Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con el proceso de concesión y apuesta al traspaso de rutas a provincias, desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial aseguran que el nuevo sistema representa “una burla a los usuarios” y advierten por el impacto que tendrá sobre los usuarios y el costo del transporte.
El Gobierno Nacional busca avanzar con su estrategia para reactivar la infraestructura vial mediante concesiones privadas y una mayor participación de las provincias en la gestión de rutas nacionales. En este marco, el nuevo esquema contempla la instalación de cinco estaciones de peaje en el tramo de la Ruta Nacional 11 que conecta Santa Fe con Resistencia. Sin embargo, desde la entidad multisectorial cuestionaron la medida.
Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, sostuvo que el sistema no constituye un peaje tradicional, ya que se cobra sobre rutas existentes y sin caminos alternativos. “Esto no es peaje, es un impuesto a la circulación”, afirmó. Según planteó en diálogo con AIRE, las concesiones se limitarían principalmente a tareas de mantenimiento como corte de pasto y bacheo, mientras que las tarifas podrían duplicarse, triplicarse o incluso cuadruplicarse en algunos casos.
En ese sentido, señaló que, al haber distintas concesiones y empresas interesadas, cada operador podría establecer diferentes valores. “Hay casos de 1.300 pesos, de 4.000, de 3.000”, explicó. Además, mencionó el caso del peaje del puente Rosario-Victoria, donde, según indicó, un automóvil podría llegar a pagar alrededor de 5.000 pesos, mientras que un camión abonaría hasta 45.000 pesos por estación, de acuerdo con la cantidad de ejes.
Además, reclamó mayores controles sobre el destino de los fondos para infraestructura vial y criticó el traspaso de rutas nacionales a las provincias sin el correspondiente presupuesto para su mantenimiento. “Hay una falta de política de Estado de transporte”, afirmó.
El impacto en el transporte y la falta de fondos para las rutas
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial advirtió que el costo de los peajes no afecta únicamente a quienes tienen un vehículo. “Todo lo termina pagando la sociedad en su conjunto”, sostuvo, al explicar que el costo del transporte se traslada luego al precio de los productos que llegan a los comercios.
Lasca rechazó el argumento de que no existen recursos para mejorar la red vial argentina. Según sostuvo, el impuesto a los combustibles recauda miles de millones de dólares al año y debería utilizarse para financiar obras de infraestructura.
Hace algunas semanas, el Gobierno dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para julio que tendrá impacto en los surtidores y difirió para agosto el resto del ajuste pendiente, mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.
De esta manera, el gobierno de Milei continúa desdoblando y postergando los aumentos impositivos plenos sobre los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación. Sin embargo, con los ingresos tan deprimidos, cualquier mínimo movimiento hace mella sobre salarios ya pulverizados por la crisis.
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