La Corte Suprema de Justicia está desbordada y los números del Anuario Estadístico 2025 no dejan lugar a dudas: ingresaron 58.424 causas, un 27,9% más que el año anterior. Es el pico de litigiosidad más alto de la última década, un récord que no habla de una justicia más eficiente, sino de un país que judicializa hasta lo obvio. Así y todo, el máximo tribunal dictó un 39% más de resoluciones que el año anterior
Como ya adelantó El Destape, este cuello de botella tiene un responsable principal: el sector público. El 59% de los casos que llegan a la Corte son impulsados por organismos del Estado, y la ANSES explica el 93% de ese universo. La estrategia oficial de apelar cada sentencia para dilatar los pagos a jubilados y pensionados es lo que hoy garantiza el colapso del cuarto piso de Talcahuano. La Secretaría Previsional concentra el 71,5% de todo el trabajo de la Corte. No es solo un problema de papeles; es un esquema de postergación sistemática que hoy tiene a la Corte resolviendo, en promedio, conflictos que iniciaron hace siete años.
Para intentar contener este aluvión, la Corte operó en 2025 a una velocidad inédita. Se celebraron 46 acuerdos de ministros en los que se dictaron 15.652 fallos, lo que arroja un promedio asombroso de 356 resoluciones por cada reunión. Con este esfuerzo, el tribunal logró resolver 26.524 casos, un incremento del 39,19% en su productividad interanual. Sin embargo, la matemática de la realidad es cruel: entraron 58 mil causas y salieron 26 mil. El resultado es un déficit de justicia de casi 32.000 expedientes que quedaron acumulados solo en un año.
Los resultados sobre la composición de los casos resueltos en 2025 según secretaría de radicación indican que la mayoría correspondió a la Previsional, con el 54,06% del total (14.338 casos). Le siguen en cantidad la Secretaría Penal, con el 11,84% (3.141 casos); la Laboral, con 11,35% (3.011); la Penal Especial, 5,68% (1.507); la Contencioso Administrativo, con 4,68% (1.241), y la Civil y Comercial, con 4,46% (1.183).
En medio de este océano de causas previsionales, la Corte reserva su artillería institucional para casos quirúrgicos. En 2025, declaró la inconstitucionalidad de 41 normas. El 90% fueron leyes o decretos de provincias, confirmando el rol del tribunal como un árbitro que pone freno a los excesos de las legislaturas locales.
Aunque el 99% de las causas se resuelven con los ministros naturales, existe un margen del 0,49% que requiere la intervención de conjueces de cámaras federales. Es en este pequeño porcentaje donde suelen aparecer las causas que incomodan al poder. Un ejemplo central fue el fallo sobre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En una decisión que sumó los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti a los de los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Sánchez Torres, la Corte revocó el sobreseimiento de Macri en una causa por presunto lavado de activos. La investigación por la compra de un departamento en Miami por más de 400.000 dólares vuelve a abrirse: el tribunal máximo consideró que las sentencias anteriores fueron "dogmáticas" y que no se analizó de manera suficiente el origen de los fondos.
La radiografía que deja el Anuario 2025 es la de un tribunal que trabaja más que nunca pero que no llega a tiempo. El promedio de demora en la Corte es de 609 días, pero la realidad procesal es más larga: casi la mitad de los casos resueltos el año pasado habían arrancado su derrotero judicial hace más de cinco años. Entre el récord de causas de la ANSES y los fallos que marcan la cancha política, la estadística confirma que la Justicia hoy funciona bajo una presión histórica, intentando remediar con sentencias lo que el sistema político no resuelve con gestión.
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