La eventual derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, despertó fuertes cuestionamientos entre especialistas del área de la nutrición de la provincia de Formosa, que consideran que se trata de una herramienta fundamental para garantizar el derecho de la población a acceder a información clara sobre los alimentos que consume.
En diálogo con Agenfor, la presidenta de la Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición, Daniela Distel, planteó el proyecto como una decisión "equivocada" por parte del Poder Ejecutivo Nacional y sostuvo que la normativa cumple una función clave al brindar información sencilla y visible sobre la composición nutricional de los productos alimenticios.
La profesional explicó que la legislación vigente no sólo contempla la colocación de advertencias en los envases de productos con excesos de azúcares, sodio, grasas o calorías, sino que además establece limitaciones a las estrategias de promoción y publicidad orientadas a niños, niñas y adolescentes, al tiempo que fomenta entornos escolares más saludables.
Según señaló, una eventual eliminación de la norma implicaría desmantelar de manera inmediata ese conjunto de herramientas destinadas a proteger a los consumidores y favorecer decisiones alimentarias más informadas.
Preocupación por el impacto en la salud pública
Distel advirtió que una modificación de estas características podría tener consecuencias directas sobre la salud de la población, especialmente en un contexto donde las enfermedades vinculadas a la alimentación representan uno de los principales desafíos sanitarios. "Se afectaría directamente a la salud de todos los argentinos", advirtió.
En ese sentido, manifestó que los profesionales vinculados a la promoción de hábitos saludables observan con preocupación la posibilidad de un retroceso en políticas que buscan prevenir enfermedades crónicas relacionadas con el consumo excesivo de productos ultraprocesados.
Asimismo, instó a quienes tienen responsabilidades legislativas y de decisión a priorizar los intereses vinculados a la salud pública por encima de los sectores económicos involucrados en la producción y comercialización de alimentos industrializados.
El debate sobre la información al consumidor
La nutricionista también hizo referencia a las discusiones que acompañaron la sanción de la ley y recordó que distintos sectores de la industria alimentaria manifestaron objeciones al sistema de advertencias implementado mediante los octógonos negros.
A su entender, detrás de la discusión actual existen intereses económicos que podrían afectar el acceso de la ciudadanía a información esencial para elegir de manera consciente qué productos consumir.
Por ello, remarcó que la normativa constituye una herramienta de protección de derechos y concluyó: "Sabemos las cuestiones económicas y políticas que rondan detrás de la ley y es justamente esto lo que pone en peligro a cada argentino y a su derecho a una alimentación saludable".
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