El gobierno de Javier Milei dispuso un anticipo financiero de hasta $100.000 millones para Santa Cruz, en medio de la profunda crisis económica que golpea a la provincia sureña. La asistencia, que se efectivizará este mes, busca subsanar las “dificultades transitorias" que aquejan a esa jurisdicción en materia de compromisos "urgentes" del presupuesto y amortización de deudas.
La medida fue implementada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y pone como condición que el monto otorgado a la provincia que gobierna Claudio Vidal debe reintegrarse dentro del mismo ejercicio fiscal 2026. Para asegurar el repago, se utilizarán retenciones automáticas de la coparticipación federal de impuestos y otros recursos coparticipables.
Según consta en el texto oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, el anticipo devengará intereses calculados sobre una Tasa Fija Nominal Anual del 15%.
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El rescate de Milei ante la crisis local
La situación socioeconómica en Santa Cruz es crítica, con un fuerte impacto en el sector comercial y laboral. En la provincia sureña se registra el cierre de un local por día: solo en la ciudad de Río Gallegos, más de 150 comercios cerraron durante el año 2025.
De acuerdo con un informe de la Federación Económica de Santa Cruz (FECE), las ventas minoristas sufrieron derrumbes de entre el 35% y el 57% dependiendo del rubro. En este escenario, el 32% de las empresas redujo su personal y un 62,8% de las PyMEs no pudo afrontar el pago del aguinaldo. Además, el 70% de los negocios tuvo que endeudarse para pagar impuestos y servicios.
Referentes del sector comercial denuncian una actitud "confiscatoria" de ARCA (agencia de recaudación), al señalar que los procesos judiciales por deudas impositivas aumentan significativamente los costos para los comerciantes. En tanto, aunque rige una Ley de Emergencia PyME hasta fin de 2026, los sectores empresariales advierten que es una herramienta insuficiente para resolver los problemas estructurales de la región.
Estos indicadores se producen en un territorio con fuerte dependencia estatal. La economía santacruceña es sumamente dependiente del sector público, ya que esa administración representa cerca del 70% del consumo en la provincia, mientras que la obra pública y la actividad extractiva también traccionan a esa jurisdicción. La crisis de estos elementos impacta fuertemente en el nivel de actividad.
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