El esquema de endeudamiento que propone el gobierno de Javier Milei, tanto a nivel soberano como para el día a día de las familias, comienza a mostrar claros signos de agotamiento. Así como algunas empresas, incluso de sectores dinámicos de la economía, tuvieron que ingresar en concurso de acreedores para refinanciar sus deudas por falta de liquidez, pequeñas firmas y hogares ven crecer sus compromisos sin poder afrentarlos por menores ingresos. El resultado es un aumento a niveles récord de la morosidad de las tarjetas y que se hayan triplicado los los cheques rechazados por falta de fondos.
La economía real empezó a mostrar, en los márgenes del sistema financiero, señales que ya no pueden leerse como episodios aislados. El aumento de la morosidad de los hogares, la escalada en el rechazo de cheques por falta de fondos y el uso creciente de instrumentos de financiamiento de corto plazo configuran un escenario de tensión en la cadena de pagos.
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En diciembre de 2023 se registraron 30.784 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de 26.550 millones de pesos. Un año después, en diciembre de 2024, la cantidad trepó a 39.083 cheques, con un monto rechazado de 84.531 millones. En diciembre de 2025, el número se disparó a 119.285 cheques rechazados y un volumen de 347.637 millones de pesos. El aumento no es sólo por cantidad de cuentas, sino que se dispararon los niveles de endeudamiento que no pudieron ser pagados, llegando a aumentar 311 por ciento en dos años.
La relación entre cheques rechazados y el total compensado alcanzó el 2,2 por ciento en cantidades y el 1,6 por ciento en montos, según el último informe de medios de pago del Banco Central. Son proporciones que, en contextos de estabilidad macroeconómica, suelen anticipar interrupciones en la cadena de pagos. El cheque rechazado no es un instrumento residual: sigue siendo una pieza central del financiamiento comercial, especialmente entre empresas que operan fuera del crédito bancario tradicional. Su deterioro indica que el problema no se limita al consumo final, sino que atraviesa las relaciones productivas.
Por la caída del poder adquisitivo de los ingresos, los hogares comenzaron a financiar su vida cotidiana con instrumentos financieros cada vez más caros y frágiles. El uso de tarjetas de crédito superó al de débito, en un contexto de menor circulación de efectivo y caída del ingreso disponible. "En noviembre, último dato disponible, las transacciones con tarjetas de débito alcanzaron 174 millones por un total de 4,7 billones de pesos, con caídas interanuales del 12 por ciento en cantidades y del 14,2 por ciento en montos reales. La contracara fue el crecimiento relativo del crédito: se realizaron 184,7 millones de pagos por 10,4 billones de pesos, con un aumento del 4,2 por ciento en cantidades, aunque con una baja del 3,5 por ciento en términos reales", según el informe de Banco Central.
El 90 por ciento de las operaciones con tarjeta de crédito se realizaron en un pago, lo que indica que no se trata de consumo financiado a largo plazo, sino de postergación inmediata del pago. En montos, esa modalidad representó el 74,3 por ciento del total. El crédito funciona, así, como sustituto del ingreso, no como herramienta de expansión del consumo. El crecimiento del canal e-commerce, los pagos con QR interoperable y el débito automático refuerzan la idea de una economía cada vez más digitalizada, pero también más endeudada.
Según el Banco Central, más de la mitad de la población adulta mantiene algún tipo de deuda. A junio de 2025, 19,5 millones de personas registraban crédito en el sistema financiero ampliado, un millón más que en diciembre de 2024. El saldo promedio por deudor creció un 19 por ciento en términos reales, alcanzando su nivel más alto desde 2020. No es un dato menor: ese aumento se produjo en un contexto de caída del salario real y contracción del consumo.
El ingreso de nuevos deudores estuvo concentrado en los proveedores no financieros, como billeteras virtuales y plataformas digitales. Son créditos de bajo monto, otorgados con requisitos mínimos y tasas más elevadas, que funcionan como puerta de entrada al endeudamiento formal para sectores con menor estabilidad laboral. En el primer semestre de 2025, el financiamiento creció un 11 por ciento en ese segmento, frente al 5 por ciento en las entidades financieras. El esquema amplía el acceso, pero lo hace en condiciones más costosas y con mayor riesgo de incumplimiento.
En septiembre, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 4,2 por ciento, el nivel más alto desde la salida del macrismo. La mora se concentra en los hogares: los préstamos a familias registraron un incumplimiento del 7,3 por ciento, frente al 1,7 por ciento en el financiamiento a empresas. Dentro de ese universo, las tarjetas de crédito mostraron una mora del 6,7 por ciento y los créditos personales del 9,1 por ciento, máximos desde que existen registros oficiales comparables.
Riesgo "Kuka" o riesgo "Toto"
El deterioro del crédito convive con una actividad económica que no logra recomponerse de manera homogénea. La caída del consumo interno, la menor rotación comercial y la presión sobre los márgenes empresariales explican por qué el endeudamiento no se traduce en crecimiento, sino en atraso en los pagos. La cadena de pagos se estira hasta que se corta, y los datos de cheques rechazados empiezan a marcar ese límite.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo adjudicó la suba de las tasas de interés al denominado “riesgo kuka”, en referencia a la incertidumbre política que podría generar un nuevo cambio de signo político en el Gobierno. Sin embargo, el nivel de las tasas cumple una función central en el esquema financiero vigente: sostener la rentabilidad del carry trade. La tasa elevada no es un daño colateral, sino un componente necesario para mantener el atractivo de las colocaciones en pesos en un contexto de tipo de cambio administrado. El costo de esa estrategia se traslada a hogares y empresas que financian su capital de trabajo y su consumo a tasas reales positivas.
Las familias toman crédito para cubrir gastos corrientes, las pymes estiran pagos para sostener la actividad y el sistema financiero acumula señales de estrés que ya no pueden ocultarse detrás de indicadores agregados. La morosidad en tarjetas y el rechazo de cheques no son anomalías técnicas: son indicadores adelantados de una economía que funciona con crédito caro en un contexto de ingresos en retroceso.
En el Congreso, un grupo de legisladores presentó un proyecto de “Programa de Desendeudamiento de las familias argentinas”, que propone créditos a tasas reguladas para cancelar deudas preexistentes, especialmente con tarjetas y fintechs. La iniciativa reabre una discusión de fondo sobre el rol del Estado frente a un mercado de crédito que creció al ritmo de la pérdida de poder adquisitivo.
