Adorni, Andis, $Libra: la ruta del dinero que conecta los escándalos que complican a Milei

No hace falta buscar hilos sueltos para armar el tejido. En el telar de la abundancia mileísta los hilos se unen con la fluidez del dinero fácil. Tres escándalos que a primera vista parecen separados —la maniobra cripto conocida como $LIBRA, la red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las transferencias en billeteras virtuales vinculadas al ahora jefe de Gabinete Manuel Adorni— comparten geografía, instrumentos y, en varios tramos, operadores. Billeteras sin respaldo, plataformas cripto de escaso registro oficial, financieras instaladas en torres de lujo, prestanombres de barrios de emergencia: el mapa del dinero libertario tiene sus propias coordenadas, y los datos que emergen de los documentos judiciales contribuyen a completar el mapa.

Un vocero en la escena del crimen

El 14 de febrero de 2025, a las 19:01 horas con 22 segundos, Javier Milei publicó en su cuenta de X el enlace y el número de contrato de $LIBRA, la criptomoneda del proyecto "Viva La Libertad". En ese preciso intervalo de 22 segundos, 87 transacciones desde 74 billeteras distintas movieron 13,5 millones de dólares. El informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, aprobado el 18 de noviembre de 2025, concluyó que ese comportamiento es compatible con operaciones de insiders y automatización —lo que en el ecosistema cripto se denomina sniping—, que presuponen conocimiento anticipado del lanzamiento. El token llegó a valer 1,20 dólares por unidad. Menos de cuarenta minutos después, colapsó. El mecanismo fue el de un rug pull clásico: los creadores y tenedores iniciales liquidaron masivamente sus posiciones, retiraron la liquidez del mercado y dejaron a los compradores tardíos con activos sin valor.

Manuel Adorni no estaba en las redes esa noche. Pero estaba en línea con el negocio. El informe parlamentario registró que el entonces vocero presidencial participó de al menos dos reuniones clave con los promotores del proyecto: el 19 de octubre de 2024 en el Hotel Libertador, en el marco del Tech Forum, junto al presidente Milei, Bartosz Lipinski de Cube Group y Mauricio Novelli, y otra reunión el mismo día con Julian Peh de KIP Protocol. El 30 de enero de 2025, quince días antes del lanzamiento del token, el registro de audiencias de la Casa Rosada certifica que Hayden Davis y Mauricio Novelli ingresaron al despacho presidencial. Esa reunión fue solicitada formalmente por Novelli, empleador y operador de negocios cripto vinculados a los hermanos Milei antes y después del arribo a la presidencia de la Nación.

Adorni, ya como jefe de Gabinete, respondió por escrito a más de 2.100 preguntas de los diputados. Negó que existiera un contrato entre Milei y Davis, y calificó las informaciones al respecto como provenientes de filtraciones periodísticas. "No hay constancias de ningún instrumento de esa naturaleza", mintió en su informe. La pesquisa judicial en el teléfono de Novelli encontró un documento que describe un presunto pago de cinco millones de dólares vinculado al criptoactivo. El documento, revelado por El Destape, reactivó la investigación que lleva a ritmo lento el ubicuo fiscal Jorge Taiano.

La pista cripto

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Adorni fijó esta semana la vista sobre una pista cripto con nombre propio: Lemon. La diputada Marcela Pagano, impulsora del expediente, presentó una denuncia en la que señaló que el jefe de Gabinete habría recibido sumas de hasta tres millones de dólares a través de esa billetera virtual, entre otras. Lemon —conocida originalmente como Lemon Cash— es una plataforma de origen argentino que permite operar pesos y criptomonedas desde una misma interfaz. Sus usuarios pueden comprar y vender criptoactivos, usar una tarjeta Visa que debita directamente del saldo en cripto o pesos, y obtener retornos en Bitcoin por cada consumo. Lo que la hace opaca para los organismos de control locales es una decisión societaria del año 2021: la empresa trasladó la custodia de sus activos digitales a El Salvador a través de la firma Lanin Pay. Las transacciones en pesos son informadas a la ARCA; los activos en criptomoneda quedan bajo jurisdicción extranjera, fuera del alcance inmediato de la trazabilidad nacional. La empresa reaccionó al escándalo con un comunicado en que negó la cifra denunciada por Pagano, y confirmó haber respondido a los oficios remitidos por la justicia.

El fiscal Gerardo Pollicita tiene en su poder esos datos y analiza si los movimientos detectados son compatibles con el patrimonio que Adorni declaró. Para eso, el juez de la causa ordenó la reconstrucción financiera del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angletti, desde 2022 hasta la fecha. Es decir, desde un año antes de que La Libertad Avanza ganara las elecciones y Adorni abandonara su rol como periodista para sumarse al gobierno. La medida abarca billeteras virtuales, cuentas sueldo, CVU, alias, tarjetas, líneas de crédito, tenencia o transferencia de criptoactivos y giro de divisas al exterior. El objetivo es detectar si hubo un cambio abrupto en la composición del patrimonio familiar en un período corto de tiempo.

