La Corte Suprema de Estados Unidos examinará el lunes el alcance de una ley que permite a las empresas estadounidenses solicitar una indemnización por los bienes confiscados por Cuba en casos relacionados con ExxonMobil y operadores de cruceros, en un momento en que la administración del presidente Donald Trump está aumentando la presión sobre el Gobierno cubano.
El tribunal escuchará argumentos consecutivos en dos casos relacionados con una ley estadounidense de 1996 llamada Ley Helms-Burton, que permitía presentar demandas en los tribunales estadounidenses contra cualquier persona que "traficara" con propiedades confiscadas por el gobierno comunista de Cuba tras la revolución de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder.
En uno de los casos, Exxon reclama más de 1.000 millones de dólares en concepto de indemnización a entidades estatales cubanas por los activos de petróleo y gas de la empresa energética que fueron confiscados por el Gobierno cubano en 1960.
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El otro caso se refiere a si cuatro operadores de cruceros —Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises— deben ser considerados responsables por utilizar muelles construidos por una empresa estadounidense que Cuba también confiscó en 1960. El caso de las líneas de cruceros se discutirá en primer lugar.
Exxon cuenta con el respaldo de la administración Trump en el litigio.
La administración ha declarado a Cuba "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, cortando el flujo de petróleo venezolano a la nación insular del Caribe y amenazando con imponer aranceles a cualquier país que le suministre combustible.
Aunque los dos casos se centran en cuestiones jurídicas distintas, ambos plantean la cuestión de cuán poderoso pretendía el Congreso que fuera el recurso de la Ley Helms-Burton. En ambos casos, la Corte Suprema tiene la oportunidad de eliminar las barreras a las que se enfrentan los demandantes para interponer demandas en virtud de la ley.
La confiscación por parte de Castro de todos los activos petroleros y gasísticos de Exxon en Cuba supuso una pérdida valorada en 70 millones de dólares en ese momento. La reclamación actual de Exxon tiene un valor mucho mayor debido a los intereses y a la posibilidad de que se aumenten los daños y perjuicios.
En 2019, Exxon demandó a la Corporación CIMEX, el mayor conglomerado empresarial de Cuba. Exxon acusó a CIMEX de seguir conservando y obteniendo beneficios de los bienes confiscados.
Exxon apeló ante la Corte Suprema después de que un tribunal inferior dictaminó que las entidades estatales cubanas que se enfrentan a demandas en virtud de la Ley Helms-Burton pueden invocar una defensa legal denominada inmunidad soberana extranjera, que protege a los gobiernos extranjeros y a sus agentes de las demandas estadounidenses, salvo que se aplique una excepción.
El caso de la línea de cruceros fue presentado por Havana Docks, una entidad estadounidense que tenía una concesión de 99 años para la construcción y explotación de muelles en el puerto de La Habana, otorgada en 1934 por el Gobierno cubano de entonces. El Gobierno de Castro revocó ese acuerdo.
Las cuatro líneas de cruceros demandadas por Havana Docks utilizaron la terminal entre 2016 y 2019, después de que el entonces presidente Barack Obama suavizó las restricciones de viaje a la nación insular caribeña.
Un juez federal dictaminó que las líneas de cruceros habían incurrido en tráfico ilegal al utilizar la terminal y les impuso sentencias por más de 100 millones de dólares. Havana Docks apeló después de que un tribunal inferior desestimó esas sentencias, al considerar que no tenía una reclamación viable porque su concesión habría expirado en 2004, mucho antes de que las líneas de cruceros utilizaran las instalaciones.
Cuando aprobó la Ley Helms-Burton, el Congreso autorizó al presidente de los Estados Unidos a suspender, por motivos de seguridad nacional, su disposición que permitía presentar demandas en los tribunales estadounidenses.
La disposición fue suspendida por tres presidentes que buscaban evitar conflictos diplomáticos con aliados como Canadá y España, cuyas empresas han invertido en Cuba. Trump levantó esa suspensión en 2019 durante su primer mandato.
Con información de Reuters
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