Tras el encuentro entre funcionarios del Gobierno y rectores de universidades nacionales por la ley de financiamiento, que sigue sin cumplirse y en este momento es motivo de una cautelar que se encuentra bajo la órbita de la Corte Suprema, se abrió un compás de espera para dirimir un punto central en discordia: los funcionarios exigen que las universidades desistan del reclamo judicial y el Consejo Universitario Nacional no estaría dispuestos a otorgar esa concesión.
La propuesta económica sobre la mesa incluye un incremento salarial cercano al 24% (21,33% para junio y 3% en octubre), un 20% de aumento para gastos de funcionamiento y un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, congeladas en $81.685 desde 2024, paritarias trimestrales y una suma de unos $50.000 millones para hospitales universitarios. A cambio, el Ejecutivo pide a las universidades retirar la cautelar que presentaron y que lo obligaría desembolsar 2,5 billones de pesos si la Corte le falla en contra.
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“Hay un principio de acuerdo respecto de la cuestión salarial y presupuestaria, que a nuestro juicio implica garantizar que se empiece a cumplir lo que está estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario –comentó un integrante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que estuvo presente en la reunión–, porque habría una recomposición de 24,3% respecto de lo perdido hasta mayo inclusive (a pagar un 21,3% en junio y un 3% en octubre). Después, una comisión técnica tendría que resolver la aplicación de lo que resta de 2024 que está previsto en esa ley, más una modificación de la garantía salarial, más el establecimiento de paritarias cada tres meses vinculadas con la inflación, más un incremento del 50% de las becas Belgrano y un 20% en gastos de funcionamiento, más una partida adicional para hospitales universitarios. Esos serían todos los puntos. Lo que frena la conversación es la condición del Gobierno de que nosotros desistamos de la presentación judicial y el CIN no está dispuesto a hacerlo, de modo que el acuerdo quedó en standby. Ya respondimos que nosotros no vamos a retirar la presentación judicial. El gobierno deberá resolver qué hace”.
Por supuesto, un 24% de aumento es mucho menos de lo que docentes y no docentes vienen perdiendo, pero aunque todo indicaría que la Corte podría fallar a su favor, los rectores interpretan que éste sería un comienzo para empezar a cumplir lo que establece la ley. “El problema es que el proceso judicial no tiene plazos previstos y las situaciones de muchos trabajadores son angustiantes –justifica el rector–. A veces parece fácil plantarse en lo que nos corresponde, pero después hay que vivirlo mes a mes sin tener incrementos que recompongan un salario que está tremendamente deteriorado. De modo que algo que nos conduzca hacia la aplicación de la ley o que implique empezar a implementarla, para nosotros es un avance”.
Dado que el Gobierno viene de reiterados incumplimientos, los rectores mantienen su posición de no retirar la presentación judicial: “No solo por la convicción de sostener la ley, sino porque la norma la presentación judicial operan como resguardo –insiste. Y subraya–: Es importante que quede claro que no hay ninguna predisposición de los rectores a modificar la situación judicial. Sostenemos la presentación en el ámbito de la Justicia”.
El conflicto con las universidades nacionales que motivó cuatro marchas multitudinarias en todo el país no surgió de un día para otro. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia a fines de 2023, el presupuesto universitario sufrió un recorte sistemático. Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), los fondos destinados a las universidades nacionales fueron cayendo cada año de forma pronunciada y el presupuesto 2026 destinado a la educación superior se ubicó en su nivel más bajo desde 1989.
El impacto sobre los salarios docentes fue inmediato. De acuerdo con datos de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), un docente con dedicación simple y diez años de antigüedad cobró en abril un salario bruto de $332.000, lo que representa una pérdida real acumulada superior al 35% desde fines de 2023. En el mismo período, la inflación acumuló un alza del 293,4%.
En 2024, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de los salarios del sector y un mayor flujo de fondos para las casas de estudio. Pero Milei decidió vetarla bajo el argumento de que era necesario mantener el déficit cero y no especifica de donde se obtendrán los fondos para financiarla. En los primeros cuatro meses de 2026, solo se ejecutó el 9,3% de los fondos asignados a las universidades, con una caída real del 67,1% respecto al mismo período del año anterior, según datos presupuestarios oficiales.
La respuesta de la comunidad universitaria se tradujo en marchas federales, clases abiertas en espacios públicos y paros. Con la pelota en su campo, la Corte Suprema debe expedirse sobre la constitucionalidad del veto a la ley de financiamiento, y un fallo adverso al Ejecutivo podría forzar una transferencia masiva de fondos a las universidades. Las señales adversas al Gobierno son lo que explica la urgencia por cerrar un acuerdo antes de que ésta se pronuncie. El ahogo a que son sometidas las casas de estudio superior llegó a un punto insostenible, está promoviendo la migración de docentes y destruyendo décadas de excelencia académica.
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