Privatizaciones y deuda: el derrumbe de Milei acelera el saqueo

El gobierno de Javier Milei transcurre en dos planos. El del relato —austero, antisistema, refractario a la élite— y el de los hechos: el uso de lo público para beneficio privado.

En el tercer año del mandato esos dos planos confluyen en un nudo que busca atar negocios a largo plazo con endeudamiento récord y compromisos geopolíticos que propicien la continuidad del experimento “anarco capitalista” con o sin Milei. Es la preocupación que tensó el encuentro de magnates en el Llao Llao y verbalizó el tecnofeudalista Peter Thiel en su visita a la Casa Rosada: “¿Cómo se sostiene esto en el tiempo?” dijo Milei que le preguntó el fundador de Palantir. El interrogante no ocurrió en el vacío. Las encuestas exhiben un derrumbe en la consideración pública del presidente, cuyo principal aporte a sus sponsors consistía en garantizar la sustentabilidad política del plan de negocios bajo el manto de una democracia vaciada pero institucional. Sin garantía de continuidad electoral, Milei pasa a ser un lastre para los planes de los dueños del dinero y el poder, que ya buscan Plan B, al tiempo que impulsan un blindaje al saqueo en curso.

Carrera contra el tiempo

En el evento Expo EFI, Caputo anunció los activos que el gobierno prevé rematar antes del cierre de 2026: la participación estatal en Transener, las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, una batería de concesiones hidroeléctricas, el Belgrano Cargas, Intercargo, el agua y el saneamiento del área metropolitana a través de AySA, el astillero Tandanor y la Casa de la Moneda. El conjunto de esas operaciones, según estimaciones oficiales, podría generar en torno a los 2.000 millones de dólares.

El número proyectado pretende llevar certidumbre a los acreedores que, tras el jubileo de carry trade, ahora huelen a default. El croupier Caputo acumuló en abril más de 1.300 millones de dólares de nueva deuda a través de dos bonos en dólares —el Bonar 2027 y el Bonar 2028— colocados en el mercado doméstico con tasas nominales anuales de 5,04% y 8,44% respectivamente. En total, entre las licitaciones previas y las de ese mes, el stock en esos instrumentos superó los 2.279 millones de dólares. Los fondos captados no fueron a reservas: están comprometidos a cubrir vencimientos por 4.300 millones de dólares previstos para julio. En el medio, el Tesoro también enfrenta un pago de 800 millones al FMI a comienzos de mayo, con la posibilidad de un desembolso de 1.000 millones del organismo —previsto en el acuerdo vigente— demorada por falta de avance técnico.

El cuadro es el de un gobierno que vende el futuro para pagar el presente, y vende también el presente para financiar el futuro inmediato. Más privatizaciones y más deuda, al mismo tiempo y por los mismos motivos: los problemas de caja que el programa mileísta generó.

Transener: un caso testigo

De todos los procesos de privatización en marcha, el de Transener funciona como punto de muestra del tejido en curso. La empresa opera cerca de 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión y transporta el 85% de la energía eléctrica del país. Es, en términos prácticos, el sistema nervioso del suministro energético argentino.

La licitación por el 50% de Citelec —la sociedad controlante de Transener— enfrentó tres oferentes en la plataforma estatal Contrat.ar. El Grupo Edison, integrado por la familia Neuss, la generadora de energías renovables Genneia —del banquero Jorge Brito— y el grupo Newsan, de los empresarios Rubén Chernajovsky y Luis Galli, quedó a un paso de la adjudicación con una oferta de 356 millones de dólares: 55 millones más que lo ofrecido por Central Puerto —de Nicolás Caputo— y 126 millones más que Edenor, de José Luis Manzano.

Un detalle, sin embargo, activó un escándalo solapado por la omertá contratista. Las ofertas estaban previstas para publicarse a las 10 de la mañana. A esa hora aparecieron las propuestas de Central Puerto y Edenor. La de Edison Energía —la ganadora— se cargó al sistema una hora y doce minutos después. Una providencial “caída del sistema informático” primero provocó confusión y luego suspicacias. ¿Acaso los ganadores ajustaron su oferta durante el apagón, con los números de sus competidores a la vista? Ninguna de las empresas que quedaron en el camino cuestionó el proceso en forma pública. Asumen, claro, que serán compensados por la gentileza.

