El Ministerio de Justicia de la Nación puso en marcha del “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”, una reforma estructural que busca recortar la carga administrativa de esas entidades estatales de gestión privada. A través de la Resolución 306/2026, la cartera que dirige Juan Bautista Mahiques estableció las bases para migrar hacia un esquema íntegramente digital, con el objetivo de "reducir la burocracia" y los costos que enfrentan los ciudadanos al realizar trámites de propiedad automotor.
Esta medida se fundamenta en los principios de modernización impulsados desde el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que promovió la desregulación y simplificación de los procesos estatales. Según los considerandos de la normativa, el sistema actual presenta “elevados niveles de complejidad” debido a la proliferación de formularios, requisitos diferenciales y una modalidad de gestión basada en el soporte papel que resulta obsoleta frente a las nuevas tecnologías.
El plan se estructura sobre tres ejes estratégicos: la transformación tecnológica del sistema, la evolución de las instituciones registrales y la adecuación normativa para consolidar el nuevo modelo. El objetivo final, según el Gobierno, es evolucionar hacia un “ecosistema registral digital, interoperable y centrado en el ciudadano”.
Para el usuario, uno de los cambios más tangibles es la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como nueva unidad de medida para los aranceles. Este sistema reemplaza un esquema de más de 100 trámites con valores individuales que el propio Ministerio reconoció como complejo. El valor de cada MRPA se fijó en 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), la referencia del Banco Central, y su actualización será cuatrimestral. Con esto, el Ejecutivo busca dar transparencia a los costos de las transferencias e inscripciones.
Desafíos técnicos, inflación y el impacto en la red de atención física
A pesar de los beneficios proyectados, la implementación de esta reforma integral no está exenta de puntos críticos que podrían generar conflictos operativos y sociales. Uno de los principales focos de tensión reside en la reorganización de la red de registros seccionales. Actualmente existen más de 1.500 oficinas en todo el país que enfrentarán una “reducción progresiva de la planta física”. Si bien el plan contempla mantener oficinas de asistencia presencial para personas con dificultades de acceso tecnológico, la desterritorialización del sistema y el cierre de sedes tradicionales plantean interrogantes sobre la cobertura en zonas alejadas y el impacto laboral en el sector.
Otro punto de fricción es el nuevo esquema de ingresos para los encargados de los registros. La Resolución 308/2026 modifica el sistema de liquidación, estableciendo que estos percibirán sus ingresos basados en el “remanente de la recaudación” una vez descontados los aranceles y costos operativos. Este cambio de modelo, sumado a la digitalización que prescinde de la intermediación presencial, altera profundamente la ecuación económica de los registros seccionales vigentes.
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Asimismo, la indexación de los trámites a la UVA introduce un factor de incertidumbre económica para el ciudadano, ya que al actualizarse cuatrimestralmente según la cotización del Banco Central, los aranceles quedarán atados a la evolución de la inflación, lo que garantiza la sostenibilidad del sistema pero elimina la estabilidad de los precios fijos en pesos.
A esto se suma el desafío técnico de digitalizar el acervo documental histórico; los legajos físicos custodiados en cada oficina deben pasar a repositorios digitales en un proceso que debe ser “gradual, ordenado y jurídicamente seguro” para evitar la pérdida de antecedentes críticos de propiedad. Finalmente, la celeridad de los plazos —con solo 30 días para presentar el cronograma de implementación— pone a prueba la capacidad de respuesta de la Dirección Nacional ante una reforma de tal magnitud.
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