El juez laboral Raúl Ojeda, que suspendió 82 artículos de la reforma laboral, justificó su decisión al afirmar que "hay derechos vulnerados" con la sanción de la iniciativa, como a convenios colectivos y derecho a huelga. También defendió la legitimidad de la CGT para representar a los trabajadores y aseguró que "la flexibilización no genera empleo".
"Hay consecuencias que pueden ser muy graves sobre todo en materia de derecho a huelga, o en los convenios colectivos", aseguró Ojeda en declaraciones a El Destape 1070. Para el abogado, "hay una sensación de que acá hay derechos vulnerados" una situación que se denomina "verosimilitud del derecho".
Ojeda reivindicó el derecho a huelga como un derecho natural protegido por la Constitución y afirmó que es "uno de los puntos más importantes de la reforma laboral". "Frenar las huelgas es como tapar chorro de agua con un dedo", deslizó, y luego agregó que las protestas no se pueden evitar "aplicándole parámetros restrictivos".
El juez laboral señaló que "el Estado puede creer, con razones válidas, que su ley tiende a tal objetivo, después que lo logre o no es una cuestión política y trasciende el ámbito de la Justicia".
Sin embargo, remarcó no se puede "dejar correr el tiempo" con este tipo de iniciativas porque ya hay "experiencia empírica" sobre las consecuencias de las reformas laborales. "La flexibilización y ese tipo de medidas no genera empleo ni regularización", aseguró.
Qué se suspendió de la reforma laboral
Con su fallo, la Justicia Nacional del Trabajo ordenó la suspensión provisoria de una parte sustancial de la reforma laboral, al considerar que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables si la norma entra plenamente en vigencia.
En esa línea, Ojeda destacó el rol de las centrales obreras para representar a los trabajadores. "Si la CGT o las centrales sindicales no tiene legitimidad para hablar en nombre de los trabajadores argentinos quién la va a tener", planteó.
El planteo de la CGT, que avaló Ojeda, sostenía que la reforma implicaba una regresión en derechos laborales, afectaba la libertad sindical y vulneraba principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Constitución.
Entre los puntos cuestionados se encuentran cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical.
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