La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se encamina a convertirse en ley la próxima semana cuando el Senado apruebe la normativa sin el artículo relativo a la reducción del salario en casos de licencia por enfermedad. Apenas sea promulgada se esperan diversas presentaciones judiciales que intenten obstaculizar su implementación por ser claramente inconstitucional. Por ejemplo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, adelantó que acudirán a la Justicia. Lo mismo sostuvieron a este medio desde las CTA, que prepara planteos de forma conjunta. ¿Qué posibilidades tienen de prosperar este tipo de reclamos en tribunales?
El Destape consultó a distintos especialistas para conocer las diferentes vías judiciales que se abren. Opinaron exjueces laborales, abogados que litigan en la Justicia del Trabajo y constitucionalistas. También integrantes de las centrales obreras y de sindicatos como el de Prensa. Todos los consultados coincidieron en que la ley es inconstitucional por vulnerar el artículo 14 bis de la Carta Magna y tratados internacionales. Recordemos que a partir de la nueva “Ley de Modernización Laboral”, la jornada laboral podrá extenderse a 12 horas –vía la administración del banco de horas-, las vacaciones fraccionarse, la indemnización pagarse en cuotas y el trabajador activo terminar pagando la indemnización de un par despedido – a través de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral -. También se cercena el derecho a protestar y a huelga, entre otras cosas. Es decir, se barren inmensidad de derechos laborales, se quita protección normativa y se ataca a la actividad sindical para evitar protestas. Un combo pro-patronal completo.
Integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que conduce el diputado Hugo Yasky indicaron a este portal que las dos CTA están trabajando de forma conjunta en diversas presentaciones contra la reforma laboral. Están elaborando sus planteos jurídicos junto a miembros del Foro para la defensa del derecho del trabajo y la justicia social. En principio, se atacará a la reforma desde tres aspectos: desde el plano de los derechos individuales cercenados; del de los derechos colectivos; y por su inconstitucionalidad. No se descarta que las demandas se realicen en más de un fuero. Es decir, podría haber presentaciones en el fuero laboral y en el Contencioso Administrativo, por citar una posibilidad. Pero eso aún no está definido.
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El secretario general de la CGT, Jorge Sola, por su parte, confirmó que la organización sindical que co-preside irá a la Justicia una vez que el Congreso aprueba la reforma laboral. "Estamos avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular", afirmó Sola a Radio La Red.
El jefe sindical, que además es abogado, señaló que “hay dos principios constitucionales que están conculcados” y que el proyecto viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional “además de los tratados internacionales que firmó la Argentina y de los que se firmaron con la Organización Internacional del Trabajo”. Los dos principios constitucionales vulnerados según Sola son: “el principio protectorio del derecho del trabajo, eso significa que hay que defender al trabajador que es la parte más débil en la relación ‘trabajador-empresario’”; y “el de no regresividad de los derechos sociales" ya que "se puede subir el nivel de derechos pero no bajarlos”, afirmó el dirigente.
En una entrevista con Infobae, el secretario general de la CGT contó que, por la cantidad de inconstitucionalidades que tiene la reforma, le preguntó a la senadora libertaria Patricia Bullrich si “tuvieron la posibilidad de pasar esta ley por el filtro de un abogado constitucionalista”. Dijo que balbuceó una respuesta, dando cuenta de que probaron a ver "si pasaba".
Sola no dio mayores precisiones sobre qué tipo de presentación realizarán. Es de esperar que la CGT plantee un amparo colectivo en la Justicia Nacional del Trabajo. Aunque la discusión también podría darse en el fueron Contencioso Administrativo. En la reforma laboral se establece el traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y la paulatina disolución de ese fuero, que no suele fallar de acuerdo a los intereses del empresariado y el gobierno nacional. Por ejemplo, fue la justicia del Trabajo la que declaró la inconstitucionalidad del apartado laboral del megadecreto 70/2023 de Milei, que salvo algunos pasajes sigue vigente. Un dato que no debe pasar desapercibido: por una reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Levinas el tribunal revisor de la Cámara Nacional del Trabajo pasó a ser el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la Corte porteña que responde a Mauricio Macri. Recién después de que se expida el TSJ interviene la Corte Suprema.
De acuerdo al constitucionalista Andrés Gil Domínguez va a resultar muy difícil derribar esta legislación en la Justicia si en el tercer poder del Estado siguen blindando al gobierno nacional. ¿Cuál sería la trampa para contener la andanada de presentaciones que se realizarán? Que los jueces, siguiendo los gestos de la Corte Suprema, actúen como lo hicieron con el decreto 70/2023, esto es, que lleven la discusión judicial al “caso por caso” y desconozcan una legitimación colectiva amplia de los litigantes. Sería una forma para bloquear planteos del estilo que preparan la CGT y las CTA.
