La continuidad del ajuste la pagará el trabajo

Los publicistas del gobierno están en problemas. La única bandera económica que podían enarbolar y que tantos frutos rindió, el combate contra la inflación, está desflecada y ya no luce. Poco a poco, una parte de los votantes menos ideológicos de La Libertad Avanza (LLA) caen en la cuenta que el problema de los precios funcionaba como espejismo de los problemas reales y más graves: los salarios que no alcanzan, las empresas que cierran y los empleos que se pierden. Quienes hilan más fino advierten que, peor que la inflación, es la caída sostenida de la producción destinada al mercado interno, con la depresión de sectores completos, como la construcción, la industria y el comercio.

Los efectos de la contracción de la demanda interna son muy concretos. Los más antiperonistas seguramente no sienten nostalgia alguna por el kirchnerismo, pero seguro extrañan los comercios llenos, los locales gastronómicos colmados y los aluviones de turistas en cada feriado puente. Es probable que también añoren el buen funcionamiento de organismos que los medios de comunicación estigmatizaron como “cajas de la política”, como por ejemplo el PAMI, que no tenía déficit, no retaceaba pagos a proveedores y entregaba medicamentos gratis. 

Es probable que en el entendimiento tampoco falten las disonancias. Cuando los votantes del oficialismo compraron el discurso anti Estado muchos pensaron que era otra cosa, que se trataba de ir contra de la “casta” política que se enriquecía sin trabajar. Pensaron que los empleados públicos eran como en el viejo sketch televisivo de la empleada de Gasalla y no los miles de maestros, profesores, enfermeros, médicos y policías. Probablemente no se imaginaron que el resultado verdadero de achicar el Estado serían las rutas destruidas, la infraestructura abandonada y el fin de la obra pública. Que en algún lugar existieran cuatro vivos en el margen que arreglaron licitaciones no significaba que toda la obra pública era “un robo”.

En 2023 la salud y la educación provistas por el Estado estaban en debate para ser mejoradas, no para ser ahogadas financieramente. Había bronca contra servicios que funcionaban mal, pero no se esperaba que la solución fuese profundizar el deterioro de todos y cada uno. Lo mismo sucedió con la regulación. Mucha regulación traba la economía e introduce “sobrecostos”, por llamarlos de alguna manera, pero la ausencia de regulación es la muerte por fentanilo adulterado. 

Con servicios estatales todavía más esenciales, como la seguridad y la defensa, los resultados fueron peores. Los integrantes de las fuerzas, que votaron masivamente por Javier Milei, seguro no imaginaron que sus salarios alcanzarían pisos históricos o que la obra social del personal militar, IOSFA, sería literalmente vaciada. Y no precisamente por el “déficit heredado”, como sostienen sin ruborizarse los vaciadores y sus cómplices, ya que en diciembre de 2023 el organismo tenía un superávit de más de 20 mil millones de pesos.

Destruir el Estado desde adentro, como se ufanó el topo que encabeza el Poder Ejecutivo, no fue desfinanciar a “los planeros y a la casta”, sino la suma de toda la destrucción observada. Y si algo dejó la experiencia de los años ’90 fue que, aquello que en el Estado se destruye rápido, demanda muchísimo tiempo y recursos financieros para su reconstrucción, una dinámica que conocen muy bien los partidarios de la destrucción.

El punto del presente es crítico. La macroeconomía, aquello en lo que supuestamente el gobierno era experto, hace agua por todos lados. El Presidente afirmaba que sin déficit no habría endeudamiento, pero la toma de deuda en moneda dura fue constante y creciente. Es otro de los elementos centrales de la política económica que dejará secuelas todavía más perdurables que el abandono de la infraestructura. A ello se agrega que la inflación que mal mide el Indec corrió en marzo al 50 por ciento anual y la respuesta oficial fue que, en adelante, hará más de lo mismo. Para justificar el fanatismo clasista, el discurso oficial insiste en el viejo método de culpar a sus antecesores, quienes se habrían extralimitado en los déficits. Las cuentas públicas, la relación entre ingresos y gastos, deben estar medianamente ordenada, en particular en una economía como la local, que no tiene un mercado desarrollado de deuda en moneda propia, que está altamente endeudada en divisas y cuya moneda no funciona como reserva de valor. Sin embargo, el equilibrio presupuestario no tiene un solo componente, sino tres. Además del gasto, también están de los ingresos y el nivel de actividad económica.

Si la actividad económica cae y se recortan impuestos a los más ricos (bienes personales, retenciones, consumos suntuarios, cargas sociales) es esperable una caída en los ingresos. En consecuencia, si se quiere mantener el equilibrio fiscal “para que no haya inflación”, suponiendo que tal secuencia sea cierta, se debe reducir el gasto todavía más, lo que retroalimenta la recesión. Al final del camino el resultado de la dinámica es el mayor desempleo, el que siempre termina acompañado por una baja general de los salarios, en tanto disminuye el poder de negociación de los trabajadores. Aquí aparecen algunas ideas muy tratadas por la teoría económica convencional, como la NAIRU, que es la “tasa de desempleo que no acelera la inflación”, por sus siglas en ingles. La idea es similar a la que surge de la curva de Phillips, que establece una relación inversa entre empleo e inflación, la NAIRU sería algo así como un punto óptimo sobre la curva. Si hay puntos óptimos el problema parece técnico y no de puja distributiva, pero este es otro debate.

La pregunta que cualquier analista debe hacerse a partir de la teoría convencional que le gusta al oficialismo es cuánta recesión necesita el modelo para calmar los precios. O dicho de manera más elegante, hasta dónde se necesita llevar la NAIRU para que la inflación frene. Para los trabajadores significa preguntarse algo todavía más sencillo: de qué lado de la mecha se encuentran. No son pocos quienes comienzan a advertirlo