Luego de la media sanción del Senado al polémico proyecto de reforma laboral que impulsa el oficialismo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, advirtió que los municipios de Santa Cruz "perderían cerca de $5.000 millones por las modificaciones impositivas" impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
Previo a la sesión de este miércoles, el acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló, entre otros elementos, la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas. Este fue un ítem clave para destrabar el apoyo de las provincias que negoció el ministro del Interior, Diego Santilli, ya que tenía un impacto fiscal de más de 2 billones de pesos en esas jurisdicciones.
No obstante, el artículo eliminado no era el único con efecto fiscal, ya que ese punto explicaba apenas el 38% del costo estimado para provincias y municipios. Grasso señaló que "el resto del impacto negativo sobre los recursos de las provincias y los municipios se mantiene", mientras son los municipios los que están "soportando en primera línea las demandas" de la comunidad y los vecinos, "producto de una crisis económica y social cada vez más profunda".
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Para la mayoría de los mandatarios provinciales pesó más la relación fiscal y política con la Casa Rosada, aunque eso implique acompañar un proyecto que termina con normas laborales históricas y afecta a amplísimos sectores de la sociedad. En declaraciones para El Diario Nuevo Día, el intendente de Río Gallegos afirmó que los gobernadores "negocian a espaldas de la gente y han dejado solos a todos los intendentes del país".
Pese a que los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, que responden al gobernador Claudio Vidal, finalmente votaron en contra del proyecto, el jefe comunal aseguró que "sigue gestionando de manera autónoma y afrontando con recursos propios todo lo que Nación y Provincia abandonaron", como los subsidios a los servicios, al transporte, la salud pública y la seguridad.
Grasso apuntó contra Vidal por la falta de recursos para Río Gallegos
Hace algunas semanas, Grasso también cuestionó los descuentos automáticos de fondos municipales y la falta de asistencia provincial, y afirmó que “la Provincia no manda un peso extra a Río Gallegos, solo lo que corresponde por ley”. En ese marco, defendió la administración local y enumeró inversiones realizadas en equipamiento, obras y servicios, al tiempo que contrastó esa situación con la crisis en la Caja de Servicios Sociales (CSS) y la provisión de medicamentos.
El Intendente sostuvo que parte de los conflictos que se visibilizaron en las últimas semanas respondieron a un escenario habitual de inicio de año y consideró que “a veces se hace más comentario de lo que realmente es”, según indicó en diálogo con Tiempo FM. Al referirse a los controles sanitarios y decomisos de alimentos sin habilitación, aseguró que se trató de una obligación del Estado municipal para resguardar la salud pública y rechazó que esas acciones respondieran a disputas políticas, como se había señalado públicamente.
En tanto, advirtió por "robos en pleno centro" de la ciudad y responsabilizó al gobernador Vidal, al señalar que "la seguridad depende de la provincia". En esa línea, vinculó el avance de hechos delictivos con la suba del desempleo y sostuvo que, sin respuestas integrales, la problemática tenderá a profundizarse. "Cuando hay más desocupación y más conflictividad social, la inseguridad crece. Por eso necesitamos que cada nivel del Estado se haga cargo de lo que le corresponde, para que Río Gallegos no pierda su identidad de ciudad tranquila, cordial y solidaria", señaló.
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