El Tribunal Supremo de Brasil dictó una condena unánime contra Domingos y João Francisco “Chiquinho” Brazão por haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco en marzo de 2018. El fallo pone fin a uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años y confirma que el crimen tuvo motivaciones políticas, atravesadas por disputas de poder, intereses económicos y un fuerte componente de violencia estructural.
La sentencia alcanza a quienes la Justicia identificó como autores intelectuales del ataque que conmocionó al país y tuvo repercusión internacional. Para muchos desnudó el aumento de la violencia política en el país y el crecimiento de la extrema derecha en una zona que ya se había convertido en un bastión del bolsonarismo.
Los jueces del Supremo consideraron probado que los hermanos Brazão planificaron el homicidio de la edil y de su chofer, Anderson Gomes. Ambos fueron condenados por doble homicidio, tentativa de homicidio —por la sobreviviente del ataque— y asociación criminal armada.
El caso fue tratado en esa instancia porque uno de los acusados era diputado federal al momento de su detención, lo que le otorgaba fueros. La decisión fue adoptada por unanimidad. Durante el proceso también se acreditaron maniobras de obstrucción y corrupción destinadas a entorpecer la investigación inicial.
El asesinato que marcó a Brasil
La noche del 14 de marzo de 2018, el vehículo en el que viajaba Marielle Franco fue interceptado en el centro de Río de Janeiro. Desde otro auto abrieron fuego con una subametralladora: Franco murió en el acto tras recibir disparos en la cabeza y Anderson Gomes falleció minutos después, mientras que la asesora que viajaba con ellos sobrevivió.
La concejala, referente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), se había convertido en una voz crítica contra las milicias y los abusos policiales en Río. Negra, nacida y criada en la favela de Maré, su trayectoria política estaba vinculada a la defensa de los derechos humanos, las mujeres y la comunidad LGTB+.
El tribunal sostuvo que el crimen buscó eliminar a una dirigente que representaba un obstáculo para intereses ligados a estructuras parapoliciales y negocios ilegales en el Estado. Los hermanos Brazão tenían una larga trayectoria en la política fluminense y arrastraban denuncias por vínculos con estos entramados. La confesión del autor material del ataque fue clave para reconstruir la cadena de mando y ubicar a los responsables intelectuales. El fallo también dejó en evidencia intentos de desviar o frenar el avance de la causa durante los primeros años, un aspecto que reforzó la percepción pública de que el caso simbolizaba la impunidad estructural en Río de Janeiro.
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