El gobierno de Javier Milei y los trabajadores de prensa atraviesan uno de sus peores momentos tras los sucesivos ataques del Presidente al periodismo crítico. Es por eso que la senadora nacional de Convicción Federal y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Carolina Moisés presentó un proyecto de ley que busca convertir las salas de periodistas en una obligación permanente del Estado.
La iniciativa, acompañada por los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza del mismo espacio, propone que la existencia de estos espacios físicos no dependa del "humor" del gobierno de turno, sino que sea un requisito institucional.
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El proyecto de ley propone la incorporación del artículo 32 bis a la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 27.275), cuyo núcleo propositivo es establece que los tres poderes del Estado deberán contar de manera obligatoria con una Sala de Prensa Institucional de carácter permanente para periodistas debidamente acreditados. Un punto clave del texto es la especificidad geográfica de estos espacios. Según el proyecto, deben ubicarse en las sedes principales de cada organismo: en la Casa de Gobierno para el Poder Ejecutivo; en el Palacio del Congreso para el Legislativo (garantizando el acceso a ambas cámaras); y en el edificio de la Corte Suprema para el Poder Judicial.
Para evitar maniobras que diluyan la presencia física de los cronistas, la ley prohibiría explícitamente que estos espacios sean reemplazados por "dependencias auxiliares, sedes alternas o espacios virtuales", salvo situaciones de fuerza mayor transitorias y debidamente fundadas.
El fin de las revocaciones masivas
Otro de los pilares del proyecto es la protección de las acreditaciones periodísticas: el texto establece una prohibición expresa a la revocación masiva o arbitraria de credenciales. Bajo esta nueva normativa, cualquier restricción de acceso deberá ser estrictamente individual, motivada, documentada y —fundamentalmente— revisable por la Justicia.
"Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, se deja de informar y se empieza a ocultar", advirtió Moisés y subrayó que las salas de prensa deben ser una "obligación del Estado, no una concesión del poder de turno".
Los fundamentos del proyecto no ocultan el disparador de la iniciativa: la reciente decisión del Gobierno Nacional de dar de baja la totalidad de las acreditaciones en Balcarce 50. Según el documento, esta medida dejó fuera de sus tareas habituales a aproximadamente 60 cronistas acreditados, lo cual calificaron como un "acto de censura directa e inédito en el periodo democrático".
El proyecto destacó que la Sala de Periodistas de la Casa Rosada funcionó ininterrumpidamente desde la década de 1940, resistiendo incluso durante los golpes militares que sufrió el país. Asimismo, subrayó que la restricción actual es vista por diversas organizaciones —como ADEPA, FOPEA, la SIP y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires— como un retroceso grave en la transparencia institucional y un ataque a la libertad de expresión.
La información como bien público
El proyecto se sustenta en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El argumento central es que el acceso a la información pública no es una propiedad del Estado, sino un derecho de la ciudadanía que los funcionarios simplemente administran.
En este sentido, el rol de la prensa en las sedes gubernamentales se define como una herramienta de "escrutinio social" indispensable para la rendición de cuentas. "Sin salas de periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible", concluyó el comunicado oficial de la senadora Moisés.
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