La explicación de ese silencio se explica además por la cartografía social de quienes integran el holding ganador. El vehículo Edison Energía fue constituido en 2025 con la participación del fondo Inverlat, cuyos socios incluyen a Federico Salvai, ex jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, y a los banqueros Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Guillermo “Willy” Stanley, protagonistas de la orgía privatizadora menemista que el gobierno de Milei procura recrear. Algo parecido ocurre con los Neuss, un clan con antecedentes que se proyecta como el predilecto del estrago mileísta.

Una larga historia de favores

El apellido Neuss tiene en Argentina una genealogía empresarial que arranca en 1891, cuando Hermann Neuss fundó Soda Neuss Belgrano, una empresa de gaseosas que dominó el mercado local durante décadas. En los años ochenta, junto a su hermano Germán, Jorge Neuss reconvirtió el holding hacia los servicios para el sector público, la energía y los negocios financieros.

Los vínculos del grupo con el poder político tuvieron en la época de Carlos Menem su primera gran cosecha. Jorge Neuss era compañero habitual de golf del expresidente, y esa proximidad se tradujo en la concesión del espacio radioeléctrico nacional a través de Thales Spectrum Argentina (TSA), firma que Neuss condujo en sociedad con el grupo francés Thales. El contrato era por veinte años. En 2004, el presidente Néstor Kirchner lo rescindió a partir de informes de la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción que documentaron irregularidades en los pliegos —diseñados para favorecer a la adjudicataria—, falta de control sobre los fondos transferidos y ausencia de supervisión estatal. El daño estimado al erario público fue de 300 millones de dólares. En 2011, la Cámara Nacional de Casación sobreseyó a Neuss en un fallo suscripto por los jueces Gustavo Hornos, Augusto Diez Ojeda y Mariano González Palazzo. En 2014, la Oficina Anticorrupción (OA) recusó al juez subrogante Diez Ojeda tras comprobarse que era concuñado de Jorge Neuss. Diez Ojeda fue quien había elaborado los fundamentos del fallo absolutorio.

Las profusas relaciones sociales y políticas de los Neuss no solo colaboraron en el frente judicial. La amistad con el exministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich —forjada en vacaciones en Punta del Este— habilitó otra etapa de negocios con el Estado: obras de infraestructura vial, el techado del Parque Roca y, sobre todo, la concesión de la Verificación Técnica Vehicular porteña, un negocio de flujo garantizado por el que cada vehículo que circula en la ciudad abona una tarifa fija. El tío Germán Neuss también participó de ese esquema a través de Neuss Capital, y su hijo Georgie integró la operación de la VTV.

Hoy, Juan y Patricio Neuss —hijos de Jorge— protagonizan la expansión más veloz que registra el sector energético argentino en décadas. En poco más de veinticuatro meses, el grupo pasó de operar una distribuidora en la Patagonia a controlar los tres eslabones de la cadena: generación, transmisión y distribución. Primero llegaron las distribuidoras EDET (Tucumán) y EJESA (Jujuy), junto a la transportista Litsa y la hidroeléctrica Potrerillos; después las represas Alicurá y Cerros Colorados, adquiridas a fines de 2025 por 226 millones de dólares; y en abril de 2026, Transener. En el horizonte cercano figura también la participación de YPF en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país.

El puente hacia el gobierno actual tiene nombre propio: Santiago Caputo, el asesor presidencial que compartió infancia con los hermanos Neuss en el Martindale Country Club.

Además de la cadena energética, el grupo Neuss cuenta con Northern Estates Corporation —oficinas y propiedades en Nueva York—, Neuss Real Estate —desarrollos en Argentina—, Neuss Agropecuaria —4.640 hectáreas en el sur bonaerense—, el Haras La Lucila y la Bodega Cerro Colorado.

