Redadas del ICE en Estados Unidos: la comunidad organizada da una batalla tras otra

“Viene la migra”, dice una mujer con acento latino en la película “Una batalla tras otra” y el protocolo se activa: una secuencia de acciones que todos saben cuáles son para escapar de la policía antiinmigrantes. Los héroes del cine de Paul Thomas Anderson, que no están exentos de contradicciones, son grupos que organizan a extranjeros en Estados Unidos. La historia no llegó de la nada a la pantalla grande en septiembre pasado, sino justo después de que Donald Trump volviera a la Casa Blanca redoblando apuestas con redadas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como las que se vieron en junio en Los Ángeles y que se repetirían de forma más sanguinaria este enero en Minneapolis. Los testimonios de la respuesta social hablan de una comunidad organizada, que sin consignas acerca de la revolución como en el cine de Anderson, hacen frente al brazo armado de Trump.

“Estamos respondiendo mucho a las redadas que se están dando en nuestras comunidades, a la presencia de las fuerzas de migración que forman parte del equipo del Gobierno federal que detienen a personas que ellos piensan están en el país sin documentación”, dijo Pedro Ríos, director de American Friends Service Committee en diálogo con El Destape.

El activista tiene base en San Diego, la ciudad del estado de California que, si mira hacia el sur, está a poco más de 25 minutos en auto de Tijuana, en el norte de México. En dirección norte, a dos horas también en auto, está Los Ángeles, localidad que pese a ser “ciudad santuario” -jurisdicción que limita la cooperación de sus autoridades con las agencias federales de inmigración, una suerte de lugar seguro para migrantes- vio cómo en junio pasado estalló. Las manifestaciones llegaron después de que el ICE de Trump entrara en acción con métodos y procedimientos aún más violentos que en el pasado.

Un mes después, la jueza federal para el Distrito Central de California Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenó al gobierno federal que “cese la detención de personas por posibles violaciones a la ley de inmigración sin una sospecha razonable”. En esa decisión dijo que estas sospechas “no puede incluir, sola o en combinación, la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, la presencia en un lugar determinado ni el tipo de trabajo”.

La activación de la represión movilizó a la organización de trabajadores y grupos sociales. Pedro Ríos comentó que buscan informar sobre los derechos de las personas migrantes a través de talleres. “Para eso nos basamos en la Constitución de los Estados Unidos, principalmente la Primera Enmienda que protege a las personas de las fuerzas de migración en las zonas públicas. Segundo viene siendo la Cuarta Enmienda que protege a las personas -migrantes o no- de una inspección indebida sin que exista una orden judicial. Y la Quinta Enmienda es el derecho de que las personas permanezcan calladas si son interrogadas por agentes migratorios para tratar de evitar que sean víctimas de la detención”, comentó.

Además, dijo que participan “en los patrullajes comunitarios donde se busca detectar las fuerzas de inmigración para avisarles a la comunidad sobre el riesgo que se pueda presentar” y alientan a que la población monitoree “su propia comunidad para que si detectan esa presencia que avisen a las organizaciones y grupos para llevar a cabo el trabajo de la documentación”.

En los medios se informan escenas similares por distintas ciudades de Estados Unidos: en Nueva York, se dictaron en enero capacitaciones para hacer frente a la policía “antimigratoria” y como parte del material de instrucción estaba el uso del silbato para avisar a la población que no salgan de sus casas por la presencia de “la migra”; en Nueva Orleans, manifestantes usan el mismo silbato colgado al cuello. En la misma línea, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), con presencia extensa en el territorio estadounidense difunde por ejemplo un “plan de respuesta rápida si ICE llega a tu comunidad” en el que indican desde que no se debe abrir la puerta, no responder a preguntas de los agentes, documentar el encuentro sacando fotos o filmando y finalmente ofrecen asesoramiento jurídico y sus números de los contactos.

“Cada vecindario tiene una red de ayuda mutua, cada vecindario está entregando comida a sus vecinos asegurándose que esté a salvo”, comentó a medios a Chelsea Glaubitz, presidenta de la Federación Regional del Trabajo, de Minneapolis, este enero después de los operativos represivos del ICE que ya sumaban dos víctimas mortales en las protestas: Alex Pretti y Renee Good, dos ciudadanos estadounidenses que se manifestaron contra la violencia de los federales.

La Federación Regional de Trabajadores de Minneapolis, según comentó a El Destape Stacie Balkaran, directora de comunicación del organismo, apoya a los trabajadores que se encuentran en confinamiento y no pueden trabajar de forma segura con asistencia para el alquiler, así como con apoyo legal rápido para quienes lo necesitan. “Trabajamos con una sólida red de organizaciones comunitarias consolidadas, sindicatos locales, voluntarios y personas que pueden apoyar a los trabajadores en crisis”, explicó. Para la activista, los vecinos “están ejerciendo su derecho a ser observadores legales porque están siendo atacados, gaseados y, en algunos casos, detenidos ilegalmente”.

Los campos de cultivos de Estados Unidos también fueron escenarios para el ICE porque casi dos tercios de los trabajadores agrícolas estadounidenses son inmigrantes, principalmente de México. En julio de 2025 durante una redada en una granja en California, Jaime Alanís, de 57 años, murió después de caer del techo de un invernadero. Decenas de sus compañeros de trabajo se manifestaron y cerca de 350 fueron detenidos. Varios de los trabajadores eran parte del sindicato United Farm Workers, el más antiguo del país.

Teresa Romero, la presidenta de la organización, dijo que los trabajadores agrícolas estaban “aterrorizados" y que reemplazarlos era difícil porque son especializados en el agro, mientras que ahora la administración Trump buscaba reemplazarlos por otros con visas H-2A, más precarias. “Tarde o temprano, la industria agrícola va a sufrir”, dijo en declaración de Democracy Now. En un mismo movimiento afectan no solo a la producción, sino también a la organización de los trabajadores.

