Un fallo judicial evidencia la nula seguridad interna en las cárceles de Corrientes. Tras detectar un incremento crítico en el consumo de estupefacientes y fallas en los controles tecnológicos, el Juzgado de Ejecución de Condenas emitió una resolución en el cual intimó al Ministerio de Seguridad y a la cúpula del Servicio Penitenciario provincial a tomar medidas inmediatas para reforzar el control en la Unidad Penal N° 1.
La magistratura advirtió un "incremento crítico" en el consumo de drogas dentro del penal, situación que derivó en incidentes violentos, deudas entre internos e incluso la muerte de un detenido.
Uno de los puntos más alarmantes señalados por la Justicia es la salida de servicio del scanner de detección de sustancias del complejo. Esta falla técnica debilitó severamente los controles de ingreso, permitiendo que las sustancias circulen con mayor facilidad.
La medida judicial se apoya en el rol del Estado como garante de la integridad física de los detenidos, tal como lo establece la Constitución Nacional. En este marco, la resolución se basa en antecedentes de extrema gravedad citados por la Fiscalía:
- Noviembre de 2025: el deceso de un interno vinculado al consumo de sustancias.
- Mayo de 2026: múltiples traslados de urgencia al Hospital Vidal por ingesta de drogas y cuadros de sobredosis durante el presente mes.
Según detalló Perfil, el Poder Judicial resolvió exigir la reparación urgente del scanner del Complejo Penitenciario N° 1. Mientras se concreta la puesta en funcionamiento de la tecnología, las autoridades deberán presentar un informe detallado sobre las medidas alternativas de control que se están implementando.
Asimismo, se ordenó intensificar los operativos de requisa y vigilancia. Para la magistratura, la ejecución de la pena es "incompatible" con un contexto atravesado por la droga, ya que esto deteriora la salud mental de los alojados y genera un clima de inseguridad institucional que pone en riesgo tanto a los internos como al personal penitenciario.
Condenan a cuatro policías a 10 años de prisión por abandono de persona agravado por muerte
El Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes dictó la Sentencia N° 41, mediante la cual condenó a cuatro funcionarios policiales a la pena de diez años de prisión por el delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte de Lautaro Alexander Rosé.
Durante la audiencia, y en presencia de las partes, se dio lectura a la parte resolutiva del fallo. En ese marco, el Tribunal resolvió rechazar el pedido de falso testimonio vinculado a Ismael Maximiliano Meza.
En el punto central de la decisión, fueron condenados Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero, como coautores del delito mencionado, previsto en los artículos 106 (tercer párrafo en función del primero), 40, 41 y 45 del Código Penal.
Asimismo, hasta tanto la sentencia adquiera firmeza, el Tribunal ordenó a los condenados cumplir medidas de conducta, entre ellas: fijar domicilio, presentarse mensualmente ante los estrados y abstenerse de salir de la provincia sin autorización judicial.
Por otra parte, el Tribunal resolvió absolver a Juan Daniel Aveiro del mismo delito por el que había sido acusado, al considerar que existía insuficiencia probatoria.
En igual sentido, se dispuso la absolución de todos los imputados en relación con los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a la falta de acusación fiscal.
También fue absuelto Vicente Manuel Pruyas Suárez, quien estaba imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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