El manual del blindaje

Como se contó en El Destape, el gobierno está diseñando las privatizaciones de forma tal que resulte muy costoso revertirlas: contratos atados a marcos regulatorios internacionales, cláusulas de arbitraje y estructuras jurídicas que harían gravosa cualquier futura recuperación estatal. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es el instrumento legal que pretende convertir las transferencias de activos en hechos consumados antes de que cambien las condiciones políticas.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte y un gobierno que muestra signos de desgaste, la aceleración del programa privatizador opera como una apuesta doble: generación de caja en el corto plazo y consolidación de una renovada élite conservadora en la cúpula del poder real. Por cierto, la vieja guardia, con Techint y Clarín a la cabeza, se dispone a dar pelea.

El tema sobrevoló el Foro Llao Llao, que concentró en el hotel homónimo de Bariloche a 150 empresarios de las principales fortunas del país. La reunión fue, por decisión deliberada, cerrada a la prensa y con presencia política reducida. Caputo llegó de forma sorpresiva y se reunió con la reina Máxima de los Países Bajos, quien expuso sobre salud financiera.

El encuentro registró el reordenamiento del poder que impulsan las privatizaciones. Apellidos que hasta hace poco ocupaban segundas o terceras filas del empresariado emergen hoy con posiciones que en condiciones normales habrían tardado décadas en alcanzar. La velocidad de ese ascenso, claro está, no es atribuible al mérito ni al capital acumulado.

El humor del encuentro combinó el entusiasmo por las oportunidades con una inquietud que se filtró a través de los resguardos: cuando la conversación viraba hacia la situación general del país, el tono pasaba de la expectativa al escepticismo. La calle, admitieron los más experimentados, empieza a rodear las puertas del palacio.

La confesión

Una declaración resumió con honestidad lo que el gobierno está haciendo con las privatizaciones. La propinó el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher: “Nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”.

El funcionario precisó el mecanismo: el diseño de los contratos apunta a que cualquier futuro gobierno que intente recuperar lo que hoy se vende deba enfrentar penalidades internacionales de tal magnitud que el rescate resulte prohibitivo. Es la descripción de una política deliberada: convertir decisiones de gobierno en hechos prácticamente inapelables por razones jurídicas y financieras.

El alcance declarado del plan es total. Chaher citó la instrucción presidencial de retirar al Estado de todas las empresas “sin excepción”, aunque la Ley Bases habilita formalmente incluyó solo a ocho compañías: Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El gobierno opera con más de cuarenta empresas en proceso de privatización o cierre, una avanzada acorde al proceso de demolición que, se pretende, resulte estructural.

Adorni, el vendedor de buzones

Si Transener ilustra el reparto de activos estratégicos entre el círculo de poder, el Correo Argentino muestra el costo humano de ese proceso. La empresa postal tiene una red de más de 1.400 sucursales y es la única con llegada a todos los domicilios del país. Es también una de las pocas presencias estatales que subsiste en localidades del interior profundo donde el Estado, en los hechos, ya no llega por otros canales.

Desde el inicio de la gestión, más de 3.000 empleados dejaron la compañía. En 2025, la reducción fue especialmente agresiva: de una planta que rondaba los 18.000 trabajadores, salieron 7.000 en ese año. En los últimos días de abril de 2026, comenzó una nueva ola: alrededor de 400 telegramas de despido ya fueron cursados y el número proyectado asciende a 900 bajas adicionales, según los gremios. La empresa reconoce 250 desvinculaciones y las califica de “individuales, justificadas y ajustadas a derecho”. Los sindicatos las describen como represalia por la jornada de protesta del 7 de abril.

Los argumentos de los telegramas invocan presuntas injurias laborales graves vinculadas a la retención de correspondencia durante esa protesta. En el Valle del Río Negro, el secretario general del Sitraco, Rafael Tropa, rechazó la acusación: en su zona no hubo retención de correspondencia, y los documentos reproducen el mismo texto en todo el país. El sello de una operación centralizada, disfrazada de medida individual.

