Este martes 21 de abril comenzó, en la provincia de Córdoba, un proceso inédito: el juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes estuvieron al frente de la investigación por el asesinato de Nora Dalmasso ocurrido en 2006 en Río Cuarto. La acusación principal es por mal desempeño y negligencia grave luego de haber omitido pruebas que, de haber sido consideradas, podrían haber resuelto el histórico caso muchos años antes.
La causa, que se arrastró durante más de una década sin avances concretos, dio un giro cuando el fiscal Pablo Jávega se hizo cargo del expediente en 2022. En solo dos años, Jávega logró identificar al presunto asesino, Roberto Bárzola, evaluando simplemente las pistas que estuvieron desde el principio en la causa.
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Las pruebas que estaban en el expediente y nadie vio
Entre 2008 y 2010, el expediente ya contenía los resultados de análisis genéticos realizados por el FBI sobre dos evidencias fundamentales: el cinto de la bata utilizado como arma homicida y un vello púbico hallado en la víctima. Ambos estudios, remitidos desde Estados Unidos, descartaban el linaje de la familia Macarrón y señalaban perfiles genéticos ajenos. Sin embargo, esos perfiles nunca fueron debidamente cotejados con los sospechosos correctos.
Los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro centraron su investigación en el entorno familiar de la víctima: primero acusaron al pintor Gastón Zárate (el famoso “perejil”), luego al hijo Facundo Macarrón y finalmente al viudo Marcelo Macarrón, quien fue absuelto por unanimidad. Mientras tanto, las pruebas que apuntaban hacia afuera del círculo íntimo quedaron acumulando polvo.
Las contradicciones de Bárzola que fueron ignoradas
Roberto Bárzola, un empresario de parquet que había trabajado en la casa de los Macarrón durante la semana del crimen, prestó declaración dos veces en 2006 y 2007. En sus testimonios, dio detalles que hoy resultan clave. Primero, afirmó que el día del crimen había ido a trabajar a otra vivienda, pero que se retiró por una mancha de humedad en el piso. Luego, en una segunda declaración, dijo que fue a la casa de los Macarrón, que nadie lo atendió y que se fue.
Los investigadores actuales comprobaron que ni Bárzola ni su jefe estuvieron en la primera vivienda que mencionó. En cambio, la mancha de humedad que describió sí existía: estaba en una habitación contigua a donde fue hallado el cuerpo de Nora. Es decir, Bárzola aportó un dato que solo alguien que estuvo en la escena del crimen esa noche podía saber.
Además, el fiscal Jávega remarcó que Bárzola no solo se situó a sí mismo en la vivienda dentro del rango horario en que los forenses ubicaron la muerte, sino que también aportó características precisas del lugar.
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El mapeo genético que destapó al asesino
El nuevo equipo fiscal, encabezado por Jávega, puso en marcha una revisión completa del expediente y un mapeo genético de 200 personas con acceso o contacto reciente con la casa de Nora Dalmasso. Bárzola fue incorporado al primer círculo de sospechosos porque había trabajado allí durante la semana del crimen. Sin embargo, los fiscales anteriores nunca lo habían requerido para el cotejo genético.
“Desde 2008 el expediente tenía el perfil genético levantado del cinto de la bata y del vello púbico que, por análisis mitocondrial, resultaba incompatible con la víctima y con la familia Macarrón. Nadie lo asoció a un sospechoso concreto durante más de una década”, explicó el fiscal.
El juicio político contra Di Santo, Miralles y Pizarro se extenderá durante varias semanas. Se espera la declaración de decenas de testigos. Si son hallados culpables de mal desempeño y negligencia grave, podrían ser destituidos de sus cargos. Mientras tanto, la causa penal contra Bárzola sigue abierta, y el fiscal Jávega insiste en que sea elevada a juicio a pesar de la prescripción.
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