El proceso de privatización y relicitación de los corredores viales nacionales que lleva adelante el gobierno de Javier Milei pone en peligro a 50 trabajadores que, en medio de la crisis económica, podrían quedar en la calle.
El Sindicato Único de Trabajadores de Concesiones Viales (Sutracovi) advirtió que varias decenas de empleados de las estaciones de peaje ubicadas en Ceres, Santa Fe, y localidades cercanas podrían perder sus puestos de trabajo, en un contexto de incertidumbre por el futuro de las concesiones.
El secretario general del gremio, Marcos Gilardi, explicó que, si bien circuló la versión de que todas las estaciones dejarían de funcionar el 31 de julio, la situación es distinta. Según detalló al programa radial La MAX Stream Radio 95.5, el proceso de concesión se está desarrollando por etapas y, en el caso de los corredores del norte y litoral del país, todavía no fueron adjudicadas las nuevas empresas que estarán a cargo de la operación.
Despidos e indemnizaciones
Mientras avanza la transición, Corredores Viales comenzó a ofrecer acuerdos de desvinculación al personal. Gilardi denunció que quienes rechacen esas propuestas recibirán telegramas de despido bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y cuestionó la modalidad utilizada para calcular las indemnizaciones.
El dirigente, quien además aseguró que la empresa intenta aplicar una liquidación reducida para incentivar la firma de esos convenios. El gremio estima que solo entre las estaciones de peaje de Ceres y la zona aledaña más de 50 familias podrían quedar sin ingresos, una situación que consideran especialmente grave debido a la escasa oferta laboral existente en el departamento San Cristóbal.
Desde Sutracovi también cuestionaron el modelo de reconversión tecnológica impulsado para los corredores nacionales, basado en sistemas de cobro automático como Free Flow, TelePase y códigos QR.
Gilardi citó como antecedente lo ocurrido en el puente Rosario-Victoria, donde, según indicó, de una planta de 70 trabajadores, la nueva concesionaria solo reincorporó a 12 empleados. Además, señaló que el nuevo esquema contempla la instalación de pórticos de cobro aproximadamente cada 100 kilómetros, con posibles ubicaciones sobre la Ruta Nacional 34 en sectores como Pinto, Sunchales y Rafaela.
Otro de los cuestionamientos apunta a los pliegos de licitación elaborados por el Gobierno nacional. El sindicato sostiene que las futuras concesionarias tendrán obligaciones limitadas al mantenimiento básico de las rutas, como corte de pasto y señalización, sin precisiones sobre servicios esenciales.
El gremio advirtió que no existen garantías respecto de la continuidad de la asistencia mediante grúas, bomberos o atención en siniestros, responsabilidades que podrían terminar recayendo sobre municipios y comunas. Gilardi comparó esta situación con la experiencia de las rutas administradas por la provincia de Santa Fe, donde, según explicó, se impulsaron mesas de diálogo y programas de capacitación para adaptar al personal a las nuevas tecnologías sin perder los puestos de trabajo.
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