La crisis en la Universidad Nacional de Formosa se agravó en las últimas horas luego de que estudiantes denunciaran amenazas y la presencia de custodia privada en el marco de una protesta por el funcionamiento del comedor universitario. El conflicto derivó en la declaración de estado de alerta y asamblea permanente por parte del claustro estudiantil.
Según informaron los medios locales, uno de los puntos más sensibles surgió tras la difusión de imágenes en redes sociales en las que se observa a una docente acompañada por personal de seguridad privada durante la protesta. Los estudiantes denunciaron que se trataría de efectivos de una empresa contratada con fondos universitarios, lo que abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos en medio de reclamos por servicios básicos.
Zully Rivero, quien cumple múltiples roles en la institución, como docente adjunta, directora de la secretaría privada y personal nodocente, es la esposa del rector Augusto César Parmetler, cuestionado el año pasado por denuncias de persecución docente y señalado por su cercanía con el Gobierno de Javier Milei.
Según las denuncias y registros visuales, Rivero se desplazaba por el campus escoltada por efectivos de la empresa de seguridad privada “LINCE” mientras increpaba a los manifestantes durante la protesta.
Denuncias de amenazas y escalada del conflicto
A esto se sumaron denuncias de amedrentamiento. La consejera directiva Any Molas aseguró, según informó Opinión Ciudadana, haber sido intimidada por Rivero, quien le habría dirigido frases como “vas a sufrir las consecuencias” y “ya me vas a conocer”. Desde el movimiento estudiantil interpretaron estos hechos como mecanismos de presión hacia quienes participan en la vida institucional.
En ese contexto, el rector Parmetler quedó en el centro de las críticas por la respuesta institucional ante el conflicto, que, según los estudiantes, agravó la tensión dentro de la universidad.
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Respaldo estudiantil y unidad entre facultades
El conflicto se había originado días atrás a partir de una manifestación pacífica de estudiantes que reclamaban por el acceso y las condiciones del comedor universitario. Según indicaron, la protesta se desarrolló sin incidentes y con planteos concretos.
Con el correr de las horas, el reclamo se amplió y dejó de centrarse únicamente en el comedor para abarcar cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional, el uso de recursos y las garantías democráticas dentro de la universidad.
En este escenario, centros de estudiantes de distintas facultades, como Humanidades, Administración, Economía y Negocios y Recursos Naturales, expresaron su respaldo y se pronunciaron en conjunto en rechazo a cualquier forma de intimidación.
Con el estado de alerta vigente y las asambleas en marcha, el conflicto adquiere una dimensión institucional más amplia y abre interrogantes sobre su resolución en los próximos días.
Antecedentes judiciales de la UNAF
El conflicto en la universidad se remonta a 2025, cuando la gestión del rector Augusto César Parmetler impulsó juicios académicos colectivos contra más de 50 docentes e investigadores. La medida se originó tras una asamblea docente que las autoridades consideraron una falta disciplinaria, mientras que los involucrados la defendieron como un ejercicio del derecho constitucional de reunión.
La decisión generó el repudio del Consejo Interuniversitario Nacional, que advirtió sobre la falta de transparencia en el proceso y el precedente que podría sentar para la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. En la misma línea, docentes y organismos de derechos humanos denunciaron que se trata de una estrategia de persecución ideológica en sintonía con el discurso del Gobierno nacional hacia las instituciones públicas.
Según la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, la utilización de juicios académicos colectivos funciona como un mecanismo de amedrentamiento que busca desalentar la participación democrática y la libertad académica. En ese contexto, el conflicto escaló a un plano institucional más amplio, con cuestionamientos a la legalidad de las decisiones del Consejo Superior y denuncias de un clima de hostigamiento que afecta la estabilidad laboral del claustro docente
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