La Comisión de Salud de la Legislatura de Santa Fe comenzó a tratar un proyecto de ley del diputado Marcos Corach (PJ) que habilita a las farmacias provinciales a elaborar y dispensar fórmulas magistrales de cannabis medicinal, bajo prescripción médica, con trazabilidad, reglas sanitarias y cobertura obligatoria de obras sociales e IAPOS.
El proyecto, que ingresó en julio de 2025, busca dar respuesta a una demanda creciente de tratamientos personalizados que hoy, en muchos casos, se canaliza por vías informales o a través de procesos judiciales. Actualmente, solo existen productos genéricos importados, de alto costo y que no se adaptan a las necesidades específicas de cada patología.
“En nuestra provincia ya hay farmacias habilitadas, médicos capacitados, laboratorios, universidades y capacidad técnica. Lo que falta no es conocimiento ni estructura. Falta decisión política para que todo eso funcione de forma legal, segura y accesible”, señaló el diputado Corach.
La iniciativa permitirá que los farmacéuticos elaboren fórmulas personalizadas a partir de materia prima autorizada. De esta manera, se resuelve el actual punto muerto: médicos que prescriben indicaciones precisas para patologías como insomnio, dolores crónicos o trastornos del espectro autista, pero farmacias que no cuentan con un marco normativo para actuar.
Diputados santafesinos convocan al debate sobre el Cannabis Medicinal
Corach advirtió que Santa Fe fue pionera en producción pública e investigación, pero que el gobierno de Javier Milei desmanteló esos avances: “Desde quemar las plantaciones hasta inutilizar todo lo que el LIF tenía capacidad para preparar. Solo prospera lo que el gobierno quiere que prospere”, afirmó.
En julio del año pasado, el Gobierno Nacional cerró la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame): tras medio año de intervención, la entidad creada y regulada por la Ley 27.669 dejó de existir. La medida, oficializada a través del Decreto 462/2025, afecta directamente a las empresas nacionales, mayoritariamente pequeñas y medianas, involucradas en la actividad comercial del cannabis para fines medicinales y del cáñamo industrial.
Los argumentos citados en la resolución reconocen que la intervención del organismo tuvo como objetivo que se “reasignen sus funciones a distintas áreas de la Administración Pública Nacional”, debido a que “los criterios de fomento y promoción orientados a organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y pequeños productores carecieron de implementación efectiva”.
Frente a esta y otras tantas decisiones que atentan contra la salud, el legislador Corach convocó a abrir el debate con pacientes, farmacéuticos, universidades y organizaciones sociales: “Lo peor que podemos hacer es hacer como que no pasa nada. Esto existe. No podemos seguir en el atraso”, señaló.
Cerrar sesión