Los acontecimientos que en las últimas semanas vienen registrándose dan cuenta de un gran triunfo del oficialismo, aunque en paralelo aparecen claras señales de un reacomodamiento sindical que se desmarca mediante la “unidad en la acción” de núcleos cupulares que persisten en viejas prácticas desmovilizadoras, y que junto a otros espacios de organizaciones sociales y políticas vienen conformando una masa crítica cuyo derrotero aún no es posible determinar, aunque sí permiten especular que ese “triunfo” coyuntural que generará enormes daños al tejido comunitario y a la soberanía nacional concluya en una “victoria pírrica” (expresión que alude a Pirro -rey de Epiro en 279 a.C.- quien luego de vencer a los romanos con una enorme cantidad de bajas en sus filas, afirmó: "Con otra victoria como esta, estoy perdido").
Roma no paga traidores
Habiendo encabezado esta nota con una referencia a la historia antigua, entiendo que no es ocioso insistir en esa retrospectiva y hacerlo también con referencia a los romanos.
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En este caso a una frase atribuida al Procónsul romano Quinto Servilio Cepión en la región ibérica (139 a.C.), que ante la imposibilidad de vencer la resistencia del líder lusitano Viriato aceptó la propuesta de tres de sus lugartenientes para asesinarlo a cambio de una importante paga como recompensa. Luego, una vez cometido el crimen, se le apersonaron para reclamar lo pactado y fue cuando Cepión les respondió con esa frase y, según algunos historiadores, además ordenó ejecutarlos.
El sentido profundo que posee esa frase, con toda razón hoy debería hacerse carne en los peronistas a la luz del comportamiento observado por gobernadores y legisladores que se reivindican tales pero que sin el menor pudor han apoyado, justificado y votado la llamada “Ley de Modernización Laboral”, que no sólo abjura de aspectos centrales e identitarios de la doctrina inspirada por Juan D. Perón, sino, que implicó una traición ostensible a su propio electorado y a las convicciones declamadas en las campañas que le permitieron acceder a sus respectivos cargos.
Sin embargo, aunque ese riesgo les fuera indiferente a los traidores confiados en la desmemoria de la gente y en los múltiples ejemplos de reciclamiento político que brinda la Argentina, debiera preocuparles a quién han vendido sus almas. No por un desvarío místico, sino por el personaje con quien han pactado, un incumplidor serial de sus compromisos políticos y que, precisamente, sostuvo que Roma no paga traidores para justificar el desplante a Jorge Macri y a Victoria Villarruel, cuando les negó el saludo en la Catedral de Buenos Aires en ocasión del Tedeum el 25 de mayo de 2025.
Todo queda grabado en la Memoria
En mi nota de la semana pasada sostenía que “el huevo de la serpiente” debía buscarse en los años 90’, con la conversión al neoliberalismo y la traición a las promesas de campaña del gobierno de Menem, quien implementó -especialmente desde 1991- un Programa similar al que lleva adelante Milei.
Unos años más tarde exacerbando esos lineamientos políticos, el 25 de julio de 1994 suscriben el Gobierno Nacional, la Confederación General del Trabajo y todas las Cámaras empresarias el “Acuerdo Marco para el Empleo la Productividad y la Equidad Social”. De cuyas cláusulas resultaron -luego incorporadas a la legislación nacional- una serie de modificaciones estructurales de la normativa laboral y de la seguridad social, entre las que cabe mencionar: la Ley de Riesgos del Trabajo, la incorporación del período de prueba al ingreso a un empleo, contratos a tiempo parcial, contratos a plazo fijo sin exigencia de un razón objetiva que lo justificara, contratos de aprendizaje y el contrato “promovido de fomento del empleo” carentes de tutelas y garantías laborales básicas, habilitación de nuevas formas de segmentación empresaria sin responsabilidad solidaria, reducción de las indemnizaciones mínimas por despido, la reforma de la ley de quiebras que obligaba a tramitar los juicios laborales en el fuero comercial, el nuevo Régimen de Obras Sociales que permitía la actuación de las empresas de medicina prepaga valiéndose de la intermediación vicaria de los sindicatos.
