Los principales referentes de la industria pesquera argentina se reunieron con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta y advirtieron: “Sin eliminación de retenciones, la crisis puede paralizar el litoral marítimo”. Las cámaras empresarias alertaron que la combinación de costos en dólares, los precios internacionales a la baja y la presión impositiva hace “insostenible la actividad”.
Según indicaron en un comunicado de prensa, la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) es una “necesidad imperiosa” y condición necesaria para evitar una “nueva parálisis de la actividad, con el consecuente impacto sobre el empleo y las economías del litoral marítimo”.
De la reunión participaron la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), junto con otras entidades del sector. Eduardo Boiero, presidente de CAPECA, respaldó el ordenamiento macroeconómico que lleva adelante el Gobierno y destacó el esfuerzo propio del sector por ajustar su microeconomía, pero fue preciso sobre los límites de ese esfuerzo.
“Enfrentamos costos en dólares muy elevados y precios a la baja en los mercados internacionales. En ese contexto, los Derechos de Exportación, que oscilan entre el 5% y el 9% según el producto, nos colocan ante una imposibilidad real de competir con países que no aplican este impuesto”, explicó Boiero.
Boiero remarcó además el peso social del sector: la industria pesquera emplea aproximadamente 46 mil trabajadores en las comunidades costeras del país. “Una nueva paralización, como la que ya vivimos en 2025 con pérdidas que superaron los 200 millones de dólares en exportaciones de langostino, no es sólo un daño económico: es un daño social que afecta a miles de familias en cada ciudad del litoral marítimo”, advirtió.
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Las cámaras describieron además otros factores que presionan sobre la rentabilidad de la actividad: el atraso en el recupero del IVA —que genera problemas de liquidez y financia, en los hechos, al Estado—; los elevados costos de mantenimiento de las flotas en un contexto de insumos dolarizados; y el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE). “Cada uno de estos factores sería difícil de absorber por separado. Juntos, forman un combo que coloca al sector en estado de crisis”, coincidieron los representantes empresarios.
Las entidades remarcaron la “buena predisposición” de los funcionarios, destacaron su conocimiento de la realidad del sector. “La pesca no pide un trato especial. Pide igualdad de condiciones frente a países competidores que no gravan sus exportaciones. Sin eso, los números no cierran y el riesgo de una nueva parálisis es real”, concluyeron desde el sector pesquero.
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