ANDIS: se termina la tanda de 35 “nuevas” indagatorias y el juez Lijo definirá si procesa al ex socio de Fred Machado y complica más a Spagnuolo

Este martes concluirá una ronda de 35 “nuevas indagatorias” en el marco del Coimagate, la causa donde se investiga “una enorme trama de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el juez Ariel Lijo estará en condiciones de resolver la situación procesal de esta treintena de acusados, a quienes el fiscal Franco Picardi les achaca la participación en maniobras delictivas que superan los 75.000 millones de pesos y a algunos de ellos, como Sergio Mastropietro y Alan Pocoví, “lavado de dinero”. El primero es el exsocio del acusado narco Federico “Fred” Machado. El segundo está vinculado a la familia Menem.

El 16 de junio, con las citaciones de Martín Armella y Emilio Olguin, terminará la ronda de 35 indagatorias. A todos estos convocados se los acusó “de haber formado parte de una organización delictiva de más de tres miembros que -al menos- desde diciembre de 2023 hasta el mes de octubre de 2025, habría estado dedicada a cometer hechos ilícitos en perjuicio de la administración pública, a través de acuerdos ilegales entre funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (en adelante ANDIS) y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (denominados PACBI). Específicamente, con la manipulación de procesos de contratación pública vinculados con la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, a favor de determinadas empresas previamente seleccionadas -simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones- se habrían generado beneficios económicos indebidos en perjuicio del Estado Nacional, con promesas y entregas de dádivas a funcionarios públicos”.

¿Qué surgió de estas indagatorias según pudo reconstruir El Destape? Que los 33 citados hasta ahora se negaron a declarar y responder preguntas. Algunos presentaron escritos en los que negaron los hechos que se les achaca, como Mastropietro. Los exfuncionarios más comprometidos, como Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, ni siquiera lo intentaron. Ninguno de los 33 pudo dar una explicación para derribar la acusación central de la pesquisa. Por ejemplo, desde las firmas involucradas adujeron que competían por obtener las contrataciones de la ANDIS y que quien ganaba la compulsa lo hacía de forma legal pero a la hora de explicar los mensajes que intercambiaban con Calvete y la facturación cruzada que consta en la causa los argumentos se diluyen. En tribunales afirman que a esta altura del proceso no aparecieron respuestas verosímiles sobre esos hechos.

Así las cosas, tras la declaración del último indagado, Lijo podrá avanzar con la resolución de la situación procesal de los acusados.

Es de esperar que haya más procesamientos, que se sumen a los 19 que ya tiene el caso. Esto implica que en breve podría complicarse aún más la situación judicial de Diego Spagnuolo, el íntimo amigo y exabogado del presidente Javier Milei, quien estaba al frente de la agencia de discapacidad y tuvo que ampliar su indagatoria por estos nuevos hechos.

Los primeros 19 procesamientos del Coimagate fueron dictados por el primer juez del caso, Sebastián Casanello, quien estuvo subrogando el juzgado federal Nº 11 –donde tramita este expediente- hasta mediados de febrero pasado. Lijo, que fue el candidato de Milei para la Corte Suprema, postulación que no prosperó por falta de apoyo en el Senado, lo reemplazó en esa subrogancia hace 4 meses. Este magistrado tenía para resolver 6 indagatorias ya ordenadas por Casanello el 9 de febrero pasado. Entre esa media docena de imputados figuraban Mastropietro y Alan Pocovi. Pero además, Lijo tenía en su poder desde el 19 de marzo un pedido del fiscal Picardi para realizar otras 29 indagatorias. Lijo, finalmente, ordenó en abril que se realicen esas 35 citacioines. Cinco fueron ampliaciones de indagatoria para acusados ya procesados como Spagnuolo y Calvete. Las tres decenas restantes de imputados que desfilaron por Comodoro Py declararon por primera vez en esta causa.

La pista del lavado y el rol del exsocio de Fred Machado

Uno de los aspectos que se abordaron en esta segunda etapa del Coimagate fue la pista financiera y el lavado de dinero obtenido de forma ilegal de la ANDIS. Seis de los 35 imputados fueron convocados por esta cuestión el 9 de febrero por el entonces juez del caso, Sebastián Casanello. En el que fue uno de sus últimos actos al frente del Coimagate, aquel día Casanello dictó el procesamiento de Spagnuolo y el de 18 personas más por el enorme sistema de corrupción que funcionó en el mentado organismo público. En la misma resolución, el magistrado convocó a Fabián Parlakian, Matias Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Pocovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta a indagatoria. Lijo, cuando reemplazó a Casanello, se tomó su tiempo pero dos meses más tarde fijó fecha para esas citaciones.

Mastropietro y Pocovi son dos figuras centrales para la fiscalía. Picardi les achaca un papel preponderante en el “blanqueo” del dinero extraído de la ANDIS de forma ilegal. Ambos tienen características muy particulares y se negaron a declarar cuando estuvieron frente al juez y el fiscal.

