La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja calificó como un acto de justicia la ratificación de la condena al ex gendarme Eduardo Abelardo Britos por el asesinato del campesino Wenceslao Pedernera, cometido en julio de 1976, durante la última dictadura cívico-militar.
La decisión fue adoptada recientemente por la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de La Rioja. El fallo contó con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci se pronunció en disidencia.
Tras la decisión judicial, el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, resaltó la argumentación del juez Slokar, quien calificó el crimen como parte de un “genocidio” y lo vinculó con la persecución sistemática contra la pastoral de la Iglesia riojana, encabezada por el obispo Angelelli, también asesinado por la dictadura.
Del mismo modo, se valoró el trabajo de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, que logró documentar el plan represivo implementado en la provincia, orientado de manera particular contra la pastoral comprometida con los sectores populares y su lucha contra la injusticia social.
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Desde la Secretaría de Derechos Humanos se celebró la decisión del máximo tribunal penal como un triunfo de la verdad y la justicia, al tiempo que se reivindicó el legado del beato Wenceslao Pedernera, quien durante su agonía pidió a su familia “no odiar”.
En ese sentido, Brizuela expresó a los medios locales: “Frente a la crueldad y el individualismo egoísta de estos tiempos, Wenceslao es bandera de lucha y de amor, una referencia que resiste y construye comunidad”.
El legado de Wenceslao Pedernera
Wenceslao Pedernera fue un laico católico, trabajador rural y militante social argentino, asesinado en julio de 1976 durante la última dictadura cívico-militar. Es recordado como uno de los Mártires Riojanos, junto al obispo Enrique Angelelli y los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.
Pedernera vivió y trabajó en la provincia de La Rioja, donde se destacó por su compromiso con la pastoral social impulsada por Angelelli. Su labor estaba orientada a defender los derechos de los trabajadores rurales, apoyar a las comunidades más vulnerables y luchar contra la injusticia social. Por ello, fue perseguido y finalmente asesinado por el aparato represivo del régimen, en un crimen que la justicia argentina reconoció como de lesa humanidad.
En 2019, el Papa Francisco lo reconoció como beato, destacando su fe, su entrega a los demás y su compromiso social como ejemplo de vida. Su testimonio permanece como un símbolo de la lucha por la justicia, los derechos humanos y la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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