El Gobierno nacional le impuso una multa millonaria de $1.260 millones al pesquero Bao Feng por pescar ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), sin necesidad de interceptar físicamente la embarcación.
Este caso, anunciado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, fue posible gracias a la coordinación entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, consolidando un precedente institucional que cambia las reglas del juego en el control pesquero.
La Autoridad Marítima Nacional detectó al Bao Feng, con bandera de conveniencia de Vanuatu, operando dentro de la ZEEA. El patrón de navegación registrado mostró maniobras compatibles con pesca, información que fue confirmada con la plataforma Skylight, lo que reforzó la validez del procedimiento sancionatorio.
Esta plataforma tecnológica, de vanguardia en la región y desarrollada enteramente por profesionales de la Fuerza, permitió constatar que el buque permaneció en la ZEEA por aproximadamente una hora y media a una velocidad inferior a los 4 nudos, lo que indicaba que se encontraría en tareas de pesca.
Dichos datos fueron validados mediante el análisis de la plataforma Skylight, fortaleciendo el proceso de identificación implementado para este tipo de detecciones electrónicas, gracias a la fluida articulación entre la Prefectura y la Subsecretaría de Pesca. La embarcación no fue apresada, pero la infracción no quedó impune.
Antecedente histórico
Desde el Gobierno, calificaron esta sanción como un "antecedente histórico que introduce un punto de inflexión en el sistema de control marítimo argentino" y sostuvieron que "la vigilancia se amplía y se reduce el margen de maniobra de quienes hasta ahora se protegían en la distancia y eludir la captura". También valoraron que la Prefectura Naval Argentina y su equipo del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo, aportó la capacidad operativa y la trazabilidad electrónica necesarias para construir un caso sólido.
"Este cambio de paradigma convierte la detección electrónica en un instrumento central para la policía pesquera, con impacto directo en la protección de los recursos ictícolas y en la credibilidad del sistema de control estatal. Cada expediente que avanza por esta vía redefine la frontera entre presencia estatal y vulnerabilidad jurisdiccional", subrayaron desde el gobierno nacional.
Y sumaron: "El caso Bao Feng inaugura un año que el Gobierno define bajo la consigna de tolerancia cero frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur. La vigilancia ya no depende solo de la llegada física de un guardacostas, sino de la capacidad para probar, sostener y cobrar las infracciones".
Cerrar sesión