Una ex jueza fue condenada a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber recibido coimas en causas de adopción. Se trata de la ex titular del Juzgado de Familia N° 1 de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, quien había sido apartada de su cargo en 2017 tras varias acusaciones, entre las que se encontraba la venta de bebés.
Pese a la sentencia dictada por el Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro, Velázquez accedió al beneficio de libertad condicional al computarse el tiempo que permaneció detenida tras su extradición desde España, donde fue aprehendida en el aeropuerto de Barajas en julio de 2024 por efectivos de Interpol.
La reciente condena se extiende hasta julio de 2028, mientras que la inhabilitación será hasta 2031. La resolución se dio a partir de un convenio entre la fiscalía y la defensa, donde la ex jueza admitió haber cometido el delito de “cohecho agravado por su condición de funcionaria pública”.
Los sobornos detectados
El tribunal consideró que el delito quedó configurado con el solo ofrecimiento del soborno, según explicó el sitio de noticias Pilardetodos, aun cuando ambas funcionarias habían rechazado el dinero y la maniobra nunca llegó a concretarse.
En la causa se comprobó que la condenada había ofrecido dinero a dos funcionarias públicas para influir en actuaciones vinculadas a procesos de adopción.
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La ex jueza había sido apartada de su cargo en 2017, ya en 2016 había sido suspendida y entre los cargos figuraron el datado falso de sentencias, el acoso laboral, la firma irregular de más de 600 expedientes por parte de auxiliares durante sus ausencias, muchas sin autorización de la Corte.
Según el expediente de la destitución, Velázquez habría enviado a trabajadores sociales a recorrer barrios pobres de Pilar con el objetivo de contactar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para convencerlas de dar a sus hijos en adopción. En paralelo, la ex magistrada recibía dinero para fraguar los papeles de adopción y mejorar la situación determinadas familias postulantes.
La detención y condena
“Les explicó que había muchos matrimonios adinerados en la zona, con residencias en countries, que estaban dispuestos a pagar muy bien por ese trabajo, dando claramente a entender que ambas trabajadoras sociales iban a recibir un dinero por ´esos hallazgos´”. detalló el comunicado.
A inicios de 2024, el juez Nicolás Ceballos emitió un pedido para que la detuviesen. Finalmente, el fiscal José Amallo solicitó su captura al no poder localizarla en su domicilio de Acassuso para notificarla de una indagatoria.
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