En esa línea de investigación, resulta de interés para el fiscal la información provista por el periodista Nicolás Wiñazky, quien contó que autos oficiales llegaron a la residencia del country Indio Cuá y se llevaron racks con placas de video para minería de criptomonedas. Según los reportes que obran en fiscalía, los movimientos en criptomonedas habrían involucrado más de una billetera virtual. Las cifras que circulan en la investigación van de USD 30.000 a USD 50.000 en transferencias rastreadas.

La comisión parlamentaria que investigó $LIBRA intentó profundizar en los vínculos de Adorni con el escándalo, aunque concluido el plazo de la investigación debió consignar que ninguno de los funcionarios relevantes —entre ellos el propio Jefe de Gabinete— registraba en sus declaraciones juradas vínculos patrimoniales o societarios con las personas involucradas en el caso, “según el informe de la Oficina Anticorrupción”. El informe parlamentario usa el término "supuestamente" de forma deliberada cada vez que reproduce lo que la OA afirma: el organismo nunca remitió la documentación que respaldara esa conclusión.

El Informe dedica un capítulo al mecanismo institucional con el cual el gobierno respondió al escándalo. La OA, cuyos titulares dependen del Poder Ejecutivo, concluyó que los hechos no configuraban infracción ética sancionable y cerró el expediente administrativo. Ese cierre fue luego invocado por el gobierno como prueba de que el caso estaba resuelto. La comisión señaló que la OA nunca remitió a los legisladores la documentación que respaldaba esa conclusión. El entonces titular del organismo, Alejandro Melik, se negó a comparecer ante la comisión. La citación tuvo que dejarse en la puerta de la sede institucional porque nadie se dignó a recibirla.

La misma práctica se aplicó con Karina Milei, citada a declarar en dos fechas alternativas de septiembre de 2025 ante la comisión. No se presentó, no propuso alternativas, no envió comunicación alguna. Su silencio absoluto, como registra el informe, no tuvo la gracia de una excusa.

El argumento central de la OA para eximir al Presidente fue que su posteo en X fue una expresión personal, no un acto de gobierno. La comisión parlamentaria calificó esa doctrina de “jurídicamente insostenible”: el Presidente tiene su cuenta verificada con tilde gris de organización gubernamental, y su investidura no se suspende cuando publica en redes. La teoría del "ciudadano Milei" coexistiendo con el "Presidente Milei" cada vez que conviene, es una construcción ad hoc para resolver un problema que no admite solución limpia.

La complicidad de la OA en la pretendida cobertura del caso $LIBRA cobra relevancia de cara al caso Adorni: el Jefe de Gabinete jura y perjura que las explicaciones patrimoniales que aún no dio al público y a la justicia estarán volcadas en la Declaración Jurada que presentará —con beneficio de prórroga— ante el organismo. Si se ciñe a los antecedentes, es de esperar que la Oficina emita otra pátina de cobertura para el funcionario en desgracia.

ANDIS y el circuito del dinero negro

A trece cuadras de la Casa Rosada, en el piso 10 de la Torre Catalinas Plaza, funcionó durante meses un nodo del circuito financiero que la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi identificó como brazo de lavado de la organización que operó en la ANDIS. El fiscal reconstruyó la mecánica en sus dictámenes: el dinero recaudado de manera ilegal en el organismo de discapacidad —a través de la manipulación de contratos de provisión de medicamentos e insumos de alto costo— llegaba en efectivo a esa oficina, circulaba por billeteras virtuales de bajo registro y regresaba transformado a los integrantes de la estructura.

La causa, denominada Coimagate, tiene 19 personas procesadas y una tanda de 35 nuevas indagatorias ordenadas por el juez Ariel Lijo, el mismo magistrado que interviene en los casos $Libra y Adorni, que quedó en gateras de ser ministro de la Corte designado por decreto de Milei. Aquel disgusto se convirtió en enemistad cuando el gobierno designó a Juan Bautista Mahiques, competencia de Lijo en la carrera por la Procuración general.

El magistrado se expresa imprimiendo a los procesos inusitada velocidad. El pasado 28 de abril, Diego Spagnuolo, íntimo amigo del presidente Milei y ex titular de la ANDIS, amplió su indagatoria. El juez Casanello, que instruyó el expediente antes que Lijo, lo había procesado como uno de los jefes de la asociación ilícita. La investigación establece maniobras delictivas que superan los 75.000 millones de pesos. El sistema funcionó, según la acusación fiscal, desde diciembre de 2023 —comienzo mismo de la gestión libertaria— hasta octubre de 2025.

