En el marco de la Marcha Federal por la Salud donde una multitud se manifestó este miércoles contra del ajuste implementado por el Gobierno nacional, un informe privado dio cuuenta de los números que exponen una de las principales tensiones del sistema sanitario en la actualidad: mientras las farmacéuticas registraron ganancias récord impulsadas por la suba de precios, la población compra menos medicamentos y cada vez más personas dependen exclusivamente del sistema público.
En concreto, desde la asunción de Javier Milei, la facturación real de la industria farmacéutica aumentó un 14% y alcanzó el nivel más alto de la serie. Sin embargo, el consumo de medicamentos continúa sin recuperarse. Según los últimos datos disponibles, se vendieron 5,4 millones menos de unidades que en 2023, incluso por debajo de los niveles de 2024, uno de los peores años de la serie.
De esta manera, la desregulación del sector con aumentos de precios por encima de salarios y jubilaciones y recortes en programas sanitarios ocurre además en un contexto donde más de 700 mil personas perdieron cobertura médica desde el cambio de gobierno y pasaron a depender exclusivamente de una salud pública cada vez más exigida y con menos recursos.
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Desregular un derecho básico
Mientras las farmacéuticas logran una facturación récord por la suba de precios, el consumo de medicamentos por parte de la población sigue por debajo de los niveles del 2023. De acuerdo con información oficial, las empresas del sector alcanzaron la facturación más alta de la serie actual, sin embargo, el consumo de medicamentos se contrajo y no logra revertir la caída contra 2023.
En ese sentido, el Gobierno de Javier Milei abandonó la política de regulación de precios que implicaba acuerdos sectoriales clave, a la par que fue implementando diversas desregulaciones como autorizar a las farmacias para la venta online y la entrega de medicamentos en domicilio, habilitar la venta en kioscos y supermercados (suspendida por una medida cautelar en 2025), a lo que se suman despidos masivos en áreas clave vinculadas a vacunas, asistencia y provisión de medicamentos; y recortes en la entrega de insumos médicos. Este escenario, dio lugar a un ritmo de aumentos por encima de la inflación pero, sobre todo, por encima de los aumentos salariales y de los haberes jubilatorios.
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En tal esquema la facturación de las farmacéuticas arrojó, desde el inicio de la gestión libertaria, un alza del 14% en términos reales, alcanzando al cierre del 2025 el valor más alto de la serie (2016, INDEC). Según los últimos datos oficiales, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina superó los 2.900.000 millones de pesos, lo que representó un incremento de 30,1% en relación con el mismo trimestre del año previo. El crecimiento general se desglosa en un aumento del 26,7% en la facturación de producción nacional y por un mayor incremento -37,3%- en la reventa local de productos importados.
En contraste, según el último relevamiento disponible sobre ventas de medicamentos, correspondiente al tercer trimestre de 2025, se comercializaron 5,4 millones de unidades menos que en igual período de 2023. Los datos procesados por el Instituto Argentina Grande (IAG) indican que una caída del 8,2% respecto de igual periodo de 2023 y una baja del 3,3% contra el mismo trimestre de 2024. Esto último no es menor si se tiene en cuenta que 2024 había sido uno de los peores años de la serie ya que las ventas de medicamentos habían caído cerca de 7,8% interanual, equivalente a unos 61 millones de unidades menos respecto de 2023, según un informe del Cetro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“El aumento de todo lo vinculado a salud en un contexto de freno del bono que cobran las personas con jubilación mínima -y la consecuente caída en términos reales de esas prestaciones- hace que quienes consumen más medicamentos -la gente mayor- tenga más dificultad para pagarlos” señalaron desde el centro de estudios.
Infancias sin cobertura
Con aumentos que superaron el 400% desde noviembre de 2023, la medicina prepaga se transformó en un "lujo" inaccesible para una porción cada vez mayor de la población. El resultado es concreto ya que desde diciembre de 2023, más de 700 mil personas perdieron su cobertura médica y pasaron a depender exclusivamente de un sistema público de salud cada vez más desfinanciado.
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En detalle, la población que cuenta con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia se encontraba en 67,5% en el segundo trimestre de 2023 pero para el segundo trimestre de 2025, se ubicó en 65,4%, es decir se 2,1 puntos porcentuales por debajo. “Esto implica que la población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas”, precisaron desde el IAG.
Ese incremento en las personas que comenzaron a depender solamente del sistema público en estos dos años se repartió en 254 mil menores de 18 años, 467 mil personas entre 18 y 64 años y 20 mil mayores de 65 años. A su vez, el 59,8% fueron mujeres.
Desde el centro económico alertaron también que, de los 10,3 millones de argentinos que dependen solo de la salud pública, 3,6 millones son menores de edad. Es decir que “el 45% de los niños, niñas y adolescentes no tienen cobertura médica adicional al sistema público, un récord histórico de toda la serie”, indicaron los especialistas.
Desde el Decreto 70/2023 de comienzos de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) que desreguló el precio de las prepagas, estas aumentaron un 417% frente a una inflación de 293% en el mismo periodo. En consecuencia, en 2013 la medicina prepaga demandaba el 11% de un salario formal promedio. Para 2019, llegaba al 19%, a fines de 2023 estaba en 17%, y en noviembre de 2024 saltó al 25%, y tras meses donde el valor de los planes siguió creciendo más que la inflación y los salarios, la incidencia se mantuvo en un nivel elevado, siempre arriba del 20%, de acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Hay que considerar que estos aumentos ocurrieron en un contexto donde no solo se perdió poder de compra de los salarios sino que, a la par, se destruyeron fuentes de trabajo formales: en los últimos dos años se destruyeron más de 200mil empleos registrados, dejando a cada vez más argentinas y argentinos sin aportes y sin cobertura médica.
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“El gobierno de Milei que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado, paradójicamente, después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”, señaló el informe del IAG.
En definitiva, los números exhiben un sistema cada vez más desigual. De un lado, farmacéuticas con facturación récord y empresas de medicina privada que trasladaron aumentos muy por encima de la inflación. Del otro, millones de personas que compran menos medicamentos, pierden cobertura médica o deben recurrir exclusivamente a hospitales y centros de salud públicos desbordados. En ese contexto, la movilización de este miércoles puso en primer plano una discusión que excede las cuentas fiscales: quiénes pagan el costo del ajuste cuando lo que está en juego es el acceso a la salud.