Tres años más tarde, se conoce la existencia de un “preacuerdo” entre el Gobierno y la CGT que avanza aún más en aquella dirección, el que es presentado luego con el título de “Acta de Coincidencias” y que, por ese entonces, comentara en una revista jurídica (“Algunas reflexiones en torno del preacuerdo entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo” – Álvaro D. Ruiz - Derecho del Trabajo – 1997 – B, Editorial La Ley) de la que considero útil extraer algunas citas:
“Una vez más advertimos que el tratamiento de la reforma laboral omite la definición de políticas activas contra el desempleo, la implementación operativa de mecanismos de participación e información sindical, la asunción de compromisos serios y efectivos por parte del sector empresario en correspondencia con las claras ventajas relativas que obtiene en lo inmediato, y la definición de un modelo de relaciones del trabajo que se proponga algo más que incrementar la productividad y acrecentar las ganancias de los empleadores a costa del empobrecimiento sistemático de los trabajadores. Con claridad meridiana, señala Héctor P. Recalde en un reciente dictamen para el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA):
‘Si quisiéramos dramatizar podríamos decir que el preacuerdo se olvidó, no se acordó, del salario mínimo vital y móvil, ni de los desocupados sin subsidio, entre ellos los jefes de familia sin empleo, ni de los jubilados que ganan $ 149 por mes, ni de la política tributaria, que está cada vez más regresiva, gravando el consumo popular a través de los impuestos indirectos en lugar de gravar eficazmente los patrimonios, la riqueza y los consumos suntuarios, ni de la industria nacional que sigue desprotegida, mientras se permite la destrucción de nuestros puestos de trabajo mediante incluso el dumping social. De todo eso, en el preacuerdo, ni se habla.’
Y continuaba diciendo en ese artículo: “Detrás de la augurada ‘modernización’ de las relaciones del trabajo no hay más que mayor pobreza y desolación, pero la responsabilidad no es sólo de los beneficiarios directos de esos cambios, ni de quienes los propician desde los círculos oficiales, sino también -y muy particularmente- del sector gremial que los favorece, auspicia o simplemente se desentiende del rol francamente opositor a los mismos que sin duda le compete. (…) el criterio propiciado para ‘modernizar’ la ley de contrato de trabajo sólo atiende a los requerimientos de las políticas flexibilizadoras, estando por completo ausentes temas como la participación de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, el mejoramiento salarial directo o a través de nuevos modos para su determinación (vgr.: buscando la operatividad de la cláusula constitucional que asegura la ‘participación en las ganancias’) … No tiene ninguna lógica ni razonabilidad que, precisamente, al sector más debilitado frente a las negociaciones -el sindical- se le haga perder -sin contrapartida alguna- una herramienta convencional básica. Que es lo que ocurre con la ‘ultraactividad’, o con la determinación de plazos fijados heterónomamente para la discusión paritaria en la renovación de los convenios. (…) El abandono del principio de progresividad en el nivel de beneficios o en la consagración de derechos y garantías laborales, que supone la admisibilidad de la reforma de dispositivos legales ‘en perjuicio del trabajador’ por autonomía colectiva (que es la traducción sin eufemismos de la aptitud de ‘modificar en cualquier sentido y total o parcialmente’), introduce un serio riesgo de desintegración del sistema protectorio que define la esencia del derecho del trabajo.”
Como se advierte, nada nuevo bajo el sol, tanto en los propósitos de demoler las tutelas laborales, como en su presentación con pretensiones “modernizadoras” que atrasan, como en las complicidades -por acción u omisión- de ciertos sectores sindicales y de una misma dirigencia cupular que, cuanto menos, elude la confrontación que impone la ferocidad y profundidad del ataque que reciben la clase trabajadora y sus organizaciones gremiales.
MÁS INFO
La unidad en la acción es indispensable, pero no suficiente
En el camino ya aparentemente despejado hacia su sanción como ley, vuelve a plantearse desde la CGT que recurrirán a la Justicia para cuestionar la constitucionalidad de la Reforma Laboral. Sin que quepa descartar ninguna vía, la judicial inclusive, no pareciera que en el actual escenario ésta represente una alternativa de la contundencia necesaria y tampoco con visos de obtener un pronunciamiento -si fuera favorable- en tiempo real que evite los gravísimos perjuicios que provocará esa normativa desde su entrada en vigencia.
Ese planteo me trae a la memoria uno de los tantos relatos de ese gran artista que es Luis Landriscina, cuando contaba lo sucedido a un paisano en un pueblo de provincia que, aterrorizado por las sucesivas amenazas de muerte recibidas de un vecino muy violento, acude al Destacamento de la Policía a denunciarlo y recibe como respuesta del Comisario: “Ah, con que esas se trae, pues dejá que te mate nomás, que ni Sumario le vamos a hacer.”
El panorama político, plagado de genuflexiones y traiciones, sin una conducción que ordene un frente opositor que acentúa una relación de fuerzas desigual, exige un mayor protagonismo del Movimiento Obrero que también exhibe fisuras y resquebrajamiento en el grado de representación.
Sin embargo, el justificado descontento social aumenta y reclama por una dirigencia que no sólo interprete sus demandas, sino que se demuestre decidida a representarlas en todos los campos y en toda circunstancia.
La unidad en la acción como la ampliación del espacio resuelto a confrontar es relevante, pero ante una lucha que se avizora prolongada, es preciso darse una organicidad y estructura que brinde contención tanto como coherencia con un proyecto común aglutinador, nacional y popular.
