El Gobierno habilitó el ingreso de buques extranjeros y prohíbe los paros

El Gobierno aprobó el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional y declaró servicio esencial a la navegación marítima y fluvial destinada al transporte comercial de personas, mercaderías y carga. De esta forma, se permitirá el tratamiento de matrícula nacional a buques extranjeros y los trabajadores no podrán hacer medidas de protesta. 

MÁS INFO

Boletín Oficial

"Tenencia express": el Gobierno facilitó la compra de armas

El Poder Ejecutivo oficializó el Decreto 340/2025, que establece un nuevo “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional” con el supuesto objetivo de flexibilizar y modernizar la normativa que regula la navegación comercial en aguas argentinas. Entre los argumentos, el Gobierno señaló que la medida responde a los problemas actuales del sector de la marina mercante nacional, afectado por elevados costos operativos y una legislación obsoleta que genera desventajas frente a armadores extranjeros. Frente a este escenario, la normativa apunta a incentivar la inversión, reactivar el comercio exterior y fomentar la generación de empleo en la actividad marítima.

Principales cambios para la Marina Mercante

• Régimen de excepción para la bandera nacional: Se permite a los armadores nacionales suspender temporalmente la bandera argentina en sus buques sin perder la matrícula nacional, posibilitando la inscripción en registros extranjeros cuando sea necesario. Esto otorga mayor flexibilidad operativa y reduce costos administrativos.
• Declaración de servicios esenciales: La navegación marítima y fluvial destinada al transporte comercial de personas, mercaderías y operaciones costa afuera es considerada un servicio esencial. En casos de conflicto laboral, se debe garantizar al menos el 75% de la prestación habitual para asegurar la continuidad del servicio.
• Flexibilización en la contratación: Se eliminan trámites como la renovación anual del Registro de Armadores Nacionales y se amplían las opciones para contratar personal embarcado, incluso a través de asociaciones gremiales u otras entidades habilitadas.

• Permisos temporales para buques extranjeros: Cuando no haya embarcaciones nacionales registradas o autorizadas para cabotaje por armadores nacionales, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) podrá otorgar permisos temporales de hasta 180 días a barcos extranjeros, con posibilidad de renovación.

• Condiciones para buques extranjeros en cabotaje: Los buques extranjeros autorizados a operar por más de 60 días al año en cabotaje deben estar tripulados por personal argentino o residentes permanentes, cumpliendo la legislación laboral y tributaria vigente. Para permisos de hasta 60 días, deben esperar 60 días antes de solicitar una nueva autorización.
• Tripulación en buques nacionales o con tratamiento de bandera nacional: Deben emplear preferentemente tripulantes argentinos o residentes permanentes, salvo en casos de no disponibilidad, donde pueden contratar personal de cualquier nacionalidad habilitado como marítimo o fluvial.
• Facilitación aduanera: Pasajeros, cargas y equipajes nacionales o nacionalizados transportados en cabotaje no estarán sujetos a revisión aduanera si cuentan con guarda a bordo, salvo sospecha fundada de fraude.
• Inspecciones y seguridad: Las inspecciones de seguridad para buques nacionales se realizarán conforme a normas internacionales, por personal oficial, con costos limitados para armadores. Buques extranjeros seguirán normas de su registro pero bajo jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina.
• Documentación para cabotaje fronterizo: Mercaderías extranjeras transportadas deben documentarse según legislación vigente y acuerdos aduaneros con países vecinos.

Desempleo y desinversión

“La medida representa una profunda paradoja ya que, para supuestamente ‘salvar’ la marina mercante nacional, se recurre a un esquema que va a impactar de forma negativa y va a desplazar aún más a los buques y tripulaciones argentinas en el corto y mediano plazo, generando enormes dudas en cuanto al impacto que busca el Gobierno con estas medidas de flexibilización y de menores costos que se habilitan para los buques extranjeros”, sostuvo la diputada nacional Marcela Passo, miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. La medida provoca una creciente preocupación en el sector marítimo y fluvial de la Argentina, y aducen que no fueron consultados ni  advertidos de cuándo estas medidas iban a ser llevadas a cabo.

“El decreto dice que busca ‘revitalizar’ la marina mercante nacional y ‘bajar el costo argentino’, pero habilita explícitamente a buques de bandera extranjera a operar en cabotaje con matrícula nacional (aunque regidos por las normas de su registro de origen) vía el régimen de excepción”, argumentó Passo. “Esto es un riesgo total para la Marina Mercante Nacional, parar sus armadores y trabajadores. este régimen de excepción “transitorio y cuasi experimental” de 3 años prorrogables, donde según las políticas de este Gobierno lo que busca es la flexibilización del mercado con una reforma profunda para generar competencia y bajar los costos, sólo va a traer desempleo y desinversión de los empresarios nacionales y un claro perjuicio a los trabajadores argentinos”, agregó la legisladora.

“Siempre será conveniente mejorar la competitividad de los barcos bajo registro nacional, y no armar régimen de excepción que no dan solución de fondo y perjudica tanto a empresarios y trabajadores argentinos. Argentina debe volver a tener vocación marítima y fluvial, con fuerte anclaje en la Soberanía nacional, y repensar su mirada de la navegación como eje estratégico de desarrollo para el país. Debemos lograr una actividad prospera y eficiente donde la navegación la realicen buques de bandera argentina, con tripulación argentina y con astilleros argentinos”, concluyó la diputada massista.

El secretario general del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), Mariano Vilar, sostuvo que "el decreto de desregulación de la marina mercante es una entrega directa de nuestra soberanía marítima". "Permitir que buques con bandera extranjera operen sin restricciones en nuestras aguas significa condenar a la industria naval argentina al colapso. No es solo una cuestión económica: estamos hablando de soberanía, de empleo nacional, de futuro para nuestros trabajadores", afirmó.

Según explicó Vilar, "esta medida atenta contra décadas de lucha del sector y nos pone en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a los intereses de las grandes potencias navieras". "Este decreto no es eficiencia ni apertura: es desprotección, es pérdida de empleos argentinos y es destrucción de una herramienta estratégica para el comercio exterior. La marina mercante debe estar al servicio del desarrollo nacional, no de los negocios de unos pocos. Vamos a dar pelea, porque lo que está en juego es demasiado importante para quedarnos callados", finalizó el secretario general del gremio.