El vergonzoso acuerdo comercial con Estados Unidos en el marco de la nueva subordinación geoeconómica abierta y sin culpas, el affaire de precios licitatorios de la multinacional Techint, el debate sobre los precios de la indumentaria nacional versus la importada y los horribles números de caída en la abrumadora mayoría de los rubros industriales, invitan a continuar algunas reflexiones muy generales, pero esenciales para el diseño de la Argentina post Milei.
Siempre a nivel general los “nuevos consensos” opositores, los que más se escuchan entre los economistas que piensan críticamente los últimos cuatro gobiernos peronistas, es decir entre quienes no ven solamente las innegables virtudes de la etapa, sino también los factores que determinaron la caída, son básicamente dos, estabilidad macroeconómica y política industrial. Ambos puntos se relacionan con un tercero, la geopolítica, es decir la inserción internacional de la economía en el marco de las actuales transformaciones en las relaciones de poder global, con un Estados Unidos mucho más agresivo en la región y con una China que busca exportar cada vez más e importar cada vez menos.
El primer consenso innegociables es la macroeconomía ordenada, es decir la estabilidad macroeconómica como objetivo, lo que significa cuentas fiscales y externas en orden y un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía. Esta necesidad de estabilidad macro es el consenso más fuerte y, contra el discurso oficialista, es una voluntad anterior a la actual administración. No fueron pocos los economistas del peronismo que, tras las elecciones intermedias de 2021, comenzaron a demandar un plan de estabilización que, si bien se escribió, nunca llegó a plasmarse. Lo que sí puede considerarse una dimensión nueva de este consenso es haber asumido la potencia del daño inducido por los procesos inflacionarios persistentes, daño que se expresó con la llegada al poder de la derecha extremista. Lo que hoy se rechaza son afirmaciones del tipo “la inflación no importa si los salarios acompañan”.
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Una baja inflación persistente es también una pre condición indispensable para la recuperación de la moneda propia, lo que a su vez es clave para frenar la dolarización de los excedentes, es decir para reducir la demanda de divisas y alejar la restricción por el lado de la cuenta corriente, panorama que se completa con un nivel del tipo de cambio, del precio del dólar, que exprese la verdadera productividad de la economía, lo que significa que el precio no debe financiarse tomando deuda, como sucede en la actualidad. Si se cumplen estas condiciones no sería necesario recurrir a ninguna restricción cambiaria, en tanto se supone que la estabilidad macro permitiría adicionalmente refinanciar pasivos externos. Desde esta perspectiva, los “cepos” serían el resultado de la mala macroeconomía.
Ahora bien, el consenso con la necesidad de estabilidad macro no diferencia a la actual oposición del oficialismo. Para los no especialistas, incluso, el modelo Milei-Caputo hasta estaría haciendo las cosas mejor que la mala macroeconomía de los últimos gobiernos peronistas. Lo que se quiere destacar es que el consenso sobre la estabilidad es el único que atraviesa a todas las fuerzas políticas mayoritarias.
Lo que a futuro diferencia al campo nacional y popular del oficialismo son los puntos restantes, la política industrial y la inserción internacional. Lo primero es la posibilidad real de que el Estado haga algo para favorecer la competitividad de sectores intensivos en agregación de valor. Lo que hoy no advierte la parte de la población alejada de los debates económicos es que comienza a consolidarse un nuevo modelo productivo que amenaza con barrer a la mayoría de los sectores industriales. Y lo que no dicen los defensores de la actual e indiscriminada apertura populista, una apertura que solo persigue bajar precios en el corto plazo, es qué no habrá reconversión por mayor competitividad, sino vulgar destrucción de sectores completos de la industria. En 2025 se derrumbaron los sectores de productos textiles, de metal, de caucho y plástico, automotores y minerales no metálicos, sólo por citar a los que cayeron más del 20 por ciento. El caso extremo fue el textil, que cayó casi 40 puntos.
Este verdadero derrumbe de la producción industrial vuelve insólito el apoyo al oficialismo de muchas de las principales figuras del empresariado. Parece claro que el gran ausente de la economía argentina es un verdadero proyecto capitalista. En vez de pensar en el futuro de la producción, los industriales, junto a la clase política que debería conducirlos, parecen más preocupados por pagar menos impuestos, cargarle indemnizaciones a la Anses y consolidar legislativamente la flexibilización extrema de las relaciones laborales, una flexibilización que ya existe de facto. Frente a la falta de un proyecto capitalista serio en cabeza de la clase política, solo mandan los impulsos clasistas del empresariado. Los vientos y el triunfalismo del presente no dejan entrever el principio de acción y reacción.
Es por lo menos llamativo que no se advierta que la formación de colas de miles de personas para cubrir un solo puesto de trabajo de baja calificación, como se vio esta semana sin que lo advierta la prensa hegemónica, determine la flexibilización extrema de hecho del mercado laboral. Es lo que explica que los salarios medios pierdan progresivamente su poder adquisitivo y se acerquen cada vez más a la subsistencia, lo que empuja a muchos trabajadores al pluriempleo para intentar sostener sus condiciones de vida. Las economías de plataformas todavía absorben los empleos formales que se pierden día a día, lo que determina que el ajuste del mercado de trabajo se produzca por calidad y no por cantidad, proceso que en algún momento encontrará un límite. También es lo que explica la abrumadora pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores. No es solo la falta de voluntad confrontativa del sindicalismo tradicional que suele cargársele a la CGT, que nunca brilló por su combatividad, sino la dura realidad de un mercado recesivo.
Pero el consenso opositor por tener una política industrial no supone que esta política esté clara. Las malas políticas industriales del pasado, como el proteccionismo sin contrapartida y cuidado de los precios internos, los sobrecostos de los proveedores monopólicos, como los de “la multinacional de la T”, o las transferencias indiscriminadas y eternas como las del régimen fueguino, desprestigiaron los instrumentos. El consenso que resta construir es cuál es una política industrial efectiva. Esta claro que librada al mercado y subordinada a una de las potencias, la estructura productiva se especializará en la explotación de recursos naturales y generará dos franjas con enclaves, la energética minera de la cordillera y la agropecuaria central, condenando a la creciente precarización de las periferias de las grandes ciudades. En paralelo, el enfoque antiestatal del oficialismo profundizará el ya fuerte deterioro en curso de la infraestructura, lo que significa disminución de competitividad sistémica, mayores costos para las empresas y menor atracción de inversiones externas. La única conclusión preliminar es que los productos importados que hoy compiten con la producción local se producen en economías que sí tienen políticas industriales, bancos de desarrollo, infraestructura de calidad y financiamiento de largo plazo.
Finalmente resta la cuestión de la inserción internacional. El consenso opositor es el del realismo periférico, que significa no casarse con ninguna de las potencias hegemónicas. No hay potencias buenas y malas, sino necesidades y conveniencias en cada transacción y en cada sector. La gran duda es si, dadas las relaciones de poder, esta neutralidad es posible, un debate pendiente. Por ahora el consenso opositor sólo habita en los títulos.