Mastropietro es exsocio del acusado de narco Federico “Fred” Machado (Machado está vinculado a José Luis Espert en el Narcoescándalo). El empresario fue vinculado en esta investigación a la firma Baires Fly S.A., que según la Justicia “habría intervenido en la recepción de fondos provenientes de empresas proveedoras de la ANDIS, a cambio de la emisión de facturación por supuestos servicios —tales como kilómetros de vuelo—, en operaciones intermediadas por Miguel Ángel Calvete”. Calvete fue otro de los citados a ampliar su indagatoria y junto a Spagnuolo ya fue procesado por Casanello por ser considerado uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS. Estos dos procesados también eligieron no declarar.

Respecto a Mastropietro, al citarlo a indagatoria Lijo se hizo eco de la acusación de Picardi y sostuvo que “se observó un circuito de facturaciones cruzadas entre las empresas de Miguel Ángel Calvete, la familia Sagués y Sergio Mastropietro -vinculado a la firma Baires Fly SA-, mediante transferencias de millonarias sumas de dinero de empresas de dicho grupo familiar a la empresa Baires Fly S.A., con la intermediación de Miguel Ángel Calvete”. Siguiendo lo que investigó Picardi, el juez agregó que “las firmas Probock SRL y Prolite Orthopedics SRL realizaron a la firma Baires Fly transferencias de dinero por una suma total de $95.060.000” el 10 de septiembre de 2025.

Tal como se había establecido el 9 de febrero pasado, Mastropietro fue socio de Lorena Di Giorno, una de las 19 procesadas en esta causa, y mantenía relación “cercana” con Calvete, uno de los jefes paraestatales de la ANDIS, quien le envió archivos que “contienen transferencias dinerarias por cientos de millones de pesos argentinos a Baires Fly S.A”. ¿Cuál fue el concepto de los giros? “POR COMPRA DE KILÓMETROS NACIONALES PARA SER UTILIZADO EN AERONAVES DE LA EMPRESA”. Para Picardi  “la descripción genérica e inespecífica del concepto, sumado a la abundante evidencia colectada hasta el momento, podría ser indicativo de que dichas operaciones están destinadas a disimular el origen y/o el destino de los fondos”.

Además, según pudo reconstruir la fiscalía, Mastropietro visitó en dos ocasiones a Spagnuolo en su casa. “Ingresó a ‘Altos de Campo Grande’ -barrio privado en el que vive Diego Orlando Spagnuolo-, junto a Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Ariana Muñoz, los días 30 de marzo y 3 de mayo de 2025”, precisó Picardi en uno de sus dictámenes acusatorios.

En el primer dictamen con el que el fiscal Picardi dejó expuesta la enorme trama de corrupción que funcionó en la ANDIS señaló que “parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la agencia de discapacidad, serían ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia. Como veremos, Miguel Ángel Calvete giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro (Baires Fly S.A.) y a Alan Pocoví”.

A finales de mayo pasado, Mastropietro optó por no declarar en su indagatoria pero presentó un escrito de 56 páginas en el que dijo que no tiene ninguna relación con Baires Fly sino que su relación es con Baires Jet. “No sólo no administro ni participo de las decisiones de BAIRES FLY, sino que tampoco la integro en ninguna calidad. No comparto las oficinas en donde está realiza sus operaciones”, se defendió para desvincularse de esa firma. Igualmente, aseguró que “teniendo en consideración que Baires Fly es una de las empresas más importante de vuelos privados ejecutivos de la Argentina, mi vinculación se limitó al rol de referenciador, a fin de cubrir la necesidad que me había trasmitido Calvete respecto a la contratación del servicio de transporte aéreo”. Es decir, sí actuó como intermediario entre Calvete y esa empresa.

Respecto a la “compra de kilómetros”, precisó: “De ninguna MANERA se puede inferir y sostener que las transferencias efectuadas por Calvete a la firma Baires Fly, no se ajusten a la realidad ‘VENTA DE KILOMETROS NACIONALES’, propia de la actividad”. “Es una modalidad absolutamente frecuente y típica de la actividad, por muy desconocida que le resulte al Ministerio Público Fiscal”, añadió.

A su vez, reconoció que conoce a Calvete desde el 2015 porque “ejercía como la persona referente de los supermercados Chinos y de los Comercios de Proximidad” y dijo que lo contactó con Baires Fly. En otro apartado aseguró que conoció a Spagnuolo porque “Calvete me refirió si quería conocer al abogado del Presidente de la Nación” y aceptó la propuesta por lo que se juntaron a comer. “Quiero poner de resalto que Diego Spagnuolo siempre que se presentó lo hizo como abogado del Presidente de la Nación, nunca supe que tenía funciones en la Agencia de Discapacidad, hasta que tomara conocimiento de los hechos por los medios públicos”, resaltó Mastropietro.

