En la Argentina existe desde hace más de cinco décadas una norma que obliga al Presidente de la Nación a apadrinar al séptimo hijo varón o a la séptima hija mujer nacidos de un mismo matrimonio. Lo que comenzó como una costumbre traída por inmigrantes rusos y se consolidó con un mito guaraní sobre el lobizón terminó institucionalizándose en 1973, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, y sumó beneficios educativos al año siguiente.
El origen se remonta a 1907, cuando un matrimonio ruso radicado en Coronel Pringles tuvo a su séptimo hijo varón y le pidió por carta al presidente José Figueroa Alcorta que fuera su padrino. El mandatario aceptó y así comenzó una práctica que luego se formalizó con el decreto de 1973, que estableció los requisitos: todos los hijos debían ser del mismo sexo y fruto del mismo matrimonio, y los padres debían acreditar buena conducta.
En 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, se sumó un beneficio clave: el Estado nacional garantiza la educación gratuita del ahijado desde el nivel primario hasta el universitario. Además, el niño o la niña recibe una medalla de oro que certifica su condición.
Ahora el Gobierno quiere derogarla
El padrinazgo presidencial podría tener los días contados. El Ejecutivo nacional incluyó la ley que lo regula en el proyecto de “Ley Hojarasca” , un paquete de más de 70 normas que propone eliminar por considerarlas obsoletas, superadas o restrictivas de libertades individuales. El proyecto fue enviado al Congreso este jueves y retoma una iniciativa que había perdido estado parlamentario en 2024.
En el mensaje de elevación, el Gobierno sostiene que durante el siglo XX se impuso una lógica según la cual los derechos debían ser “concedidos” por ley, cuando en realidad son inherentes a las personas. Bajo ese criterio, la iniciativa propone derogar decenas de disposiciones que van desde leyes decimonónicas hasta normas dictadas durante gobiernos de facto.
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Qué dice el proyecto sobre el padrinazgo
El texto de la “Ley Hojarasca” incluye la derogación expresa de la ley que instituye el padrinazgo presidencial y los beneficios educativos asociados. Sin embargo, aclara que quienes actualmente gozan de esos derechos podrán optar por mantenerlos, para no afectar situaciones ya consolidadas.
La decisión de eliminar esta norma se enmarca en una crítica más amplia a la sobrerregulación estatal. Entre las leyes que también se busca suprimir figuran una de 1864 que inhabilitaba por diez años a autoridades que aplicaran azotes —pena abolida desde el siglo XIX—, premios por descubrir minas de carbón, el “carnet de mochilero” obligatorio para quienes viajaban a dedo, y normas que restringían la programación musical en radios o prohibían reuniones privadas.
El oficialismo sostiene que “muchas de estas normas fueron dictadas con el solo objetivo de perseguir oponentes políticos o de controlar a la ciudadanía”. En el caso del padrinazgo, argumenta que se trata de una práctica sin sustento científico que impone una obligación al jefe de Estado y otorga beneficios educativos que deberían ser universales.
El futuro de una tradición centenaria
El debate en el Congreso recién comienza. Mientras algunos sectores defienden la permanencia de una costumbre que forma parte del imaginario popular argentino, el Gobierno insiste en que se trata de una norma anacrónica que no tiene razón de ser en el siglo XXI. De aprobarse la derogación, la tradición del séptimo hijo apadrinado por el Presidente pasaría a ser solo un recuerdo histórico, aunque quienes ya recibieron el beneficio conservarían sus derechos.
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