El panorama para las pequeñas y medianas empresas pasó de la preocupación a una situación crítica. Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pymes, describió un escenario de deterioro profundo en el tejido productivo, que se caracteriza por una retracción de la actividad y un incremento notable en los procesos de cierre de establecimientos.
“Hoy la necesidad no es reactivar la economía en principio, sino sostener por lo menos las empresas que están funcionando”, sostuvo González en diálogo con el canal E. Para el encargado de poner voz a la crisis, sin una intervención estatal inmediata, el país se encamina a consolidar un paisaje industrial desolador.
El dirigente empresario alertó por un deterioro mensual y advirtió por los sucesivos cierres de firmas y concursos preventivos. “Hay que detener la sangría de cierre de empresas y despidos”, exigió al dar cuenta de la alarmante circunstancia que atraviesa ese sector de la economía producto de la caída del consumo y la apertura importadora.
La conclusión del sector es una demanda de cambio en la orientación de las políticas productivas para vincular el desarrollo económico al fortalecimiento industrial. En este sentido, González lanzó una dura frase para graficar la emergencia que atraviesa ese sector de la economía: “Si no se toman medidas urgentes, vamos a seguir hablando de un cementerio de empresas en nuestro país”.
Ante este panorama, la Confederación Federal PYMES formalizó la presentación de un proyecto de ley de salvataje ante la Cámara de Diputados y el Senado. La iniciativa busca implementar herramientas económicas, financieras e impositivas, tales como líneas de financiamiento blandas, la suspensión de embargos y un alivio fiscal específico para las pymes. La urgencia de estas medidas se fundamenta en la necesidad de frenar el desgaste mensual que sufren fábricas y comercios.
RIGI: el acta de defunción de las Pymes
Uno de los puntos de mayor fricción entre el sector pyme y la actual conducción económica nacional es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). González había manifestado un rechazo frontal a este esquema, argumentando que no genera beneficios para el entramado local ni protege el trabajo nacional. Durante su exposición en el debate de la iniciativa en el Congreso, el dirigente había lanzado una advertencia hacia el Poder Legislativo: “Los senadores estaban firmando el acta de defunción de la producción nacional”.
El cuestionamiento central radica en que el régimen actual incentiva la llegada de capitales extranjeros sin establecer condiciones de reciprocidad que favorezcan a la industria argentina, como la transferencia de tecnología o el agregado de valor en origen. Sobre este punto, González denunció las asimetrías del modelo: “Las empresas pueden venir del exterior, extraer los recursos y generar cero trabajo argentino”. Para el dirigente, el esquema económico vigente prioriza la rentabilidad de los sectores extractivos y financieros, los cuales no poseen un impacto directo y multiplicador sobre la industria tradicional.
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