Para intentar justificar sus intercambios en los que le enviaba información bancaria de Baires Fly a Calvete, el empresario indicó que “fue únicamente que por el conocimiento que tenía de ambas partes, Calvete me solicitó los datos bancarios de Baires Fly. Por supuesto que no los conocía ni tenia a mi alcance por lo que se los solicité a personal de Baires Fly y una vez que me son enviados, se los remito a Calvete”, aclaró.

También señaló que “a lo largo de la causa, quedó demostrado que no hay ninguna prueba que vincule a mi persona con supuestas transferencias bancarias ni fondos de origen supuestamente ilegal, como tampoco en participación a través de firmas que hayan participado con ‘ANDIS’, como tampoco existe prueba alguna que la empresa vinculada a esta parte ‘Baires Jets’ haya efectuado transferencia de sumas desde ‘ANDIS’”.

Sobre Lorena Di Giorno, con quien compartió una sociedad, aseguró “que jamás (la) conocí” ni “tuve trato directo y/o indirecto con la misma, pues el proyecto nunca llegó a concretarse, por lo que la referida sociedad jamás funcionó”.

Un dato curioso en el marco de este proceso es la desaparición del celular de Mastropietro. Por todo lo que giró en torno al fracasado secuestro de ese aparto, el juez Casanello radicó una denuncia penal para que se investigue un posible “delito de acción pública” por parte de integrantes de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quienes tuvieron la orden de secuestrarle el celular al empresario apenas ingresara al país el 14 de noviembre de 2025 pero no cumplieron la orden judicial como correspondía y el aparato telefónico, clave para la pesquisa, misteriosamente desapareció.

En lo que hace a Pocovi pesa una imputación similar a la de Mastropietro. Lijo sostuvo que “habría recibido de manera habitual sumas significativas —en moneda local y extranjera— provenientes de dichas firmas por indicación de Calvete, encargándose de su recaudación y posterior canalización mediante maniobras destinadas a disimular su origen ilícito”. El juez Casanello –el primer magistrado del Coimagate- cuando ordenó que se cite a Pocovi a indagatoria, resaltó: “Recibió dinero tanto de Calvete como de otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de la ANDIS” y “se ha comprobado que Kevin Pocoví (hermano de Alan) visitó a Spagnuolo en su domicilio particular varias veces mientras estaba al frente de la Agencia”. Al menos lo visitó el 21 y 22 de enero de 2024, el 4 de febrero, el 9 de marzo y el 26 de mayo de ese mismo año.

De acuerdo a Picardi, Alan Pocoví recibía dinero de Calvete y parte de los fondos “serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”. Para Picardi, Pocoví “sería una de las personas a cargo de la recaudación de fondos y/o de las maniobras tendientes al blanqueo del dinero proveniente de las ganancias indebidas, obtenidas en el ámbito de ANDIS”. Cuando concurrió a tribunales se negó a declarar.

Los otros 29 indagados

El pasado 19 de marzo, el fiscal Franco Picardi emitió un dictamen en el que requirió 29 nuevas indagatorias por detectar nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la ANDIS que involucran a “funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”. El representante del Ministerio Público Fiscal precisó que los hechos investigados que se les achacan “implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”. Lijo hizo lugar al requerimiento de Picardi –que había firmado el dictamen junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez- y cursó las citaciones que agrupó con las seis indagatorias relacionadas al circuito del dinero.

En este grupo de 29 hubo 5 ampliaciones de indagatoria: las de Spagnuolo, Garbellini, Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.

A su vez hubo 22 nuevos imputados que desfilaron por los tribunales de Comodoro Py hasta la confección de esta nota: Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta. El martes, Olguin y Armella cerrarán esta tanda de indagatorias.

Como informó El Destape, Picardi describió que los “nuevos hallazgos” que hubo en el Coimagate que motivaron estas indagatorias demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de un entramado delictivo en la ANDIS que fue “conducido desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian”. Se trata de los cuatro acusados que ya fueron procesados como jefes de la asociación ilícita en el marco de esta causa.

Esta ronda de 29 indagatorias se produjo luego de que Picardi junto a Rodríguez hallaran serias irregularidades “en las compulsas de precios del rubro insumos” de la ANDIS, puntualmente en los segmentos “amputación”, “audífonos”, “cardio”, “implante auditivo”, “neuro”, “sillas/andadores” y “traumatología”. La fiscalía describió direccionamientos de adjudicaciones y cartelización de empresas, que estaban relacionadas a quienes definían las compras. Estas maniobras se suman a las que se hacían con los medicamentos, por las que en su momento Casanello dictó los primeros procesamientos del caso.

Picardi explicó que las novedades “no constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente”.

A partir del martes, Lijo estará en condiciones de resolver la situación procesal de estos 35 acusados. Pero la pesquisa no concluirá allí. Picardi adelantó que continúa avanzando con la investigación que ya lleva 9 meses por lo que es de esperar que se sigan sumando imputaciones.