Organizaciones feministas se reunieron este martes en el Senado de la Nación para ponerle un freno al proyecto de "Falsas denuncias" de la senadora Carolina Losada impulsada por el Gobierno de Javier Milei, y que generaría "una situación de silenciamiento e impunidad para la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, además de víctimas de violencia de género". La iniciativa, que ya tiene dictamen de comisión y propone agravar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento en casos vinculados a violencia de género, delitos contra la integridad sexual y contra niñas, niños y adolescentes "reduce la capacidad de protección del Estado frente a la violencia y el abuso", de acuerdo a los colectivos.
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Durante la conferencia, las representantes feministas advirtieron que todo el proyecto se delinéo "en base a un diagnóstico falso" porque no hay evidencia que demuestre una alta incidencia de denuncias falsas, los datos contradicen el discurso oficial y no quedan dudas de que se trata de una problemática marginal. "Lo falso es el problema que quieren construir", remarcó Estela Díaz, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. E insistió: "No estamos frente a un hecho de vacío legal".
La funcionaria avirtió que la iniciativa "también silencia" a niños, niñas y adolescentes porque desincentiva denuncias y "plantea también un bozal mediático". En esa misma línea, Ileana Arduino, abogada penalista especializada en género y ex subdirectora del INECIP, aseguró que "no hay ninguna investigación que correlacione la falsa denuncia con el tipo de delito denunciado" y apuntó contra el Ejecutivo por actuar "en un contexto de antifeminismo de Estado": "Se afirma una epidemia de falsas denuncias de violencia de género pero ningún organismo oficial produce esos datos".
En Argentina, solo una minoría de mujeres que atraviesan situaciones de violencia logra acceder al sistema judicial, en un contexto atravesado por múltiples obstáculos: barreras económicas, falta de información, revictimización institucional y dilaciones en los procesos. Los organismas alertaron que esta propuesta no mejora el funcionamiento del sistema, sino que introduce un efecto disuasorio: la amenaza de sanciones penales agravadas puede desalentar a quienes necesitan denunciar situaciones de violencia o abuso, especialmente en contextos donde la prueba es difícil de producir. Esto implica un riesgo concreto: menos denuncias, más silencio y mayor desprotección, particularmente para niñas, niños y adolescentes.
De hecho, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ya expresó su preocupación por este tipo de reformas y recomendó al Estado argentino no avanzar con modificaciones que desalienten las denuncias o menoscaben la credibilidad de las víctimas.
De la conferencia participaron María Elena Naddeo, referente en derechos de niños, niñas y adolescentes y ex titular del Consejo de los Derechos de los Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires; Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Alejandra Tolosa, integrante del CLADEM Argentina; e Ileana Arduino, abogada penalista especializada en género y ex subdirectora del INECIP.
El ataque organizado contra las mujeres
La iniciativa volvió a cobrar impulso en medio de semanas complicadas para el Gobierno y con una agenda atravesada por los escándalos e internas dentro de LLA. Concretamente, el proyecto aumenta las penas hacia los denunciantes de acusados absueltos por todo tipo de delitos y para los casos de crímenes sexuales hay agravamientos especiales. El texto ya fue discutido y obtuvo dictamen en varias oportunidades pero nunca había llegadp al recinto.
Hace dos semanas, se organizó una actividad abierta en la Cámara Alta donde víctimas absueltas de falsas denuncias y sus familiares dieron testimonio. “La frase ‘yo te creo hermana’ fue buena en un principio por el lugar desde el que veníamos. Ahora generó un debate sobre la presunción de inocencia”, aclaró la autora del proyecto.
En 2024 la discusión levantó vuelo y el propio ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona dió su apoyo al proyecto. “Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona se creo una concepción hipócrita de que la mujer no miente hermana tenés que denunciar y eso no siempre tiene que ser así. Gente en prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia. Desprestigio familiar, desprestigio social, pérdida laboral, entre otros efectos perjudiciales”, argumentó en la Cámara Alta. En ese momento también estaba defendiendo el proyecto oficialista con el que se buscaba eliminar la figura penal del femicidio, que finalmente no fue impulsado por el Gobierno, entre denuncias de que promovía liberaciones de femicidas ya condenados.
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