El DNU SIDE y el hostigamiento digital se colaron en el debate del Congreso

El Congreso de la Nación volvió a ser el escenario de una tensión que el Gobierno de La Libertad Avanza no logra domesticar. Mientras la Casa Rosada intenta blindar su gestión bajo un barniz de transparencia, la sesión de Diputados desnudó una realidad más opaca: el uso de decretos para reformar el sistema de inteligencia y la creación de mecanismos paraestatales para perseguir voces disonantes en redes sociales. A través de dos fuertes cuestiones de privilegio, Maximiliano Ferraro y Karina Banfi expusieron el poco consenso que existe detrás de estas dos iniciativas oficialistas y el peligro institucional que representan.

El primero en marcar la cancha fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien denunció lo que considera un "atropello a las atribuciones constitucionales". El foco del conflicto es el DNU 941/2025, firmado por Javier Milei apenas un día después de finalizadas las sesiones extraordinarias. Para Ferraro, este decreto no solo es inconstitucional por la ausencia de una "urgencia fáctica" —dado que el Congreso estaba en pleno funcionamiento hasta horas antes—, sino que representa un retroceso histórico de más de dos décadas en materia de seguridad. El diputado alertó que la norma modifica estructuralmente la Ley de Inteligencia, fusionando peligrosamente la inteligencia estratégica con la seguridad interior y, lo que es aún más grave, habilitando a los agentes de la SIDE a realizar aprehensiones de personas.

"Para el Ejecutivo, el proceso deliberativo pareciera ser un obstáculo y siempre se buscan los atajos", disparó Ferraro desde su banca. El legislador recordó que este es el segundo intento del Gobierno por reformar el sistema de espionaje en menos de dos años, tras el histórico rechazo parlamentario al DNU que pretendía asignar 100.000 millones de pesos a gastos reservados. Según su visión, el nuevo decreto impone un sistema de secreto total por defecto y centraliza información de manera masiva, lo que obliga al Congreso a activar de forma inmediata la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para declarar la nulidad absoluta e insanable de una medida que calificó como "dañina" para la República, pero también la de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia. Ninguna de las dos bicamerales de control fue conformada pese a que, según marcó el diputado, están habilitadas a funcionar de forma permanente incluso durante el receso.

Casi en sintonía, la radical Karina Banfi (actualmente con su monobloque de Adelante Buenos Aires) puso la lupa sobre otra herramienta de control, aunque esta vez situada en el terreno de la comunicación pública: la denominada Oficina de Respuesta Oficial. Esta cuenta de la red social X, que el Gobierno utiliza para cruzar y desmentir a periodistas, fue tildada por Banfi como una "truchada" que copia mal los modelos de verificación internacionales, como el estadounidense que buscó emular. La diputada subrayó que el problema no es el debate político, sino el uso de una cuenta anonimizada para hostigar a quienes difunden información incómoda para la gestión libertaria. “El fast check se hace con evidencia, con datos, con documentos, no con la opinión de un anónimo a sueldo de un funcionario”, sostuvo.

Banfi fue incisiva al señalar que el Estado no tiene potestad para sentenciar verdades desde el anonimato. "El que inventó la Oficina de Respuesta Oficial desconoce el Estado de derecho y cómo funciona la libertad de expresión", sentenció la legisladora, advirtiendo que este tipo de prácticas fomentan la autocensura, un proceso psicológico prohibido por la ley donde el ciudadano elige callar ante el temor al linchamiento digital coordinado desde el poder.

Para la diputada de la UCR, si el Gobierno desea combatir las noticias falsas, debe hacerlo a través de la publicación proactiva de datos prevista en la Ley de Acceso a la Información Pública, y no mediante una agencia de hostigamiento que evoca los años más oscuros de la propaganda política. “Publiquen toda la información, contesten de manera correcta y, por sobre todas las cosas, siempre tengan en cuenta que la verdad, al final de todo, siempre sale a la luz”, advirtió.

Ambas intervenciones dejaron un mensaje nítido en los pasillos de Balcarce 50: el bloque de la "oposición dialoguista" ha encontrado un límite. Entre el manejo de los fondos reservados para el espionaje y la institucionalización del acoso en redes, el Gobierno enfrenta un frente de resistencia que ya no discute solo la economía.