“El verdadero enemigo de la competencia es el Estado”, afirmó el ministro de destrucción estatal Federico Sturzenegger, como adelanto de lo que será su próximo paso: el vaciamiento de la ley de defensa de la competencia. “Defender la competencia no es intervenir más sino remover los obstáculos que impiden que el mercado funcione”, agregó cual reflexión de sobrecito de azúcar.
Para graficar las supuestas bondades de la política anti estatal de la administración Milei, el funcionario mencionó como un logro el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La mentira de La Libertad Avanza es planificada.
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La desregulación del sector yerbatero redujo drásticamente el precio que paga la industria a los productores, como consecuencia de un escenario de concentración al mismo tiempo en que se siguió registrando un incremento del precio en góndola.
Como corolario, las familias de tareferos están migrando a Brasil en busca de empleo. Y en el poco trabajo que hay en zonas como Misiones o Corrientes, se vuelven a observar escenas de trabajo infantil. La desregulación de Milei lo hizo.
Un programa de exclusión
El programa desregulador de Sturzenegger avanza sin reparos aparentes. Durante un evento organizado por la secretaria de Comercio e Industria, el funcionario sostuvo que el principal factor que distorsiona los precios y limita el crecimiento no es el poder de las empresas, sino la intervención del propio sector público. “El análisis de la competencia no puede limitarse a observar conductas privadas, también debe revisar el marco normativo que determina quién puede entrar o no a un mercado”, agregó.
El Gobierno ya viene construyendo este plexo normativo que, en vez de favorecer la competencia, excluye jugadores. Tal es el caso del proceso licitatorio para el dragado, balizamiento y cobro de peaje de la Vía Navegable Troncal, en el que se dejó exclusivamente afuera a China. Otro ejemplo es el instrumento marco sobre los minerales críticos firmado por el canciller Pablo Quirno el pasado 4 de febrero.
El punto 4 de ese acuerdo se denomina “Prácticas comerciales desleales”, también pensado para dejar afuera a China y favorecer a las empresas norteamericanas.
“Los Participantes tienen la intención de actuar de buena fe para proteger sus respectivos mercados internos de minerales críticos frente a políticas no basadas en el mercado y prácticas comerciales desleales, mediante el establecimiento de mercados con estándares elevados en los cuales quienes cumplan con dichos estándares puedan comerciar de manera preferencial, dentro de un marco que podrá incluir precios de referencia. Asimismo, los Participantes intentarán colaborar con socios internacionales para desarrollar un marco global futuro destinado a abordar los desafíos internacionales asociados”, puede leerse en el acuerdo.
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Sturzenegger “vende” su idea de reformulación de la legislación vigente sobre defensa de la competencia como una “mejora” para los consumidores pero el objetivo de fondo es consolidar un esquema de negocios extremadamente digitado donde prime la ley del más fuerte.
La ley de la selva
“Quieren la desaparición del Estado. Un mercado, cualquiera sea, sin regulación lleva a situaciones de hiperconcentración. Con la posible desaparición de las regulaciones sobre defensa de la competencia se van a seguir destruyendo pymes y empresas cooperativas. Un mercado que hace lo que quiere genera el abandono de la población”, sostuvo Claudio Boada, director de Unión de Usuarios y Consumidores.
Para Ignacio Drake, integrante de Consumidores Argentinos y del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (FSOC), en un momento donde se vive un escenario de extrema concentración del capital global –con el foco puesto en las empresas tecnológicas- “no tener un marco legal para la defensa de la competencia, que se complementa con las leyes de defensa del consumidor, constituiría un escenario de extrema gravedad”.
Durante la inauguración de las sesiones ordinarias, Milei anunció “la codificación del derecho del consumidor” a pesar de que en febrero del año pasado había dispuesto la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo.
Sturzenegger mencionó como uno de los hitos de la administración Milei la “apertura satelital de internet”, que permitió –supuestamente - que zonas remotas del país accedan a tecnología que antes estaba bloqueada por trabas de habilitación. Dicha apertura no fue más que la expansión de la empresa de Elon Musk (Starlink) y su red de satélites, ¿con un sistema de vigilancia poblacional incluido?
“Es volver a la ley de la selva. En material de comunicación, en todo el planeta existe un ente regulador porque lo que está en juego es la libertad de expresión y el acceso a nuevas tecnologías. Las regulaciones sobre defensa de la competencia se ocupan de evitar las posiciones dominantes que afectan el acceso a la información por parte de la población”, analizó Gustavo López, ex vicepresidente del Enacom durante la gestión del Frente de Todos. Y agregó:
“En la reforma constitucional de 1994 se crearon los derechos de los usuarios y consumidores y los organismos de defensa de la competencia. Si el Estado deja de intervenir, se incumplirá ese mandato constitucional”.
El mate lavado de Sturzenegger
Otro de los ejemplos utilizados por Sturzenegger para justificar la retirada del Estado nacional en su rol de regulador fue lo sucedido con el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Luego de la desregulación incluida en el DNU 70/23, sostuvo que se había conseguido un incremento de la producción a precios más competitivos. Todo lo opuesto. La desregulación –sumado al ajuste general del Gobierno- generó una crisis social inédita en las provincias productoras de yerba mate.
De acuerdo a un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con la desregulación del sector “el precio pagado a los productores por la materia prima sufrió grandes volatilidades, con una caída del 41% durante diciembre comparado con mayo de 2025”.
La industria, concentrada en un puñado de empresas, le está pagando a los productores alrededor de 180/200 pesos el kilo de la hoja verde cuando el precio debería rondar los 750 pesos. Los afectados son los colonos y los tareferos, el eslabón más débil de la cadena.
“Los 10 primeros del ranking de producción industrial acumulan 74,0% del mercado. Los tres primeros (Las Marías, Liebig y Santa Ana) explican el 46,0% de la producción salida del molino, a través de más de media docena de marcas y presentaciones de las más diversas”, agregó el CEPA.
La desregulación del sector está transformando la morfología de los pueblos de Misiones dedicados al cultivo de la yerba mate; también están afectadas otras economías regionales, como la de la manzana en Río Negro o el limón en Tucumán. Los trabajadores se ven empujados a migrar hacia Brasil. Los pueblos como Andrecito o Wanda empiezan a lucir desiertos.
“La desintegración la vemos todos los días. También vemos cómo desde el Estado nacional nos dejaron de enviar leche, desde el ministerio de Desarrollo (Capital Humano) no te mandan nada. Esta deshumanización te rompe todo. El entramado social que servía para erradicar el trabajo infantil en los yerbales, chicos que podían venir a estos espacios de cuidado, ahora nuevamente los vemos trabajando, sin escolarizarse. Si a los productores se les paga menos por la hoja verde, los tareferos no tienen ni para comprarle a sus chicos una hoja de cuaderno”, había narrado Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) de Misiones.
La desregulación de Sturzenegger es la crueldad de Milei.
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