Desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Juan Martín Mena, presentaron una denuncia ante el Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, para que se “investigue” y luego “sancionen” a los responsables de las amenazas en las más de 600 Escuelas en las últimas semanas. El escrito, según detallaron a El Destape, fue coordinado con el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.
Tal como se detalla en la denuncia, solicitaron que se impulse “una investigación orientada a la identificación -y consecuente sanción- de las personas responsables de las conductas vinculadas con la organización, promoción e instigación de las múltiples amenazas que a lo largo de los últimos días tuvieron lugar en más de 600 escuelas bonaerenses”.
Para ello, Mena exigió “la consecuente investigación a través de la UFI y el área temática correspondientes”, y demandó la colaboración de la Dirección de Contra-terrorismo de la Policía Bonaerense, dependiente del ministerio de Seguridad.
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También, solicitaron que “se adopten de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizar la preservación de la prueba digital y la pronta identificación de posibles instigadores, en salvaguarda del interés superior de la niñez y la seguridad pública”. Finalmente, pidieron que “se certifiquen las causas ya iniciadas en los distintos Departamentos Judiciales bonaerenses por los hechos de amenazas”, ya que “podrían obrar elementos probatorios” que permitan “acceder a información relevante” para la dilucidación de los hechos.
Para el Ministerio de Justicia bonaerense, “los comportamientos ligados a la preparación, coordinación y sincronización de cada uno de los emergentes delictivos”, son el verdadero fin a investigar. Se trata, en definitiva, de “instar una pesquisa que se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares” de la provincia de Buenos Aires.
“Resulta imperioso una investigación seria de estas nuevas formas de criminalidad que demuestran ser altamente complejas y que, además de concitar una enorme preocupación social, afectan derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, cuyos contextos ya están atravesados por múltiples factores de vulnerabilidad”, indica el escrito judicial.
Los hechos ocurridos en las escuelas
El 30 de marzo hubo un ataque en la escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Allí un adolescente de 15 años ingresó armado a la escuela, asesinó a un estudiante de 13 años e hirió a otros 8 alumnos. Una de las hipótesis que guía el trabajo de investigación de ese caso se relaciona con la comunidad digital denominada "True CrimeCommunity".
“El foco está puesto en la actividad en línea del agresor, sus contactos y la eventual existencia de una red de interacción simbólica. Días posteriores se detuvo a otro adolescente, considerado a priori un participe secundario del homicidio y de las tentativas de homicidio”, explican en la denuncia.
Tras dicho caso se generó una ola de amenazas de tiroteo a través de TikTok, Instagram y otras redes sociales, así como también en carteles y grafitis en baños y aulas de escuelas de diversas provincias. En la provincia de Buenos Aires, durante este mes de abril, se detectaron amenazas de tiroteos en más de 600 establecimientos educativos.
Para dar previsibilidad y lograr una respuesta uniforme ante estos eventos, “la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires elaboró un protocolo para las escuelas ante una situación de amenazas o presencia de armas”. El documento contiene una serie de pautas respecto de qué acciones se recomienda tomar a los equipos docentes y directivos, buscando priorizar la seguridad psicofísica de los alumnos.
El procedimiento detallado en el protocolo recomienda, ante mensajes amenazantes, alertar rápidamente al equipo directivo de la escuela, el cual deberá notificar a inspectores, jefaturas distritales y regionales, quienes, a su vez, informarán a la dirección de inspección general (y a las direcciones provinciales correspondientes). A su vez, al personal directivo le corresponderá radicar la denuncia formal en la fiscalía o en la dependencia policial.
El protocolo sostiene que toda arma debe ser tratada como si estuviera cargada. Mientras se contacta al 911, el personal de la escuela debe intentar tranquilizar al estudiante involucrado, y, en lo posible, persuadirlo de que deposite el arma en una superficie. Nadie deberá tocar y/o manipular el arma. Se recomienda que un adulto vigile el lugar en donde se encuentra el arma y evite el ingreso de cualquier persona hasta la llegada del personal policial.
Por otro lado, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense advirtió que “reproducir amenazas es una conducta grave, no una broma, y objeto de investigación judicial”. Se orientó a las instituciones a trabajar con estudiantes y familias, a través del Comunicado 195/2026 que brinda las pautas que apuntan a sostener la convivencia en las escuelas, priorizar el cuidado de estudiantes, docentes, auxiliares y familias, y evitar la reproducción o viralización de este tipo de mensajes para no amplificar el temor.
Casos como el reciente tiroteo en un colegio de San Cristóbal y otros, a nivel global, comparten una característica: la planificación de los hechos delictivos. Es decir, no son meros actos impulsivos, sino planificados a partir de un consumo de imágenes y videos de hechos reales previos, con una fascinación por el perpetrador violento, consumidos en entornos digitales pero que también son viralizables y llevados a cabo.
Con adolescencias que se encuentran atravesando una profunda crisis de representatividad, soledad y problemáticas de salud mental, las plataformas donde la violencia se fetichiza y viraliza, el territorio digital aparece como un ecosistema ideal para el surgimiento, la proliferación y la difusión de estas comunidades que ofrecen algo que las adolescencias adolecen: pertenencia.
Es de esta manera que el ministro exige que, para desarticular posibles redes de organización, las medidas probatorias deberían orientarse a “la recuperación de mensajería y actividad en red” de las aplicaciones Telegram y Discord u otras plataformas o redes de las personas ya identificadas.
Que “se releve la participación de las personas implicadas en grupos, canales o servidores vinculados a la comunidad digital ‘True Crime Community’; que “se analicen los metadatos de los archivos distribuidos para establecer una vinculación unívoca entre el contenido ilícito y los dispositivos secuestrados”; y que “se gestionen de manera urgente los pedidos de preservación de datos ante las empresas prestatarias del exterior, para evitar la pérdida de registros de acceso e IPs que resultan vitales para identificar el entramado detrás de los perfiles”.
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