Tras la reunión de la mesa política en la Casa Rosada las espadas legislativas de La Libertad Avanza recibieron la instrucción de continuar con el tratamiento de la Ley de Glaciares. El proyecto que contó con una rápida sanción en el Senado se empantanó en la Cámara de Diputados y va camino a demorarse aún más.
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Es que alertados por las empresas mineras, el oficialismo quiso cumplir con el mandato legal de abrir una audiencia pública ante la modificación de una norma ambiental, pero nunca imaginaron tanto interés. Hasta ahora ya se inscribieron más de 70 mil personas para participar de manera individual en cada una de las dos jornadas. La inscripción cierra recién este viernes por lo que la cifra va a seguir aumentando.
El volumen de inscriptos choca con la necesidad de acelerar que tienen en el Gobierno y quienes buscan explotar los recursos de la cordillera. Los presidentes de las dos comisiones encargadas de organizar el debate advirtieron que no van a poder participar todos y que las exposiciones se van a reservar a los primeros de cada lista de cada provincia. El resto podrá mandar un vídeo o un texto que será anexado.
La presión de la oposición y de las organizaciones ambientalistas está por ampliar la cantidad de días de debate, que por ahora se limitan al miércoles y jueves de la semana que viene. Ya en el plenario que definió este esquema se había planteado que era insuficiente. Por caso el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro había propuesto audiencias por las distintas provincias pero en LLA le contestaron que quería hacer turismo.
“La magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria. En consecuencia, la adopción de criterios organizativos resulta necesaria para garantizar un debate ordenado”, escribieron en un mail Nicolás Mayoraz y José Peluc máximas autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Ambiente, respectivamente.
Detallaron que “se invitará a participar en las audiencias de forma presencial a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”. Las exposiciones arrancan las 10 de la mañana y a cada expositor se le otorga un máximo de cinco minutos, con esos requisitos definidos en el reglamento, es difícil que la participación en ambas jornadas supere las mil personas. Es decir, quedarían afuera 69 mil por lo menos.
“En el oficialismo no se hacen cargo de su decisión. Nosotros advertimos que estaba mal organizado”, aseguran en un despacho opositor. “Estamos viendo cómo garantizar la mayor participación posible, y posteriormente la judicialización de la ley por violar el Acuerdo de Escazu”, suman en el peronismo.
Fue la amenaza de judicialización la que encendió las alertas de las empresas mineras que obligaron al Gobierno a abrir el debate. Se prefirió demorar unas semanas la ley para garantizar una sanción inapelable con posterior cumplimiento efectivo. Pero en esta instancia no hay garantías.
“No vamos a caer en la cultura de la derrota. La gente se está anotando masivamente, vamos a ser cientos de miles”, se entusiasman en el sector ambientalista que arenga a qué se inscriban más personas y sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.
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