La Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), único productor local de aisladores eléctricos, cesó de forma definitiva su actividad y remató su maquinaria. La empresa bajó la persiana y dejó al país sin fabricación nacional de un insumo clave para el sistema energético. Frente a ese escenario, el Gobierno suspendió los derechos antidumping para la importación desde Brasil, China y Colombia, una medida que profundiza el avance de la dependencia externa.
La situación terminal de FAPA fue informada a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía, donde se da cuenta del cese “definitivo” e “irreversible” de la producción nacional de aisladores de porcelana. Tras este anuncio, la firma procedió al remate de toda la maquinaria necesaria para la producción. La fábrica ubicada en Monte Grande cubría el 100% de la manufacturación argentina y el 70% del consumo del mercado interno. Al mismo tiempo, la Cámara de la Industria Electrónica (CADIEEL) certificó que, desde noviembre de 2025, ninguno de sus socios fábrica ya este producto en el país, lo que deja sin abastecimiento local el mercado interno.
Los aisladores eléctricos son componentes esenciales para el funcionamiento seguro del sistema energético, ya que permiten sostener y separar los conductores de alta tensión sin que la corriente se desvíe hacia las torres, el suelo o los equipos. Su función es evitar fugas eléctricas, prevenir cortocircuitos y proteger tanto la infraestructura como a las personas. Se utilizan en líneas de transmisión, subestaciones y transformadores, y resultan clave para garantizar que la electricidad llegue de manera estable y segura desde las centrales de generación hasta los usuarios.
Se profundiza el modelo sin industria nacional
En respuesta al cierre del único fabricante local de este tipo de insumo, el Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo dispuso la suspensión por seis meses de los derechos antidumping para la importación de aisladores desde Brasil, China y Colombia. Estos derechos de protección a la industria nacional estuvieron vigentes durante más de diez años (desde 2015).
En el Gobierno sostienen que mantener los derechos sería un "costo injustificado" y un "obstáculo inmediato" para la red eléctrica, ya que no hay oferta local disponible. En tanto, con el desmantelamiento de la última fábrica del sector, la cartera que conduce Caputo consideró que la prioridad actual es garantizar la “continuidad y confiabilidad de la infraestructura energética del país”.
A partir de ahora, las empresas distribuidoras y constructoras de redes eléctricas podrán importar estos insumos críticos sin las penalidades económicas que rigieron durante la última década. Aunque el costo de la nueva situación es una nueva pérdida de fuentes de trabajo argentino y dependencia externa en un sector estratégico para el desarrollo del país.
El "boom de importaciones"
El cierre definitivo de FAPA se da en un contexto general de boom importador y destrucción de la producción local. En 2025, las importaciones totales crecieron un 24,5%, alcanzando los US$ 75.670 millones, según datos del INDEC. En paralelo, un estudio de la consultora Equilibra indicó que en el 80% de los sectores donde cayó la producción nacional, la causa fue el avance de los productos extranjeros.
Pero el contraste entre consumo y producción hacen aún más claro el panorama. Las importaciones de bienes de consumo (productos terminados) subieron un 54%, superando el crecimiento de los bienes de capital (maquinaria para producir) que fue del 51,3%. Los productos importados de China y Brasil concentran el 48% de las compras al exterior. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), el complejo metalmecánico (donde se inscriben estos insumos) es uno de los más afectados por la competencia de bienes que provienen del extranjero.
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