Tras el rechazo al pedido del gobierno de Tierra del Fuego para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la administración de Javier Milei, la Unidad Fiscal local dictaminó que el Juzgado Federal de la ciudad es "incompetente" para resolver sobre la legalidad del caso.
Para la fiscal Candela Fernández Núñez, la competencia de una disputa entre la provincia fueguina y un organismo nacional debe ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, la Unidad Fiscal pidió que la presentación legal formulada por el gobernador sea encabezada por la Fiscalía de Estado provincial.
El Tribunal había argumentado que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, también se solicitó a la fiscalía que determine si el gobernador Gustavo Melella está habilitado para presentarse en la causa, cuando esa función correspondería a la Fiscalía de Estado de la provincia. En la misma resolución, el Tribunal pidió al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondiente para poder intervenir en la causa ante la Justicia Federal.
La intervención del Puerto de Ushuaia no fue una decisión azarosa por parte del gobierno libertario. Hace algunas semanas, esto fue advertido por el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia: “Quieren intervenir el Puerto de Ushuaia para entregarlo a Estados Unidos. Están avasallando el federalismo de las provincias. Llama la atención que una denuncia realizada por un empleado del puerto y representante sindical que es afín a la Agencia Nacional de Puertos, nos hayan iniciado auditorias técnicas y económicas, cuando son temas específicos de la provincia”, sostuvo.
El Poder Ejecutivo utilizó como excusa para avanzar con la intervención una denuncia realizada por el secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, contra la ley provincial N° 1596 que creaba un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF) financiado con el superávit del Puerto. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación solo habilitó a trabajar dentro del lugar al gremio vinculado a Avellaneda. “Están buscando la vuelta para decir que nos tenemos que desprender del puerto para entregárselo a alguno de los amigos del Gobierno nacional”, afirmó Murcia.
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Hasta el día de la intervención, había 30 personas dedicadas a la seguridad portuaria con más de 20 años de antigüedad. Las autoridades nacionales las dejaron afuera, mientras que los integrantes de Bushido quedaron habilitados por la ANPYN que de un día para el otro dejaron de reportar ante la Dirección Provincial, a cargo de Lezcano. “Se cortaron solos, se dieron vuelta y ahora no tenemos ningún tipo de información sobre las medidas de seguridad que se están ejecutando”, agregó la funcionaria.
“Esto no es contra Tierra del Fuego, es contra Santa Cruz, Chubut o cualquier otra provincia. Es el unilateralismo más acérrimo. Es una decisión alineada como un regalo a Trump en la cumbre de Davos y que responde a la doctrina de la ley del más fuerte en la que Milei le entrega el control del puerto de Ushuaia al Comando Sur”, denunció Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, durante un reportaje para la radio Más Multimedia en el programa “No somos neutrales”.
La construcción de una intervención
El Poder Ejecutivo utilizó como excusa para avanzar con la intervención del puerto una denuncia realizada por el secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, contra la ley provincial N° 1596 que creaba un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF) financiado con el superávit del Puerto de Ushuaia. No por casualidad, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación solo habilitó a trabajar dentro del puerto al gremio vinculado a Avellaneda. A partir de esa denuncia se realizó una primera auditoría que finalizó con la intervención federal.
“Desde Buenos aires vinieron y nos observaron algunas cuestiones leves. Pero nos pusieron la categoría ´Certificado no vigente´, y nos dieron 30 días para llevar adelante una serie de modificaciones. Volvieron a inspeccionar, estaba todo en orden. El auditor de la Prefectura certificó el documento por cinco años más sin ningún tipo de deficiencia. Ese documento va a la Organización Marítima Internacional y todo el mundo sabe que somos un puerto seguro. Pero a la semana cayeron otra vez ya con la idea de intervenirnos”, explicó Jorge Alberto Ramírez, contratado por la DPP como oficial de protección de las instalaciones portuarias (OPIP).
“Todo tiene que ser privado”. Eso fue lo que le dijeron a María Rosa Lezcano, directora de Protección Portuaria cuando los funcionarios de la ANPYN se hicieron presentes en el Puerto de Ushuaia a mediados de diciembre del año pasado. Concretada la intervención, los representantes del Poder Ejecutivo Nacional quitaron de las máquinas del puerto el ploteo que las identificaba como propiedad de la provincia.
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Piden una reunión en el Congreso por la intervención del Puerto de Ushuaia
El debate por el futuro del Puerto de Ushuaia llegó al Congreso. El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández, acompañado por un nutrido grupo de legisladoras y legisladores —con fuerte presencia del bloque patagónico—, presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para solicitar la convocatoria urgente a una reunión informativa pública en el ámbito de la Comisión de Transporte.
La iniciativa apunta a que el Congreso ejerza su rol constitucional de control político frente a una decisión que involucra una infraestructura considerada estratégica para el país. En ese sentido, Araujo Hernández remarcó que “el Puerto de Ushuaia constituye una infraestructura estratégica para la República Argentina, no sólo por su función comercial y logística, sino por su vinculación directa con el Atlántico Sur, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur, espacios de indiscutible interés nacional, geopolítico y soberano”.
El legislador fueguino puso especial énfasis en la singular configuración territorial de la provincia, a la que definió como archipelágica y profundamente marítima, características que exigen un abordaje específico en materia de transporte y puertos. En esa línea, recordó que esta visión ya fue plasmada en el proyecto de Ley de Provincia Archipelágica, que propone superar una concepción estrictamente continental del territorio y adoptar un enfoque archipelágico, marítimo y bioceánico. Dicha iniciativa recibió recientemente el respaldo del Parlamento del Mercosur.
De esta manera, Araujo Hernández advirtió que “el sistema portuario fueguino, y en particular el Puerto de Ushuaia, no puede ser concebido como un mero enclave administrativo aislado”, sino como una pieza central de un sistema integrado cuya gobernanza debe contemplar criterios de federalismo, autonomía provincial, planificación estratégica y control democrático.
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