La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa estructural que ya no puede ser disimulada por discursos de equilibrio fiscal. Al 16 de abril, los trabajadores municipales de la localidad de Guaravarí siguen sin cobrar sus haberes y, en su lugar, reciben "vales de comida". Con denuncias de 30 despidos y una comuna en quiebra, el caso pone en jaque el modelo de los hermanos Valdés.
Pese a que Juan Pablo Valdés señaló que, tras 8 años en el cargo, su hermano Gustavo "deja la vara alta", "sin deuda" y con un "manejo responsable de las finanzas", el “efecto dominó” municipal desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que busca imponer el oficialismo. El secretario general de ATE Corrientes, Gonzalo Rubiola, aseguró en diálogo con El Destape que el gobernador "acompañó todas las leyes del presidente Javier Milei con promesas de Papá Noel sobre la coparticipación y hoy el resultado de las negociaciones se ve en los municipios".
Este sistema de cuasi-moneda local es la evidencia de una quiebra técnica que el oficialismo no puede ocultar. Mientras desde la Capital se pregona una estabilidad ejemplar, el municipio que gobierna el intendente aliado Tomás Méndez Ribeiro otorga papeles para canjear por alimentos básicos, como arroz o fideos, eliminando el derecho del trabajador de disponer de su salario. Rubiola señaló que al intendente "no le alcanza para pagar con lo que le llega de coparticipación".
Si un intendente de Vamos Corrientes puede pagar con "papelitos" y condenar a muchas familias sin que el Gobierno Provincial intervenga, el mensaje para el resto es claro: el ajuste se profundiza y el vale de comida es la nueva normalidad. Frente a la falta de respuestas, el representante de ATE aseguró que desde el gremio realizaron "las presentaciones necesarias" para ir a la localidad y "defender a los trabajadores". "No hay tiempo, no le podemos dar más tiempo porque más tiempo para ellos es más aflicción para nosotros", lanzó sobre las excusas del mandatario radical.
Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades económicas, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios cercanos.
Arcas en crisis y falta de respuestas de Valdes: municipales denuncian que "los salarios quedaron por el sueldo"
Los municipios reclaman por la falta de anuncios concretos para medidas estructurales que reviertan la situación. En la práctica, las gestiones locales continúan dependiendo de transferencias provinciales que, según señalan, llegan de manera irregular o discrecional, lo que limita su capacidad de planificación y gestión. Cabe destacar que intendentes de distintos puntos de Corrientes advierten desde hace meses sobre las dificultades para sostener servicios básicos, ejecutar obras y afrontar gastos corrientes, en un escenario donde los fondos disponibles resultan insuficientes.
El intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, advirtió sobre la crítica situación social y económica: “Hoy ya ni nos quejamos si los vecinos pueden pagar un impuesto. Vemos una necesidad que no se veía desde hace mucho tiempo", admitió. Asimismo, Álvarez señaló que esfumaron los ahorros destinados a cumplir con salarios y se mostró pesimista de cara al futuro cercano: “No avizoro que esto pueda cambiar en los próximos meses”, planteó en diálogo con medios locales.
En este contexto de desidia, Rubiola sostuvo que "la preocupación se va agravando porque se siente en la parte bien de abajo de la sociedad". Desde ATE exigen una urgente recomposición salarial, ya que "el último aumento que más o menos equiparó la inflación" fue hace "aproximadamente 7 u 8 meses". Hace algunas horas, el gobernador Valdés aseguró que se están "mejorando algunos indíces" y pateó la posibilidad de una suba salarial: "Esperemos que pronto lo podamos anunciar".
La crisis económica en la provincia del norte golpea al sector público, donde la pulverización del poder adquisitivo profundiza la lucha por la supervivencia. "Los salarios de todos los sectores estatales quedaron por el suelo y la vida es imposible día a día", advirtió Rubiola, quien describe un panorama de profunda pérdida de los salarios frente a una inflación que no da tregua. Esta realidad se traduce en cifras alarmantes: mientras un docente que recién inicia percibe aproximadamente $900.000, un enfermero en planta permanente —percibe ingresos que apenas alcanzan los $780.000.
Este escenario de precariedad laboral cobra una dimensión más grave cuando se lo contrasta con el costo real de la vida en la provincia. De acuerdo al Índice Barrial de Precios (IBP) realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), una familia tipo correntina necesitó en febrero un total de $1.131.293,11 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y evitar caer bajo la línea de pobreza.
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