El disparador mediático del caso fue una serie de audios en los que se escucha a Spagnuolo describir un sistema de coimas que, según su propio relato, terminaba en manos de Karina Milei. Spagnuolo aseguró que las grabaciones fueron adulteradas. Pero el análisis de los teléfonos de los acusados arrojó un dato que la defensa no pudo neutralizar: en las conversaciones entre Miguel Ángel Calvete —el otro jefe de la organización, hoy detenido en el marco de otra causa— y su hija Ornella, ex funcionaria del Ministerio de Economía, aparecen referencias al "3% para KM" en el marco de operaciones ilegales con proveedores. El mismo 3% que Spagnuolo menciona en los audios.

En otra comunicación Claudio Kahn, empleado de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., le avisa a Calvete: "Ya le descontaron el 3". El contexto del intercambio apunta en la misma dirección que los audios.

Operador con prosapia

Alan Pocovi es el nombre que aparece en el corazón operativo del esquema de lavado. Hijo de la ex pareja de Zulemita Menem, Pocovi fue identificado por el fiscal Picardi como pieza central en el movimiento de fondos provenientes de la ANDIS. En las conversaciones extraídas de los teléfonos se lo ve coordinando entregas de efectivo, administrando billeteras virtuales y ejecutando transferencias a pedido de Calvete.

La oficina del piso 10 en Catalinas era el punto físico de la operatoria. Quien subía con efectivo debía preguntar por "Alan de la empresa Gaap", una firma sin rastro en ningún registro oficial. En ese mismo piso funcionan Calwaro Capital, la financiera del ex embajador Gerardo Werthein y su hijo Gregorio, y Mercado Cheque (BACE PFC SA), que en su cartelería se identifica como "MercadoCheck". Un vecindario corporativo de primera línea para una actividad de funcionamiento paralelo.

En las mismas conversaciones aparece un tal "Bautista" que opera desde el chat de Pocovi para coordinar transferencias. Su nombre no figura en ninguna nómina de las sociedades con asiento en ese piso. Es el tipo de fantasma que los sistemas de lavado necesitan: alguien que actúa y no existe en el papel.

El entorno empresarial de la familia Pocovi excede con creces el papel de Alan en este expediente. El medio El Disenso determinó que Inversora Eslava SA, empresa de los Pocovi, recibió en marzo de 2025 una adjudicación del PAMI superior a 2.300 millones de pesos por el alquiler de un piso para un call center. El 22 de marzo, Kevin Pocovi fue desplazado de Inversora Eslava y Alan quedó al frente. El 28 de marzo, Vialidad Nacional adjudicó 1.292 millones de pesos a He Vras SRL, otra empresa de Alan Pocovi, donde comparte sociedad con un ciudadano paraguayo que cobra planes sociales y vive en condiciones de extrema precariedad.

Según la publicación, el ecosistema total de la familia incluye, entre otras: Claremont Trading Inc SA, Argentine Livestock Trading SA, El 39 SA, Alistor SA, J.A.P. Finance SA, London Vaf SA, Kundal SA, Billbit SA, Blubyc SA, First TV SA, AFC Services SAS y Safekit LLC.

Empresas que reciben contratos públicos y empresas que mueven dinero en circuitos informales: no son universos separados.

La ruta del dinero

Las billeteras virtuales usadas para mover el dinero tienen nombres y dueños. Sur Finanzas PSP SA, cuya aplicación opera bajo la marca Neblockchain, aparece en varios tramos de las transferencias que Pocovi realizó. La firma pertenece a Maximiliano Ariel Vallejo, un empresario con vínculos con Claudio "Chiqui" Tapia que está siendo investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La plataforma se presenta como servicio cripto, aunque en su interfaz pública no habilita la compra de criptomonedas. Sus comprobantes de transferencia no identifican al emisor: solo exhiben la cuenta de origen. Es la opacidad como producto.

La otra plataforma identificada en los dictámenes es Waya. Pocovi realizó una transferencia a través de ella, con los datos del destinatario enviados por Calvete vía chat. El comprobante fue enviado desde un contacto que Pocovi tenía agendado en su Telegram como "Leo Ferrucci". Waya es propiedad de Leonardo Ferrucci. La cadena de intermediarios es corta y rastreable: lo que se busca precisar es el origen del dinero.

El patrón de los titulares de cuenta que aparecen en estas operaciones involucra a personas con viviendas precarias, ingresos mínimos, estudios incompletos, beneficios sociales y consumos mensuales que no guardan ninguna relación con los montos que sus cuentas mueven. Es el método clásico del lavado por prestanombres: usar identidades vulnerables como pantalla para fondos de procedencia imposible de justificar fiscalmente.

Nombres y métodos conectan los tres expedientes. Cuando se une la línea de puntos, el escándalo $LIBRA, el Coimagate en la ANDIS y la investigación sobre los movimientos cripto de Adorni no son tres historias paralelas. Parece la misma escena proyectada desde distintos ángulos. Los protagonistas y la trama son siempre la misma: el uso del cargo público en beneficio privado.