En medio del debate por el rumbo de una industria nacional muy dañada, un informe de la Fundación Encuentro salió al cruce de las declaraciones de Javier Milei del domingo frente al Congreso sobre el costo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. El documento acusó al Gobierno de comparar cifras “infladas” para desacreditar la obra pública mientras celebra el superávit energético que esa infraestructura hizo posible.
Durante la apertura de sesiones 2026, el Presidente afirmó que los tubos del gasoducto costaron U$S 4.000 por tonelada en 2022, frente a U$S 1.400 en un proyecto privado actual. La fundación sostiene que esa comparación es “metodológicamente inválida” y omite variables clave del mercado internacional y del esquema impositivo.
La discusión por los costos: ¿números comparables?
El informe señaló que el valor real de los tubos del gasoducto rondó los U$S 3.000 por tonelada, no los U$S 4.000 mencionados en el discurso oficial. Además, advirtió que el costo del proyecto privado aún no está cerrado y que la cifra difundida no contempla las mismas condiciones de entrega ni el mismo contexto económico.
Uno de los factores centrales es la caída del precio internacional del acero, que bajó alrededor de 35% entre 2022 y 2025 tras el pico provocado por la guerra en Ucrania. Comparar valores de distintos momentos sin ajustar por esa variación, sostienen, distorsiona cualquier análisis técnico.
También remarcó que el proyecto privado opera bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con exenciones impositivas por hasta 30 años. El gasoducto, en cambio, tributó impuestos nacionales, provinciales y municipales. Para la fundación, equiparar un costo con beneficios fiscales con otro que no los tuvo es una comparación incompleta.
Energía barata e importaciones: la otra cara del debate
Más allá de la polémica por los tubos, el punto de fondo es el impacto en la energía y en las importaciones. El gasoducto permitió sustituir compras de Gas Natural Licuado (GNL) por producción de Vaca Muerta, reduciendo significativamente la dependencia externa.
Según datos citados en el informe, entre julio de 2023 y julio de 2024 el ahorro en importaciones energéticas fue de U$S 3.600 millones. En 2024, el superávit energético alcanzó U$S 5.668 millones, el más alto en 18 años, con una caída interanual de 49,4% en las importaciones del sector. La proyección acumulada de ahorro entre 2023 y 2026 asciende a U$S 24.000 millones. Bajo esa lógica, el gasoducto —con un costo estimado de entre U$S 2.500 y 3.000 millones— se habría amortizado en menos de un año de operación.
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El cruce también se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado y el futuro de la industria nacional. Para la Fundación Encuentro, la narrativa oficial contrapone obra pública e inversión privada como si fueran excluyentes, cuando en este caso la infraestructura estatal fue la que habilitó el actual “boom energético” que el propio Gobierno destaca.
En un contexto de crisis económica, la pregunta que plantea el informe es qué destino tuvieron los miles de millones de dólares generados por el superávit energético: si se reinvirtieron en infraestructura, se destinaron a reducir deuda o reforzaron reservas.
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