El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en redes sociales un extenso mensaje en el que cuestionó uno de los argumentos más repetidos contra la apertura comercial: que la Argentina no puede abrir su economía porque los altos impuestos y costos internos colocan a las empresas locales en una clara desventaja frente a la competencia extranjera. Para el funcionario, esa idea “por más plausible que parezca, está equivocada”.
En su posteo, el ministro de Javier Milei sostiene que la llamada “cancha desnivelada” no es un obstáculo para la apertura. Por el contrario, afirma que “si en algo los afecta es que aumenta el beneficio del comercio” y concluye de manera categórica: “Más desnivelada la cancha: más ganancias de la apertura”. El planteo, sin embargo, deja afuera varios elementos centrales del funcionamiento real de la economía argentina.
Sturzenegger describe a los impuestos como una fuente de ineficiencia que “reduce tu productividad imponiendo impuestos y regulaciones que aumentan tu costo” y compara su efecto con el de cualquier otro problema estructural. Según su mirada, el Estado “te saca una parte de tu producción sin que recibas nada a cambio” y eso termina reduciendo salarios. En ese marco, presenta el ajuste del gasto público como la principal herramienta para mejorar los ingresos.
El argumento omite que los impuestos financian servicios básicos que también influyen en la actividad económica, como infraestructura, salud, educación o seguridad. Al reducir el debate a una pérdida individual sin contraprestación, el razonamiento simplifica una discusión mucho más compleja sobre el rol del Estado y el desarrollo productivo.
Otro eje central del posteo es la relación entre comercio y empleo. El ex titular del Banco Central afirma que “el comercio nada tiene que ver con el empleo” y que la apertura “simplemente permite transferir producción de aquello en lo que somos malos a aquello en lo que somos buenos”. Incluso sostiene que “cada importación crea su propia exportación” y que, por lo tanto, no hay efectos negativos sobre el trabajo.
En la práctica, ese proceso no suele ser inmediato ni automático, cuando se abren las importaciones, hay sectores que se ven afectados de forma directa antes de que otros puedan crecer: empresas que cierran, trabajadores que pierden su trabajo y regiones que quedan relegadas no aparecen en el análisis del ministro, que presenta la transición como un reordenamiento casi instantáneo.
El exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa también cuestiona a quienes plantean la necesidad de bajar impuestos antes de abrir la economía, al señalar que se trata de una “salida cómoda” para evitar competir y “patear los cambios”. Sin embargo, el debate no gira en torno a si la Argentina debe comerciar con el mundo, sino a las condiciones en las que se hace y a los costos sociales que puede generar una apertura sin etapas ni amortiguadores.
Al final de su mensaje, el ministro asegura que hasta que no se entienda que “comerciar es fuente de más y mejores empleos” no se podrá avanzar hacia “una Argentina moderna y próspera”. El problema es que esa afirmación se presenta como una verdad indiscutible, cuando en realidad es una apuesta política que ignora los riesgos y las experiencias recientes de nuestro país.
Sin ir más lejos, un ejemplo cercano es la experiencia argentina de los '90. Durante ese período, se avanzó en una fuerte apertura comercial, con reducción de aranceles y eliminación de protecciones a la industria local. El resultado fue un ingreso masivo de importaciones que afectó a amplios sectores productivos. Lejos de generar “más y mejores empleos”, como sostiene Sturzenegger, el proceso derivó en el cierre de miles de fábricas, una fuerte caída del empleo industrial y un aumento sostenido del desempleo, que pasó de niveles cercanos al 6% a picos superiores al 18%.
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