En el plano virtual la comunidad también está organizada. Días atrás, un grupo de activistas y sindicatos juntaron 650.000 firmas en un petitorio digital para exigir a la firma Amazon -la suerte de Mercadolibre estadounidense- que termine sus contratos con el ICE, que usa sus servicios de la nube. Ahí los agentes guardan datos “comprados sobre inmigrantes, sus amigos y familiares, ya sean biométricos, de permisos de conducir o registros del celular”, según informaron los trabajadores. Ahora, el sindicato Amazon Labor Union–IBT Local 1 quiere alcanzar el millón de firmas para apoyar la petición que está impulsada por la organización de defensa derechos laborales The Labor Force, y que está dirigida a la junta directiva de Amazon. Cabe mencionar que se trata de la compañía de Jeff Bezos, que por estos días anunció recortes de un tercio de la planta de otra de sus empresas, el diario The Washington Post, y que cada vez se muestra más cercano a Trump al punto que compró el documental “Melania”, la primera dama.

El ICE se va, pero el miedo queda

Las protestas en Los Ángeles de junio se fueron apaciguando, pero los estallidos resurgieron en otras ciudades. Así, el ICE desaparece de la agenda de los medios y después resurge. Esta semana, el gobierno de Donald Trump anunció la retirada de 700 agentes federales de Minneapolis. Centenares que sin embargo no son todos los que operaron en esa localidad del estado de Minnesota, donde había desplegado cerca de tres mil. Pero incluso en los lugares en que se retiran, el miedo queda.

“Acá, por las zonas fronterizas, la gente mayormente no está de acuerdo con la manera en que se están llevando a cabo las redadas migratorias y está muy preocupada porque se está usando mucha violencia además de que se están violentado la Constitución y los derechos correspondiente”, dijo Ríos, quien agregó que esa situación “genera mucha incertidumbre dentro de la comunidad migrante”. “Alguien me preguntó si había visto a ICE, uno ve a ICE en cada barrio, en cada ciudad, cada día. Nunca voy a poder ver una camioneta negra de la misma manera”, resumió la presidenta de la Federación Regional del Trabajo.

Balkaran dijo que los miembros del sindicato experimentan miedo al ir y volver del trabajo.

“Un frío día de mediados de enero, un trabajador fue detenido por ICE en el estacionamiento de su lugar de trabajo. Lo llevaron rápidamente a un centro en Texas y lo mantuvieron detenido durante dos semanas en condiciones terribles, incluyendo una enorme presión para que firmara órdenes de deportación voluntaria. Finalmente, se le concedió la libertad para regresar con su familia en Minnesota. Dos de los niños de su hogar trabajan en el mismo lugar donde ocurrió este incidente. Llevan muchas semanas sin trabajar y el trabajador se siente inseguro para volver al trabajo, el lugar donde vivió su terrible experiencia. La familia agradece estar reunida, pero les espera un largo camino de recuperación”, comentó.

Sin embargo, el director de American Friends Service Committee, destacó que recientemente se ve que hay más voces que dicen públicamente estar “a favor de las personas migrantes y en contra de las medidas muy agresivas por parte de las agencias de migración”; pero por otro lado, cree que la situación de esta población va a empeorar antes de mejorar.

Pese a esas voces y a los niveles de organización de la población contra los operativos del ICE, podría ser un error considerar su parcial retirada de lugares como Minneapolis como una victoria popular.

Los reclamos dentro de las líneas del ICE así como las declaraciones de Trump sobre que Alex Pretti, asesinado en Minneapolis, tenía un arma -que no empuñó en ningún momento- cuando los agentes lo detuvieron, mellaron parte de la confianza en las medidas del republicano.

El mes pasado una veintena de funcionarios de inmigración, tanto actuales como retirados, hablaron al New York Times de cierta crisis de confianza en la estrategia migratoria de Trump, a pesar de que no cuestionaban sus objetivos. Dijeron estar preocupados “por el envío de agentes federales por parte de la administración a situaciones en Minneapolis y otras grandes ciudades cada vez más peligrosas, tanto para ellos como para los civiles con los que se topaban”. Pero lo central, es lo gremial: las largas jornadas de trabajo, las cuotas de detenciones que Trump llegó a decir que tenían que ser unas tres mil por día y la “hostilidad pública” -con miedo a sufrir amenazas por parte de la población en general- estaban afectando “la moral” de este brazo armado.

“Tenía un arma. No me gusta. Tenía dos cargadores completamente cargados. Eso es muy malo. Y a pesar de eso, diría que es... Muy lamentable”, dijo Trump. Este cuestionamiento del magnate a Pretti también fue parte del desgaste de su estrategia. Esto no solo provocó reacciones entre las filas republicanas sino también de un importante lobby e histórico aliado de ese partido: el de las armas. El Minnesota Gun Owners Caucus, la Asociación Nacional por el Derecho a Portar Armas y la Asociación Nacional del Rifle rugieron en público y en mensajes privados a la administración de la Casa Blanca.

En este escenario, así como Ríos destacó los gestos de resistencia en las calles y en los barrios, también señala indicios que desalientan la esperanza. “Pienso que vamos a tener que aguantar más cambios. Creo que por el hecho de que hay un presupuesto enorme para las redadas y para respaldar las agencias de migración van a entrar nuevos agentes que van a querer efectuar las redadas y las políticas migratorias. No se ve que vayamos a tener algún tipo de respaldo y creo que las políticas se van a endurecer y ver más personas sufriendo porque la prioridad de este gobierno es presentar medidas que están causando mucho daño a las comunidades migrantes”, comentó.