El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó este jueves la ampliación del sistema operado por Transportadora de Gas del Sur (TGS) sobre el gasoducto Néstor Kirchner. El proyecto contempla una inversión inicial superior a los 500 millones de dólares, con la posibilidad de sumar otros 200 millones, y estará operativo antes del invierno de 2027, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X (ex Twitter).
De acuerdo con el anuncio de Caputo, la obra permitirá incorporar unos 12 millones de metros cúbicos diarios adicionales de gas al sistema del Área Metropolitana de Buenos Aires, luego de haber importado GNl a precios máximos.
La iniciativa se presenta como un cambio de esquema: el sector privado vuelve a financiar y contratar infraestructura de transporte de gas, con capacidad luego comercializada entre privados. “Después de más de 20 años vuelve a ser el sector privado el que contrata y financia una obra de transporte de gas”, destacó el ministro. El argumento central es que el incremento de oferta permitirá abastecer a hogares, industrias y generación eléctrica “a una fracción del costo del GNL que se desplaza”.
Sin embargo, el dato relevante no es sólo la inversión sino el momento en que llega. La ampliación estará disponible dentro de dos inviernos. Para el corto plazo, Argentina seguirá dependiendo de importaciones de gas natural licuado (GNL) y, eventualmente, de combustibles líquidos para cubrir picos de demanda. Esa dependencia no es nueva, pero adquiere otra dimensión cuando se la cruza con la demora en ampliar la infraestructura de transporte desde Vaca Muerta.
Durante años, la restricción no estuvo en la producción sino en la capacidad de evacuar el gas. La construcción del Gasoducto Néstor Kirchner alivió parcialmente ese cuello de botella, pero no lo eliminó. La ampliación ahora aprobada aparece como un complemento necesario, aunque tardío. En términos económicos, cada invierno sin capacidad suficiente implica importar energía a precios significativamente más altos que los costos domésticos.
Distintos informes del sector energético vienen señalando esta brecha. El GNL importado suele cotizar varias veces por encima del gas producido localmente. En ese sentido, la promesa oficial de que el nuevo gasoducto permitirá abastecer “a una fracción del costo del GNL” describe más una obviedad que una novedad: esa diferencia de precios es conocida desde hace más de una década y fue, precisamente, el argumento para impulsar obras que ahora se concretan con demora.
Para el invierno de 2026, las proyecciones indican que el país deberá volver a licitar cargamentos de GNL para cubrir la demanda estacional. A eso se suma la necesidad de garantizar divisas en un contexto de restricciones externas persistentes. Cada barco de GNL implica una salida de dólares que podría haberse evitado con mayor capacidad de transporte interno.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la política energética se orientó a reducir subsidios y recomponer precios internos, pero la infraestructura sigue condicionando el resultado. El ajuste tarifario no reemplaza la necesidad de obras. En ese marco, la apuesta por el RIGI como vehículo para financiar proyectos de gran escala busca acelerar inversiones que el Estado dejó de encarar directamente.
Caputo destacó que ya son 14 los proyectos aprobados bajo este régimen, por un total de 28 mil millones de dólares, y que hay otros 26 en evaluación que podrían elevar el monto a 97 mil millones. La cifra es relevante en términos de expectativas, aunque todavía se encuentra en etapa inicial de ejecución.
El punto es que, incluso si esas inversiones se concretan, los tiempos de maduración son largos. La infraestructura energética no se traduce en resultados inmediatos. El caso del gasoducto Perito Moreno es ilustrativo: su ampliación recién impactará en 2027, mientras que las necesidades de importación son actuales.
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