En diálogo con este medio, explicó: “Las presentaciones contra la reforma laboral se van a hacer en las justicias provinciales donde se genere una relación de contrato de trabajo porque esto es derecho común. Se podrá impugnar cuando se empiece a aplicar la nueva legislación en casos concretos”. Y añadió: “Los planteos que se hagan van a hacer individuales, de casos concretos en que se demuestre una afectación de un particular. Y no será únicamente en la justicia nacional del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener una primera instancia, una segunda, una corte provincial y recién después la intervención de la Corte nacional. El camino para que llegue al máximo tribunal del país será un camino muy largo y llevará mucho tiempo. Y si llega, será puntual de un caso y favorecerá a quien haya iniciado ese proceso judicial pero no al resto. Por eso es tan grave cuando hay una reforma de leyes que es regresiva porque genera una regresión estructural general que después podrá tener enmiendas parciales en casos particulares pero en su estructura se va a mantener”.
La advertencia del constitucionalista es alarmante. En la misma línea, Gil Domínguez sostuvo que “además solamente se podrán realizar planteos en casos donde el empleador entre en tensión con el trabajador, como por ejemplo en un despido. Pero si un trabajador nuevo accede al empleo no va a plantear apenas entra la inconstitucionalidad de la jornada laboral de 8 a 12 horas. Porque la estaría aceptando. No hay una afectación en sí apenas entre al trabajo”.
Respecto a los planteos colectivos, Gil Domínguez consideró que los deben hacer la CGT, la CTA o sindicatos de una actividad en afectaciones puntuales que hacen a su rama como podría ser el SiPreBA contra la derogación del estatuto del Periodista. Según pudo reconstruir El Destape, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) realizará ante la Justicia del Trabajo un planteo de inconstitucionalidad por “regresividad” (derogación completa del Estatuto del Periodista, sin mecanismo de discusión previo entre las partes colectivas) e “irrazonabilidad” (derogación pospuesta en el tiempo y por tanto sin atender a las circunstancias que podrían existir al momento que opere su eliminación). La presentación también haría foco en la afectación de derechos colectivos, como la negociación colectiva, la huelga y la actividad sindical.
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Gil Domínguez advierte que por el requerimiento de la Justicia de la necesidad de que exista un caso concreto para abrir un expediente contra este tipo de leyes “a menos que un sindicato haga una presentación colectiva y la justicia que actúe tenga una perspectiva de una legitimación colectiva muy amplia, la discusión será 'caso por caso'. Algo parecido a lo que pasó con el decreto 70/2023. Hasta acá, a quienes han intentado atacar el 70/2023, la Corte los cerró. La Corte tiene hace 2 años la inconstitucionalidad del aspecto laboral planteada por las centrales obreras. Yo no esperaría mucho de esta Corte Suprema y menos de esta conformación que ha tenido un sometimiento al gobierno muy fuerte”, señaló el constitucionalista.
Respecto al fuero al que deberían acudir las centrales obreras, Gil Domínguez dijo que “la discusión será si las presentaciones tienen que hacerse ante la justicia nacional laboral o la contencioso administrativa”. El interrogante se abre porque la legitimación de la primera quedará cuestionada. al menos por el gobierno, por lo que se establece en la ley de reforma.
El abogado Daniel Llermanos, miembro de Abogados Solidarios y quien por años estuvo relacionado a la familia Moyano, del gremio de Camioneros, se manifestó en una línea similar a la de Gil Domínguez y aseguró a este medio: “Los planteos de inconstitucionalidad por la reforma laboral habrá que hacerlos sin ningún límite de tiempo ante cuestiones concretas, por ejemplo, una indemnización liquidada a juicio del perjudicado de un modo distinto al que garantizaban los derechos que deroga la nueva ley pero no imagino el planteo colectivo sino siempre el individual y concreto”. Es decir, el "caso por caso".
Por su parte, el excamarista laboral Luis Raffaghelli manifestó ante la consulta de El Destape que “se puede obtener un fallo aislado, una medida cautelar, pero con esta reforma laboral el sistema de garantías constitucionales fue herido de muerte”.
Para la exministra de Trabajo y actual diputada nacional por Unión por la Patria, Kelly Olmos, “la ley nos retrotrae al siglo XIX”.
Ante semejante recorte de derechos: ¿Cómo reaccionará la Justicia?
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