Con la provincia de Corrientes en crisis por la caída de la coparticipación federal, el gobernador Juan Pablo Valdés respaldó el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. El mandatario provincial se reunió en Casa Rosada esta semana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, y ratificó su voluntad de "avanzar en una agenda común" que beneficie a su territorio.
Desde la Jefatura de Gabinete informaron que el encuentro se inscribe en la "agenda federal" que la administración de Milei intenta consolidar con los gobernadores dialoguistas. El punto principal fue el análisis del paquete de reformas que el oficialismo pretende aprobar en el Congreso en el corto plazo. "Más gestión, más articulación y más oportunidades para Corrientes", expresó el gobernador a través de sus redes sociales, quien llegó a CABA acompañado por su ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini.
El Gobierno Nacional busca acelerar la salida de la reforma laboral y, para ello, Santilli lanzó una gira federal durante el mes de enero. Como parte de su recorrido, viajó al territorio correntino y llevó a cabo una conferencia de prensa junto al gobernador Valdés. El menor de los hermanos, que llegó al poder en diciembre del año pasado, consideró que los cambios en la norma laboral va a “generar más trabajo”. No obstante, admitió que va a dialogar con ministros, diputados y senadores para tener una postura definitiva con relación al proyecto. De esta manera, Valdés confirmó su respaldo pese a haber reconocido recientemente el delicado cuadro financiero que atraviesa Corrientes.
En diálogo con medios correntinos, el mandatario había sostenido que la provincia no tiene margen para otorgar aumentos salariales. Además, precisó que la nación tiene una deuda cercana a los 250 mil millones de pesos con Corrientes y que el déficit provincial supera los 160 mil millones. En esa oportunidad, el gobernador caracterizó la situación fiscal de la provincia como “compleja”, aunque no dudó en mostrarse favorable a que avancen los cambios que propone Gobierno en la ley laboral.
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Tras el cónclave del oficialismo con los otros jefes de bancada no peronistas, la senadora nacional Patricia Bullrich y el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi, anunciaron que acordaron pedir una sesión para el miércoles 11 de febrero. La ex ministra de seguridad informó que decidieron "trabajar sin hablar de los cambios" sobre los que llegaron "a un acuerdo". "La ley se va a conocer el día que se esté discutiendo", señaló Bullrich y luego reconoció que los cambios en el expediente los tienen "bajo cuatro llaves".
Reforma laboral: los reclamos de Valdés al gobierno de Milei para darle su apoyo al proyecto
Durante el encuentro con los funcionarios nacionales, Valdés puso sobre la mesa un reclamo histórico y económico: la deuda de $37.000 millones que la Nación mantiene con Corrientes por el Consenso Fiscal. Ante la recurrente frase oficial de "no hay plata", el correntino llevó una alternativa técnica: la transferencia de bienes inmuebles.
"Entendemos que el Estado tiene tierras en desuso que puede ocupar como bienes de cambio", había adelantado el gobernador. La propuesta apunta específicamente a la cesión del predio del ex Regimiento y el área del Puerto, activos estratégicos para el desarrollo urbanístico y logístico de la capital correntina. Con esta maniobra, el gobernador busca capitalizar la acreencia provincial sin presionar las exhaustas arcas del Tesoro Nacional.
En otro punto clave, el mandatario correntino exige la reactivación de la obra pública paralizada, además de la falta de mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Corrientes. Asimismo, pide la agilización en los trámites para que se habilite la operatividad del puerto de Ituzaingó -inaugurado a fines de julio de 2025-, las deudas que mantiene la Nación con la caja previsión local: Instituto de Previsión Social (IPS).
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Otra preocupación radica en los artículos que proponen la Reducción de la Carga Tributaria y cambios en el Impuesto a las Ganancias, lo que podría perjudicar la recaudación de fondos coparticipables que llegan a las provincias. En detalle, generan controversia la eliminación de los pagos por venta de inmuebles y la baja del porcentaje de ganancias en las últimas escalas de las empresas. Ante este escenario, los territorios regionales estudian minuciosamente las derogaciones planteadas en el oficialismo.
Desde las provincias advierten que esa reducción implicaría una caída en sus ingresos, en un escenario de recaudación en baja, por lo que reclaman algún tipo de compensación. El diputado nacional cercano al gobernador correntino, Diógenes González, advirtió sobre el impacto fiscal de la medida. “Ganancias es el impuesto coparticipable por excelencia. Sería una caída de 5.000 millones de pesos, que no es un número menor”, señaló hace algunas semanas.
La reunión con gobernadores que había sido convocada para este miércoles al mediodía en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para discutir eventuales modificaciones al proyecto fue cancelada horas antes de que pudiera realizarse. El llamado de un funcionario nacional a varios de los gobernadores “dialoguistas” fue decisivo para desactivar un cónclave que, en el diseño original de sus impulsores, pretendía mostrar una posición unificada frente al impacto que podría tener el capítulo fiscal del proyecto