En el trasfondo, la empresa avanza hacia un esquema de privatización que el gobierno no pudo convalidar en el Parlamento, pero sí construir por etapas. Mientras tanto, el jefe de Gabinete Manuel Adorni designó en cargos clave de su directorio a colaboradores directos con sueldos que superan los 6 millones de pesos por mes, incluso por encima de la remuneración presidencial. Aimé Ayelén Vázquez, su colaboradora más cercana, suma al Correo a su rol en la Unidad Gabinete de Asesores. Federico Sicilia, con pasado en Modernización de la Ciudad, integra la conducción administrativa. Ian Lionel Vignale ejerce cargos simultáneos en el Correo y en la Agencia de Publicidad del Estado. El ajuste es para los trabajadores. Los beneficios, para la casta libertaria.

Los gremios convocaron a un paro total para los días 4 y 5 de mayo. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones exige la reincorporación de los despedidos, la apertura de paritarias y el pago de un bono extraordinario de 840.000 pesos en cuatro cuotas. El salario de un trabajador con cinco años de antigüedad ronda los 700.000 pesos. El directorio que conduce el proceso de vaciamiento cobra ocho veces eso.

Deuda eterna

El aluvión privatizador es proporcional a la espiralización de la deuda que el gobierno dice que no tomó. Los números, claro, cuentan otra historia. La deuda pública total superó los 483.830 millones de dólares a marzo de 2026, lo que representa un incremento cercano al 30% respecto de diciembre de 2023. Desde esa fecha ingresaron 47.000 millones de dólares netos en concepto de financiamiento externo —incluyendo desembolsos de organismos internacionales, del FMI y préstamos financieros—, según el balance cambiario del Banco Central.

El dato más revelador no es el volumen de deuda en sí. Es su destino y su composición. El economista Martín Burgos, director de la consultora Lado B, señaló en su informe de coyuntura que los fondos captados “se utilizaron principalmente para cubrir compromisos financieros y fuga de capitales”, en lugar de fortalecer la posición externa del país. En paralelo con el ingreso de deuda, se registraron 36.000 millones de dólares de formación de activos externos, un proceso que se aceleró tras la flexibilización cambiaria de abril de 2025. El circuito es el de siempre en la historia argentina: los dólares entran por la ventanilla de la deuda y salen por la de la fuga.

Lo que cambió es la velocidad. Y hay un giro estructural en la composición de los compromisos. La deuda de corto plazo, la más expuesta a las fluctuaciones del mercado y con mayor riesgo de refinanciamiento, trepó del 3,5% del total en diciembre de 2023 al 14% en marzo de 2026. En dos años, los vencimientos de corto plazo se cuadruplicaron como proporción del pasivo total. Las reservas brutas, a pesar del buen desempeño exportador que el gobierno menciona, muestran una evolución acotada: la diferencia entre los depósitos en dólares del sistema financiero y las reservas se mantiene por debajo de los 8.000 millones, un nivel parecido al de 2023.

La estrategia de financiamiento de Caputo opera sobre esa precariedad. Los Bonares 2027 y 2028 colocados en abril alimentaron los depósitos del Tesoro, que proyectaban alcanzar unos 1.400 millones de dólares al cierre del mes. Pero su destino está comprometido de antemano: cubrir vencimientos por 4.300 millones de dólares previstos para julio. En paralelo, el equipo económico explora garantías del Banco Mundial y el BID por hasta 4.000 millones adicionales, y espera sumar otros 2.000 millones con las privatizaciones. Lo que el ministro exhibe como hoja de ruta ante los inversores oculta que cada instrumento de deuda emitido hoy tiene un vencimiento mañana, a tasas mayores que las del período anterior.

La acechante crisis de deuda aceleró el programa privatizador como mensaje implícito dirigido a los mercados, al Círculo Rojo y a quienes vendrán. El funcionario que conduce el proceso lo advirtió de modo explícito: se busca que el saqueo sea irreversible. No intentar frenar el daño ahora, es complicidad.