuña en una de las diez minas más importantes del mundo en producción de cobre, oro y plata.
Sin embargo, un litigio judicial y político se reavivó tras la resolución de la jueza riojana María Greta Decker, quien ordenó detener por 30 días las actividades del emprendimiento, además de prohibir la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, en la Ruta Provincial N°506.
La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado, exige a la empresa la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja antes de poder reanudar sus operaciones. El argumento riojano es que creen que podría haber consecuencias que afectan a su territorio por la cercanía, algo que podrán corroborar si hacen la evaluación ambiental.
La resolución llegó cuando el proyecto de cobre más importante de San Juan está en un momento clave, donde los inversores deben firmar la decisión oficial de iniciarlo. Hasta el pasado viernes, la empresa no había sido notificada formalmente, por lo que no se veía en la obligación de obedecer a este fallo.
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El gobernador Quintela elevó el conflicto al plano nacional al reclamar soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. En declaraciones para Radio AM750, el mandatario pidió la revisión de los acuerdos de límites y planteó que la Cámara alta debería ser quien intervenga la disputa al señalar que “el árbitro tiene que ser el Senado”.
La respuesta de San Juan fue inmediata: mientras la tensión escala, el gobernador Orrego subrayó que la jurisdicción sanjuanina sobre el yacimiento es "clara, legal y reconocida", y remarcó que los recursos naturales corresponden exclusivamente a dicho territorio, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional. En ese sentido, llamó a encauzar cualquier diferencia por los canales institucionales. "San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo. Tenemos el mayor respeto por La Rioja. Pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates que no tienen sustento jurídico. La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones", apuntó en sus redes sociales.
La Rioja defendió la paralización de actividades
El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, aseguró que el conflicto actual es el resultado de negociaciones fallidas con la empresa minera. En primer lugar, señaló que hubo diferencias en cuanto a la habilitación del uso del camino, para el que la empresa tenía una declaración de Impacto Ambiental aprobada, pero que al momento de renovarla hubo incumplimientos de mejoras que habían acordado y no lograron “una relación armónica de colaboración”.
Azulay afirmó que en la actualidad trabajan desde la base del potencial impacto. Esto es lo que entienden que sucederá una vez que empiece el trabajo de extracción, lo que podría suceder cerca de 2030, según la empresa. No tienen detallados cuáles serían estos efectos concretos y por eso quieren que se presente un informe, para evaluar lo que podría suceder en el futuro.
En diálogo con Diario de Cuyo, el funcionario afirmó que, si la empresa presenta el Informe de Impacto Ambiental, los técnicos y autoridades rionajas lo analizarán, pero mientras tanto quedará con efecto la medida que pide suspender la actividad. Además, aseguró que "hoy no ven una alternativa que no sea la evaluación en la provincia vecina", ya que no lograron avanzar por medio del diálogo ni con la empresa ni con el gobierno local.
Trabajadores mineros de La Rioja cargaron contra Quintela
Los trabajadores mineros riojanos, particularmente de las localidades de Guandacol, Villa Unión y Villa Castelli, manifestaron su "enérgico repudio" frente a las medidas dictaminadas por la jueza Decker. En ese sentido, se declararon en estado de alerta y movilización permanente "hasta tanto se disponga la anulación total de estas medidas".
En un comunicado publicado en redes sociales, advirtieron que esta resolución "no solo resulta arbitraria, sino que además atenta directamente contra el sustento de cientos de familias que dependen de la actividad minera para vivir con dignidad". A su vez, sostuvieron que las compañías mineras de San Juan "generan empleo directo con condiciones laborales dignas" y permiten "el desarrollo de proveedores locales, impulsando el crecimiento económico de numerosas familias".
Asimismo, exigen "la inmediata liberación de los caminos para que los trabajos continúen con normalidad". Y apuntaron: “Nuestra acción no cuestiona la medida ambiental: exigimos que la Provincia se haga cargo de las consecuencias que hoy recaen sobre los trabajadores y la comunidad”.
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