El gobierno de Estados Unidos reiteró su apoyo a la Argentina en el proceso judicial por la expropiación de YPF que se tramita en Nueva York. Lo hizo mediante la presentación de un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en el que respalda una moción de emergencia presentada por el Estado argentino para frenar la etapa de discovery posterior a la sentencia. Para la administración de Donald Trump, los pedidos impulsados por los demandantes y aceptados por la jueza Loretta Preska resultan “excesivamente intrusivos”.
La Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, informó que el escrito fue presentado para apoyar la solicitud argentina de frenar la producción de documentos, el pedido de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
En su presentación, el Departamento de Justicia sostiene que el discovery actualmente en curso es incompatible con los principios de cortesía internacional y reciprocidad. Advierte, además, que este tipo de exigencias dirigidas contra Estados soberanos puede provocar tensiones diplomáticas y generar precedentes que habiliten medidas similares contra Estados Unidos en tribunales extranjeros.
El documento también subraya que, al evaluar una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar el interés público y los posibles efectos sobre las relaciones exteriores. En ese marco, plantea que corresponde otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo estadounidense en materia de política exterior.
En su argumentación, el gobierno norteamericano recuerda que los litigios contra Estados extranjeros en tribunales de ese país suelen regirse por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que establece que los bienes de Estados extranjeros en Estados Unidos son, en general, inmunes a la ejecución.
El memorándum pone el foco en las solicitudes de información realizadas por los demandantes. “En este caso los demandantes realizaron solicitudes de descubrimiento en el Tribunal de distrito buscando comunicaciones de altos funcionarios argentinos relacionadas con entidades estatales, exigencias que son incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios que involucran a soberanos extranjeros”, agrega el documento.
Asimismo, los demandantes solicitaron información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central argentino. Frente a ese pedido, el Estado argentino argumentó que esos activos están protegidos por inmunidad de ejecución al pertenecer a un banco central extranjero, y que no dispone de datos sobre su localización.
Para el Departamento de Justicia, “exigencias de descubrimiento intrusivas en áreas sensibles” —como las vinculadas a bienes soberanos o comunicaciones de funcionarios—, sumadas a la amenaza de sanciones, pueden generar fricciones diplomáticas y abrir la puerta a medidas recíprocas contra Estados Unidos.
Desde la Procuración del Tesoro agradecieron el respaldo y aseguraron que continuarán defendiendo los intereses del país en el proceso judicial. Mientras tanto, el gobierno argentino también avanzó en un principio de acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund por demandas vinculadas al default de 2001, lo que podría permitir concentrar los esfuerzos en el litigio por YPF.
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