Ley de Tierras: con poner un freno no alcanza

El proyecto de ley de extranjerización de tierras estratégicas se cayó antes de llegar al recinto del Senado, por quinta vez en cuatro meses. El freno lo pusieron una bandera pintada en sábanas de hotel y exhibida ante el mundo por los jugadores que nos representaron ante el mundo, la movilización popular, que precede en meses a esa noche gloriosa en Atlanta, y un dato que ningún gobernador ni senador puede mirar de frente sin pestañear: casi ocho de cada diez argentinos está en contra de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros.

Sin votos para avanzar y con el andamiaje político que garantiza gobernabilidad al borde del derrumbe, el capítulo tres se cayó. Corresponde festejar. Pero debemos entender que no llegamos a ningún lugar sino que este debe ser un nuevo punto de partida. Porque el comunicado del Gobierno dice que "la postergación no implica su eliminación del proyecto". Si la presión cesa, volverán a la carga. Porque, además, el resto de la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada incluye otras cláusulas dañinas. Y sobre todo porque hay mucho por recuperar.

El mapa dice esto: 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras. Eso equivale al cinco por ciento del país, una Inglaterra (o una provincia de Santa Fe) entera. La ley de 2011 se pensó como un tapón para frenar el avance de la venta de tierras a extranjeros, pero no tuvo herramientas para deshacer los abusos consumados. En 36 departamentos de todo el país el límite del 15 por ciento que establece esa norma no se respeta. En cuatro, más de la mitad del suelo está en manos de grandes latifundios extranjeros.

Pero el promedio puede ocultar lo que muestra el territorio: lo que se adquieren no son hectáreas promedio, sino tierras estratégicas. Nacientes de ríos, pasos de frontera, salares, glaciares de escombro. En el mapa se nota cómo estas haciendas se distribuyen en dos franjas que corren en paralelo a la cordillera de los Andes y cuenca del río Paraná. La eliminación del capítulo 3 del proyecto que va a discutirse en el Senado es un triunfo contundente pero no cambia esa situación. La pelea estará incompleta si no se discute, hacia adelante, cómo recuperar lo que ya se entregó.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional intentará aprobar el resto de la ley, incluida la derogación de la veda que impide lotear y vender campos incendiados por 30 a 60 años, justo cuando hay 230 mil hectáreas patagónicas recién quemadas donde ya se ofrecen “inversiones de alto potencial en la Comarca Andina”. También se buscará despojar de derechos básicos a los inquilinos, desarmar el régimen de barrios populares y condicionar cualquier futura expropiación que quiera hacer el Estado a partir de un marco legal mucho más restrictivo.

Mientras tanto, en enero de este año, el gobierno de Milei desistió en secreto de la demanda del Estado para recuperar las 12 mil hectáreas de Joe Lewis en Lago Escondido: acuerdo presentado en feria judicial, homologado contra la opinión del fiscal, expediente reservado. En Río Negro, entre 70 y 110 mil hectáreas compradas a través de prestanombres por el entorno de principes emiratíes y qataríes esperan su turno; un testaferro ya confesó haber comprado las nacientes del río Chubut con dos millones de dólares "donados" por el emir de Abu Dhabi.

El poder opera de forma retroactiva, habilitando hacia adelante y blanqueando hacia atrás. Las herramientas para oponerse también deben contemplar los dos sentidos. La ley de tierras aún vigente, en su artículo 7, declara la “nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno” de los actos que la violan, y el Código Civil garantiza que la nulidad absoluta no sanea ni por prescripción. El decomiso, tal como figura en el artículo 305 del Código Penal, puede proceder sin condena cuando el imputado reconoce el origen ilícito de los bienes.

No son inventos bolivarianos ni extremismo terrorista de izquierda. En 2023, el fiscal general republicano de Arkansas le ordenó a una filial de la china ChemChina vender sus tierras agrícolas; la venta se ejecutó en mayo de 2025. Nueva Zelanda ordena por vía judicial vender lo comprado sin permiso. Francia tiene una institución pública con derecho de preferencia en cualquier operación de compra/venta rural, es decir que puede igualar cualquier oferta de cualquier “acuerdo entre privados” y quedarse con la tierra. Se usó 3.750 veces sólo en el año 2023.

Esta semana quedó probada la mitad de la tesis: frenar se puede. La otra mitad sigue vacante, porque ningún actor político se anima a pronunciar palabras que hacen falta: recuperar, reconquistar, reconstruir. Cuando vuelva un nuevo embate, que lo va a haber, la discusión no puede ser otra vez la misma. Es hora de dejar la trinchera y animarse a avanzar, apoyados sobre los hombros de los millones de argentinos y de argentinas que saben que todavía hay lugares que la grieta no alcanzó, y que lo que está en juego somos ni más ni menos que todos nosotros.