La amenaza del presidente Donald Trump de volver a poner en vigencia la Ley de Insurrección reabrió la discusión sobre el uso de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos de los países. La advertencia del mandatario norteamericano se produjo tras el rechazo de sectores de la ciudadanía de Minnesota a la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según expertos, la eventual aplicación de la norma podría tener consecuencias para las libertades de la ciudadanía y el equilibrio de poderes en Estados Unidos.
A lo largo de la historia de EE.UU, la norma que Trump quiere resucitar fue invocada en contadas ocasiones y, en general, en contextos extremos. Se utilizó durante el siglo XIX para sofocar levantamientos armados, y en el siglo XX para hacer cumplir la desegregación racial y proteger derechos civiles frente a la resistencia de autoridades estatales en los años 50 y 60.
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La última aplicación formal fue en 1992, cuando el presidente George H. W. Bush desplegó tropas tras los disturbios en Los Ángeles por el caso Rodney King. La mayoría de las estadísticas indican que el estallido de violencia dejó más de 60 muertos y 2300 personas heridas. En tanto, algunas fuentes señalan que fueron más de 10 mil las personas que fueron arrestadas durante los incidentes, en los que se provocaron incendios, saqueos y daños materiales por millones de dólares.
Qué implica la ley que Trump quiere aplicar en Minnesota
La Ley de Insurrección se promulgó en 1807 y habilita al presidente estadounidense a desplegar tropas federales o a federalizar la Guardia Nacional dentro del territorio del país para sofocar disturbios civiles, rebeliones o situaciones que impidan la aplicación de las leyes federales.
Sin embargo, de acuerdo a la explicación que brinda el Brennan Center for Justice de New York, uno de los principales centros de estudio sobre derecho constitucional en EE.UU, el principal problema de esta norma es su redacción “ambigua” y extremadamente “amplia”. La ley no define con precisión qué constituye una “insurrección” ni qué nivel de violencia justificaría la intervención militar, y deja esa evaluación casi exclusivamente en manos del presidente de turno.
En este sentido, el escenario de Minnesota es especialmente sensible porque las autoridades estatales y locales no solicitaron asistencia militar federal. A pesar de esto, de acuerdo con la norma, el presidente podría actuar incluso sin ese consentimiento, aunque hacerlo abriría un conflicto institucional de alto impacto.
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