Tras la masiva movilización de más de 120 intendentes de todo el país el martes al mediodía al ministerio de Hacienda, para exigirle a Luis Caputo que retrotraiga el precio de la nafta a marzo y que ejecute obras viales, los dirigentes analizan denunciar al ministro de Economía por “malversación de caudales públicos”.
“Si no obtenemos una pronta respuesta al pedido de comenzar a trabajar en conjunto para normalizar el flujo de fondos, que el gobierno retiene indebidamente y está incumpliendo la ley, presentaremos una denuncia”, indicaron a El Destape desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside Fernando Espinoza.
El artículo 19 de la ley 23.966, modificada por ley 27.430, establece que “un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a los combustibles tiene afectación específica al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte”. Actualmente el gobierno no cumple con esta normativa.
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Además, la ley determina que el fideicomiso puede aplicar “hasta el 20% de lo recaudado en infraestructura ferroviaria, debiendo invertir el porcentaje restante en obras viales, conforme se específica en el decreto 976/2001”. Por tal motivo, los alcaldes analizaron los perjuicios que causa en las familias argentinas la retención indebida de recursos que el gobierno lleva adelante, lo que configura en principio el delito de malversación de caudales públicos.
“Caputo está reteniendo, entre otras cosas, dinero del Impuesto a los Combustibles que debe ser utilizado para reparar y mejora la red vial nacional. Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, con intereses altísimos, compra de dólares y, fundamentalmente, favorecer el Carry trade y la especulación financiera”, sostuvo un intendente.
De acuerdo con un análisis por parte de la FAM, el año pasado el gobierno recaudó para el fideicomiso de infraestructura de transporte “3.5 billones de pesos”. De esa cifra, aproximadamente “el 80% va para el fideicomiso de mantenimiento de rutas y de esa suma, otro 80% va para obras viales”.
Eso significó que a Vialidad debería haber transferido $2.25 billones, pero, según los propios números de Economía, a Vialidad se le transfirieron sólo $1.2 billones. Es decir, $1.15 billones se dedicaron a otros fines, con muchos indicios de que fueron al circuito financiero. Sobre esa base sería la denuncia por malversación de caudales públicos.
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